Carlos Ilabaca

"Tenemos antecedentes de que puede haber corrupción". Fue esa sencilla frase pronunciada por el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo Reyes, la que puso en alerta a los legisladores reunidos este martes en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, a la cual acudió junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para entregar una propuesta de modificación legal a la normativa vigente sobre la subdivisión de predios rústicos.

La afirmación del director del SAG se relaciona directamente con cuatro investigaciones sumarias iniciadas al interior de la repartición pública en la Región de Los Lagos, en el marco de las atribuciones que tiene ese servicio para autorizar o rechazar solicitudes de subdivisiones prediales.

"Hemos constatado que hay algunas subdivisiones exprés que han llamado nuestra atención y dado eso es que he tomado la decisión de instruir los sumarios correspondientes, hacer medidas internas y también medidas externas hacia el Ministerio Público. Creo que nuestra responsabilidad como institución es tomar todas las medidas de resguardo y sancionar internamente y también poner a disposición", dijo Guajardo durante la sesión, en la que estuvieron presentes los senadores Fidel Espinoza (PS) y Carlos Ignacio Kuschel (RN).

La directora jurídica del SAG, Lorena Brown, detalló en la instancia que los sumarios se iniciaron por información que fue recabada por el SAG, como también por denuncias de particulares y denuncias de los mismos funcionarios de la Región de Los Lagos.

Según detalló la jurista, por la gravedad de algunos de estos hechos también se presentaron las respectivas denuncias al Ministerio Público, mientras que los procesos administrativos se encuentran en la etapa de formulación de cargos y a la espera de los descargos de los funcionarios involucrados en la indagatoria para proceder a dictar la resolución final, la que además debe ser visada por la Contraloría General de la República.

Cabe recordar que el 12 de marzo se designó como directora (s) del SAG en la Región de Los Lagos a Fabiola Barredo Herrera, quien reemplazó a Alfredo Kido, el cual sólo alcanzó a ejercer 4 meses en el puesto. Este cambio se produjo precisamente en el marco de las denuncias que hoy complican la gestión del servicio.

Denuncias clave

Entre las aristas que se investigan al interior del SAG en la región hay dos situaciones que preocupan a las autoridades a nivel nacional. La primera tiene que ver con acusaciones de eventuales pagos de coimas a funcionarios de la oficina de Puerto Varas y en segundo término a tramitaciones exprés.

La abogada Camila Feest, de Osorno, es una de las profesionales que interpuso denuncias de certificaciones exprés.

Luego de tramitar por cerca de 2 años la subdivisión de un predio rústico de 191 hectáreas en la comuna de Llanquihue a nombre de la Sociedad Agrícola e Inversiones Macal Sur SpA, la oficina del SAG en Puerto Varas declinó entregar la autorización. En medio de este proceso, interpuso una querella por los delitos de prevaricación, omisión administrativa y abuso contra particulares ante el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, investigación que hoy tiene a su cargo el fiscal Patricio Llancamán.

"Yo empecé a hacer mi propia investigación, a pedir documentos por transparencia y busqué antecedentes en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas", contó Feest, quien tras comparar la información con la cartografía del Servicio de Impuestos Internos, que contiene la identificación de los proyectos, constató a lo menos cuatro casos distintos con irregularidades.

"Eso se inició producto de los antecedentes que yo misma le entregué al director nacional", dijo la abogada, quien se ha reunido en tres ocasiones con José Guajardo, la última de ellas durante el mes de febrero. "Eso generó que se aperturara una investigación sumaria que fue dirigida muy irregular, pero después se elevó a sumario administrativo, y reabrió una investigación sumaria del año pasado que también salió en los medios de comunicación por posibles coimas en la oficina del SAG de Puerto Varas", dijo.

La abogada también concurrió con un recurso de protección que se tramita en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, "donde le digo a la corte que a mí me rechazaron (la solicitud), que se demoraron prácticamente 2 años en darme una respuesta certera, que arbitrariamente me han puesto más requisitos que a otros solicitantes y, de hecho, le adjunto ejemplos de otros procesos similares, que también son subdivisiones rurales para vender parcelas, en que no se les ha pedido esta información".

Aprobadas en 2 días

Hace exactamente un mes, es decir el 18 de marzo, el ingeniero agrónomo con oficina hace 6 años en la comuna de Ancud, Rodrigo Kreisel, envió a la contralora Dorothy Pérez las conclusiones de una investigación que tardó más de 6 meses en preparar y que contienen principalmente información de todas las oficinas del SAG en la región que pidió por Ley de Transparencia y a partir de búsquedas que realizó en los conservadores de Bienes Raíces de Ancud y Castro.