Protección a los menores
El año pasado, según un reporte de la Fundación Amparo y Justicia, hubo 40.361 denuncias por delitos sexuales a menores.
En los últimos años se ha registrado un aumento de las noticias referidas a la pedofilia, pornografía infantil, grooming (acoso sexual a menores vía internet) o el homicidio de niños. Lamentablemente, los ataques a menores parecieran ser prácticas mucho más extendidas de lo que se cree. Ello explica que de forma permanente se desmantelen redes de pedofilia o de pornografía infantil.
El reciente informe de la Fundación Amparo y Justicia revela que en 2023 se registraron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, versus las 41.999 reportadas en 2022, el cual fue considerado como el máximo histórico. Esta baja, indica la fundación, refleja una estabilización en el número de casos ingresados, luego que en 2022 se observara un considerable incremento: un 42% más que las registradas antes de la pandemia, cuando las instituciones volvieron a operar con normalidad y las escuelas regresaron a la presencialidad.
Sin embargo, a pesar de esta caída el año pasado, las denuncias por delitos de este tipo se mantienen sobre las 40 mil, un número alarmante si se considera que estudios a nivel mundial han estimado que más de un 80% de las violaciones y agresiones sexuales a menores no son denunciadas. Según el estudio, las niñas y adolescentes siguen siendo las más afectadas, con un 84,3% de las denuncias ingresadas, versus el 15,7% que corresponde a víctimas de sexo masculino.
En los últimos años ha sido necesario ir adecuando las leyes a las nuevas exigencias, pero a la vez es necesario prevenir estas situaciones, lo que obliga a replantear qué actitud debe tener la sociedad e inculcar sobre la sexualidad. A mediados de 2019, se aprobó una indicación presentada por el Gobierno a un proyecto de ley para que los delitos sexuales contra menores no prescriban. Con la legislación anterior, había un plazo de cinco años para investigar estos delitos y diez años cuando se trataba de crímenes.
Estos son delitos tienen una alta tasa de reincidencia, de modo que la sociedad no puede permanecer indiferente y debe proteger a sus menores. También los padres deben redoblar sus esfuerzos por protegerlos. Los abusos sexuales de menores no son errores o pecados que se pueden perdonar, sino que son graves delitos que deben ser perseguidos por la justicia y cuyos autores y encubridores merecen ser castigados duramente.