La "democracia" de la movilización social
Hardy Knittel V., bachiller en Historia
Durante la semana que pasó, el senador de la República, Daniel Núñez, instó al Gobierno del presidente Boric a promover la "movilización social". Su llamado fue apoyado entusiastamente por Lautaro Carmona, presidente de su partido, el Comunista.
Hasta ahí nada que criticar porque la movilización social, la manifestación en la calle, es parte de la democracia. Es un instrumento de la libertad de expresión y todos tenemos derecho a ella, a condición, naturalmente, que sea sólo eso, expresión de ideas o demandas y no pretexto para el vandalismo como ha ocurrido en nuestro país en épocas recientes.
Pero ocurre que el senador no planteó esa "movilización callejera" como instrumento de la libertad de expresión, sino como una vía de imposición de las ideas o proposiciones del Gobierno. Para ser más claro: como una vía alternativa a la aprobación de esas ideas por las instituciones democráticas y más específicamente por el Senado de la República.
¿Por qué? Simplemente, porque en el Senado varió la composición de fuerzas y el oficialismo, por razones de las que sólo el gobierno y sus coaliciones deben responder, perdió el empate de votos que tenía allí con la oposición y ahora está en minoría. O sea, el senador Núñez, con el apoyo entusiasta del presidente de su partido, ha decidido ni más ni menos que una vez que la institución de la democracia que es el Senado ya no es útil a sus designios, debe ser desechada, arrojada al baúl de las cosas inservibles, y reemplazada por otro mecanismo de decisión, la "movilización social".
Nueva democracia
En apoyo de esta política, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ha declarado que "se hace una caricatura y un demonio de lo que es la movilización social", que tiene "un contenido profundamente democrático y de justicia social". Una nueva democracia ha sido así propuesta. La democracia de los votos y de las instituciones de representación popular como el Senado y presumiblemente la Cámara de Diputados, deben ser reemplazadas por la turba callejera, más democrática según los personeros comunistas y, sobre todo, mejores instrumentos de la "justicia social".
La situación, desde luego, no tiene por qué sorprendernos. El fallecido presidente del PC, Guillermo Teillier, la sintetizó en una frase cuando dijo "tenemos un pie en la calle y otro en La Moneda". Y el PC ha sido fiel a esa doctrina. La ha practicado lealmente a lo largo de los últimos años. Y desde 2019, cuando alentó el "estallido social", esa forma extrema de la "movilización social" que sumió al país en la inestabilidad y el caos, esa política se ha mostrado estéril y sólo ha causado daño al país.
Es una política que ha arrastrado a continuos fracasos al gobierno que dice apoyar. Interpretaron el gesto del más de un millón de personas que quisieron expresar su descontento y se movilizaron masivamente el 25 de octubre de 2019, como el inicio de una insurrección popular. Se equivocaron. Esa demostración masiva, lejos de destruir nuestras instituciones, dio lugar al acuerdo nacional que generó un procedimiento para reformar la Constitución de la República.
Interpretaron luego las jornadas de vandalismo y destrucción que pequeños grupos mantuvieron a lo largo de meses en la mayoría de las ciudades del país, como el apoyo de "las masas" a una nueva Constitución que, con el pretexto de refundarla, destruiría nuestra República y sus instituciones. Nuevamente se equivocaron: ese proyecto fue rechazado por la mayoría de la población el 4 de septiembre de 2020.
Ahora quieren volver a convocar a "las masas", con el mismo ánimo. Un ánimo que no expresa otra cosa más que la duplicidad que apenas se oculta en la frase consagrada por Teillier. Un ánimo que se traduce en la facilidad con que ese partido se dispone a prescindir de las instituciones democráticas para reemplazarlas por la más antidemocrática de las armas de la política: la fuerza bruta.
Porque, ¿qué otra cosa sino el amedrantamiento, la presión física, la intención de imponer "por las buenas o por las malas" sus ideas, es lo que está detrás de ese llamado a la "movilización social"?
¿Creerán acaso el senador Núñez y su presidente Lautaro Carmona, que los senadores, electos a lo largo de todo Chile por una ciudadanía que votó por ellos para que la representara, cambiarán su manera de pensar y se arrodillarán sumisos ante las masas vociferantes que movilizará el Partido Comunista para aprobar luego todos los proyectos que el gobierno les presente?
Callejón sin salida
Si es eso lo que piensan, vuelven a equivocarse. Pero esta vez su equivocación puede ser más peligrosa que las anteriores, porque no sólo puede arrastrar a su gobierno a un nuevo fracaso, sino a un callejón sin salida que podría extenderse como una pesada lápida sobre las pretensiones de las otras fuerzas políticas que, además del PC, ahora están gobernando. Fuerzas políticas que, aparte de algunos dóciles seguidores del PC en el Frente Amplio como Diego Vela, RD, no han compartido el llamado del comunismo y, por el contrario, se han distanciado de él.
Y no lo comparten, porque quizás se plantean, como el resto de las chilenas y chilenos, la pregunta que el Partido Comunista no se atreve a contestar: ¿qué ocurriría si las masas movilizadas por el PC, lograran imponerse como una nueva forma de decisión política en nuestro país, una con "contenido profundamente democrático y de justicia social" como la describe Lautaro Carmona? ¿Quién gobernaría entonces? ¿Acaso el Partido Comunista?