Corte decretó la prisión preventiva para tesorero de agrupación folclórica
PUERTO MONTT. Fiscalía apeló a la resolución del Juzgado de Garantía y tribunal de alzada despachó orden de detención contra Sergio Miralles, coimputado en los desvíos de fondos desde el Gore.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió ayer revocar la medida cautelar de arresto domiciliario total, que decretó el martes el Juzgado de Garantía de esta ciudad en contra del tesorero de la agrupación folclórica Alma y Tradición de la Población Manuel Montt, formalizado por el delito de lavado de activos, y decretó la prisión preventiva del imputado.
La decisión de la sala del tribunal de alzada puertomontino, que estuvo integrada por el ministro (s) Moisés Montiel Torres, el fiscal Rodolfo Maldonado y el abogado integrante Mauricio Cárdenas, tuvo en consideración para emitir su resolución "que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias que deben realizarse en el marco de la investigación, en atención a la naturaleza del delito por el que fue formalizado y su forma de comisión, la gravedad de la pena asignada por la ley al mismo, así como la eventual forma de cumplimiento que arriesga el imputado".
Desde el Ministerio Público se comunicó de manera escueta que "la Fiscalía Regional de Los Lagos confirma que durante esta jornada obtuvo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la prisión preventiva para el imputado Sergio Miralles Triviño, por el delito de lavado de activos".
Folcloristas y familia
Miralles Triviño fue una de las tres personas formalizadas durante el pasado martes por la Fiscalía, en el marco de la investigación por desvíos de fondos desde el Gobierno Regional de Los Lagos, producto del cual se encuentra también formalizado y en prisión preventiva desde el 6 de febrero el funcionario de contabilidad y tesorería del Gobierno Regional de Los Lagos, José Mora Cárcamo, también folclorista.
Durante la jornada del martes también se comunicó el inicio de una investigación en contra de dos mujeres, hermanas del principal imputado en la causa por efectuar transferencias de manera irregular por más de 308 millones de pesos entre los años 2019 al 2021. Una de ellas recibió recursos del Gore a través de la Agrupación Cultural Mirador, misma entidad que de manera paralela -el 23 de diciembre de 2021- se adjudicó recursos del 6% de Cultura para llevar cabo una actividad denominada "Compartiendo y conociendo experiencias en lana chilota", para lo cual recibió $4.055.875.
No obstante, de acuerdo a la querella presentada el 28 de agosto de 2023 por funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos, entre 2021 y 2023, la presidenta de la mencionada agrupación recibió más de 60 millones 890 mil pesos a través de transferencias no autorizadas desde las cuentas corrientes del Gore, realizadas presumiblemente por su hermano, quien ejercía entonces como funcionario de contabilidad.
En el caso del imputado Miralles Triviño, la misma querella especifica que se le transfirieron $163.356.089 entre los años 2021 y 2023, sin que existiese un respaldo contable o autorización para ello. De igual modo, el mismo funcionario habría depositado más de 84 millones 517 mil pesos a una familiar del tesorero de la agrupación, y quien aún no ha comparecido ante la justicia.
Ampliarán querella
Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se pronunció el abogado de los funcionarios del Gore que se querellaron por estos desvíos irregulares, Óscar Montecinos.
"Efectivamente la Corte de Apelaciones acogió la petición que se hizo ante el tribunal de Garantía en la audiencia respectiva, donde esta parte apoyó la petición del Ministerio Público en cuanto a solicitar la prisión preventiva de uno de los imputados por el delito de lavado de activos. Estamos muy contentos con esta resolución, porque efectivamente establece que son graves, absolutamente graves, los hechos que se están investigando y efectivamente nosotros establecemos que el lavado de activos debe ser investigado en su totalidad", expresó el profesional.
En ese mismo sentido, Montecinos no descartó ampliar los delitos incorporados en la querella interpuesta el pasado 28 de agosto e inclusive solicitar la persecución penal de otros responsables y solicitar más diligencias ante el Ministerio Público. "Estamos convencidos que la negligencia en el control sobre fondos provenientes de la gobernación regional tiene que arrojar más imputados y la comisión de más delitos, para definitivamente acreditar la verdad procesal respecto a estos hechos, acotó.
"Nosotros lo identificamos"
Por su parte, el gobernador regional Patricio Vallespín, tras conocer acerca de las formalizaciones llevadas a cabo durante esta semana, comentó que "nosotros hicimos la petición al Ministerio Público porque yo pedí instruir que se revisaran todos los procedimientos para mejorarlo y descubrimos esta situación. Por tanto, creo que es muy bueno que la gente sepa que el Gobierno Regional está actuando para mejorar todos los procedimientos administrativos de financiamiento presupuestario para ser ejemplo", dijo.
Vallespín insistió en que "esta situación la identificamos por decisión nuestra", apuntó. "No vino de afuera, no fue que alguien hiciera esto público, sino que nosotros detonamos la información, entregamos los antecedentes al Ministerio Público, apartamos al funcionario que viene de más de 15 a 20 años en el Gobierno Regional y que había diseñado un procedimiento que hoy el Ministerio Público ha ratificado que es sólo un funcionario del Gobierno Regional", dijo, marcando la diferencia con lo ocurrido con el Caso Convenios.
En tanto que el core Alexis Casanova (RN) argumentó que "me parece trascendental que se avance en determinar responsabilidades de quienes pudieron eventualmente aprovecharse de desvíos de fondos públicos. No es posible que recursos que el Consejo Regional busca destinar a las necesidades más urgentes de la región terminen siendo usados para otros fines y beneficios particulares. Considero que esta investigación debe ser 100% transparente y pública, porque hablamos de dineros que debiesen destinarse a los habitantes de nuestra región", dijo.
$308 millones es el monto determinado hasta el momento al que llegarían los fondos desviados del Gore.