cuentra el Gobierno, a través de una acción penal emprendida por el Ministerio del Interior; además del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial.

El fiscal de la causa es Marcelo Maldonado; entre los defensores se encuentran Andrés Firmani, abogado del alcalde Gervoy Paredes en la causa por presunto lavado de activos; y, Sergio Coronado, ex abogado de la familia Haeger y actual abogado interviniente del caso Convenios.

Explotación sexual

Los acusados son Yexon Alexander Santiso Linares, Héctor Josue Almérida Osto, Héctor José Almérida Robles (padre e hijo, respectivamente) y Jean Ustariz Mendoza.

Para Almérida Osto, el Ministerio Público solicita la pena de perpetua calificada (40 años de cárcel sin beneficios); para el resto de la banda, penas que van entre los 17 y 20 años.

Los imputados fueron detenidos en marzo de 2022, tras diligencias que se venían cumpliendo desde agosto de 2021. Todos, de acuerdo a la formalización de cargos realizada en marzo de 2022, formarían parte de una banda criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, ilícito que es reconocido y manejado por el crimen organizado.

A las mujeres que habrían sido obligadas a ejercer la prostitución en Puerto Montt, las traían principalmente desde Venezuela, hecho similar a los ocurridos en Arica, Iquique, Santiago, Concepción y Temuco, entre otras ciudades.

Derechos y garantías

La acusación presentada por el Ministerio Público tiene 12 hechos, ocurridos con distintas víctimas y en diferentes épocas, la mayoría en esta ciudad.

Para el abogado defensor público, Pablo Sanhueza, lo importante es resguardar los derechos y garantías de los imputados.

"Siempre hemos tratado de velar por que se respeten los derechos y garantías de mi representado. Hoy decantamos en este juicio oral y esperamos que se ejerza el máximo derecho en un juicio oral, público contradictorio, donde el Ministerio Público y los querellantes harán pasar sus testigos para que efectivamente prueben si mi representado tuvo algún tipo de participación. Nosotros presentaremos pruebas y haremos las alegaciones y en definitiva el tribunal va a resolver".

De acuerdo a Sanhueza, "nosotros partimos en este juicio pensando en la teoría que tenemos como defensa. Dentro de aquello, que no se le aplique las penas, por no tener participación alguna mi representado".

Evidencia clave

Para el fiscal Maldonado, lo principal de este proceso es rendir la prueba y que el tribunal escuche a las víctimas. "Cinco de ellas han declarado. Pero, además escuchar a aquellas que tendrán la oportunidad de exponer en el juicio".

Otro punto fundamental, según Maldonado, es que el tribunal pueda revisar cada uno de lo medios de prueba, principalmente los tecnológicos.

"Es evidencia clave -expuso el abogado- que determina la forma de operar, la dinámica de estos hechos. Claramente establecen la participación de los imputados en cada uno de los roles que ellos iban desarrollando". Respecto de las penas, comentó que se solicitaron las que establece el ordenamiento, "en base a una cierta rigurosidad, que además dicen relación con la reiteración de estas conductas en el tiempo. Por esa razón solicitamos estas penas de manera alta", aseguró el persecutor penal.

Colaborar

Para Firmani, en tanto, la idea de la defensa técnica es demostrar que su representado no tuvo participación en todos los hechos.

"Son muchos delitos. A lo que aspira esta defensa técnica es dejar sin efecto algunas imputaciones. Respecto de otras, estamos colaborando. Creo que lo más sensato es que se hace un trabajo para depurar las calificaciones jurídicas, sacar algunos delitos que a mi juicio no corresponden y en otro si se está reconociendo participación y en esos colaborar".

El cliente del defensor privado no tiene antecedentes penales. "Eso hace que nosotros solicitemos una pena que sea baja y equitativa, que permita que sea una pena más razonable, porque son penas altísimas. Hay cuatro bloques de delitos, donde se solicitan penas enormes".

Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicó que esa entidad cuenta con legitimación activa para presentar acciones judiciales por el delito de trata de personas. "Consideramos que es un delito muy grave. Internacionalmente es considerado como una moderna forma de esclavitud".

Según Maya "es deber del Estado de Chile perseguir estos delitos internacionales. Por ello nosotros participamos como querellantes junto al Ministerio Público y otros organismos", también estatales como el Ministerio del Interior.

"Es evidencia clave que determina la forma de operar, la dinámica de estos hechos. Claramente, establecen la participación de los imputados"

Marcelo Maldonado,, fiscal adjunto.

"Son muchos delitos. A lo que aspira esta defensa técnica es dejar sin efecto algunas imputaciones. Respecto de otras, estamos colaborando"

Andrés Firmani,, defensor privado.

15 días se podría extender el juicio oral, por la gran cantidad de testigos y la prueba que presentará el Ministerio Público.

10 gendarmes resguardaban la sala 2, donde se lleva adelante el juicio oral. Ocho estaban en la sala y dos en el exterior.

8 intervinientes tiene el juicio oral, cuatro son defensores, tres privados y uno penal público; además de tres querellantes y un fiscal.

Giovanna Moreira, delegada presidencial regional, recordó que el Gobierno es querellante. "Nos interesa hacernos parte de la persecución penal, dado los graves hechos que acontecen. Esperamos que este tipo de situaciones no ocurran en la región y que la justicia funcione como lo ha hecho en otros casos".

Observó que en el Consejo Contra el Crimen Organizado "tenemos priorizado el delito de trata de personas, dado los hechos que han ocurrido en la región durante los últimos años".

Para la autoridad de la Región de Los Lagos, "este proceso es gracias a una investigación por parte de la PDI y el Ministerio Público. Esperamos que este juicio se dé en forma tranquila y segura, pero que entregue las penas que correspondan".