Marcelo Galindo

La fiscal jefe de Puerto Montt, Myriam Pérez, anunció que se dio inicio a una investigación penal por la presunta entrega de información privilegiada desde la PDI a un abogado imputado por ilícitos de connotación sexual en Puerto Montt.

La Policía de Investigaciones dio cuenta ayer, mediante un comunicado de prensa, que la detective que presuntamente entregó esta información se encuentra suspendida de sus funciones.

Se trata de una comisario que lleva más de dos décadas de servicio en la institución policial, que en la actualidad se desempeña en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim).

Antes de estar en esta unidad, y por varios años, trabajó en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex).

"La Fiscalía local de Puerto Montt recibió efectivamente hace unos días una denuncia proveniente de la Policía de Investigaciones, por una eventual filtración de información por parte de una funcionaria de la prefectura provincial de la PDI, en la provincia de Llanquihue a un imputado investigado por delitos sexuales", comentó la fiscal Pérez.

"Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía dispuso diligencias para el esclarecimiento de este hecho", sostuvo la persecutora penal.

Artículo

El Ministerio Público no detalló cuál será la tipificación penal en la indagatoria de este caso, el que tendría similares características al del ex director general de la PDI, prefecto Sergio Muñoz, quien fue imputado por infracción del artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal.

Hoy Muñoz está en prisión preventiva por estos hechos, los que tuvieron como punto de partida los mensajes que el ex detective y el abogado Luis Hermosilla se intercambiaban por WhatsApp.

Estos mensajes fueron detectados por los investigadores una vez incautado el teléfono de Hermosilla, luego que Ciper difundiera un audio de una conversación entre él, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer.

Respecto al artículo del Código Penal, este señala lo siguiente: "El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando esta".

Auditoria interna

Ayer la Policía de Investigaciones de Puerto Montt se limitó a entregar un comunicado de prensa, dando a conocer una serie de medidas que se han adoptado tras este nuevo caso de filtración ocurrido en la institución.

"Que, con fecha 14 de febrero de 2024, personal de la Brigada de Delitos Sexuales (de la PDI) Puerto Montt, concretó la detención del imputado en cuestión por los delitos de connotación sexual", señala el documento.

Agrega: "Tras tomar conocimiento de una posible filtración de información, la institución realizó una auditoría interna, identificando el hecho constitutivo de delito, por lo que informó al Ministerio Público, inició un sumario administrativo y suspendió a la funcionaria".

Expresan que "la PDI es enfática en reiterar a la opinión pública que no ampara ni acepta conductas que transgredan la ética, la probidad, la reserva funcionaria y mucho menos, que comprometan la fe pública, afectando con ello el estado de derecho. Por lo anterior, se adoptarán las máximas medidas disciplinarias a quienes cometan este tipo de hechos".

Gobierno

Giovanna Moreira, delegada presidencial de la región, observó que la institución adoptó las medidas en forma inmediata "por lo que debemos ser enfáticos en decir que este tipo de situaciones no se van a permitir con el objetivo de fortalecer la probidad de nuestras instituciones y encargados de la seguridad".

Según Moreira, en el "combate contra la delincuencia y el crimen organizado necesitamos instituciones robustas y fuertes, porque esta es una prioridad de la ciudadanía y como Estado, estamos respondiendo con todas nuestras herramientas".

El caso

Los sucesos tienen como fecha el 14 de febrero, tras ser detenido un imputado que llevaba prófugo varios días. Se trata de un abogado que fue formalizado por delitos de connotación sexual, presuntamente cometidos contra su hija. Estos corresponden a abusos sexuales y violación de menor de 14 años. El fiscal que llevó adelante la formalización, Francisco Pavez, confirmó que el imputado se mantuvo prófugo por dos semanas.

"En base a los antecedentes recopilados durante la investigación, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt estimó que había antecedentes suficientes para justificar la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo, así como la libertad del imputado constituía un peligro no sólo para la seguridad de la sociedad y en particular de la víctima, atendido los hechos por los cuales fue formalizado, sino que así mismo existía un riesgo de fuga atendido a que el imputado luego que se despachara la orden de detención en su contra, estuvo casi dos semanas prófugo". La detención se concretó el 14 de febrero por funcionarios del Grupo Especial de Prófugos PDI, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la misma policía de Puerto Montt. El plazo de investigación de este caso es de 90 días.

15 de febrero fue formalizado el imputado por delitos de connotación sexual contra su hija, y que habría recibido información.

2 semanas se mantuvo prófugo el imputado por delitos sexuales, quien en la actualidad permanece en prisión preventiva.

El juez de garantía de Calbuco, Juan Pablo Farfán, confirmó la prisión preventiva para el inspector del Liceo de Pargua, Carlos Contreras Stollsteimer, de 62 años, imputado por el delito de violación de una escolar de 15 años del colegio donde él se desempeñaba.

La audiencia de revisión de cautelares, que comenzó el lunes, se extendió por tres días, y finalizó ayer tras la declaración del imputado y los alegatos de los abogados intervinientes.

El magistrado ayer sostuvo que se podría tratar de una violación, por lo que determinó mantener la prisión preventiva. Marco Silva, abogado de la familia de la víctima, dijo estar conforme por la resolución y el fundamento.

"Es clave aquí para la protección de la víctima y la seguridad de la investigación y de la sociedad que el imputado continúe preso preventivamente hasta el fin del proceso, es lo que espera la familia a quien represento y la comunidad que se ha visto impactada por estos graves hechos de connotación sexual. Tenemos una investigación que seguir apoyando como querellante y en eso nos concentraremos con la tranquilidad de que hoy se hizo un trabajo profesional".