Erwin Schnaidt

Ante una denuncia recibida de un emprendedor dedicado la manufactura de artículos con cuero, el gobernador regional Patricio Vallespín derivó esos antecedentes al Ministerio Público, a fin de que se investigue un eventual delito de extorsión, ocurrido en medio del proceso de una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) en el borde costero de Puerto Montt.

Como precisó el propio jefe del Gobierno Regional (Gore), en su rol como presidente de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) se ve obligado a derivar estos antecedentes para que sean pesquisados por la entidad competente.

Especificó que los espacios costeros que se entregan a comunidades indígenas "son para su uso sostenible, no para beneficiarse de aquello ni menos presionar a otros actores por el uso de ese espacio. Es completamente improcedente. La justicia tendrá que seguir analizando el caso".

Vallespín reconoció que como CRUBC no tienen competencia para suspender la tramitación de una solicitud de ECMPO, pero admitió que "son antecedentes que se toman en cuenta para un posible otorgamiento de espacios, si es que lo estuvieran pidiendo".

Agregó que si existen evidencias de denuncias "de extorsión para el uso del borde costero que ya tienen y solicitan otra, son elementos a tener en consideración para evaluar si procede o no otorgarla".

De acuerdo a los datos que proporcionó el empresario afectado, le habrían exigido el pago de 30 millones de pesos para desafectar un área donde estaría solicitando una concesión marítima, localizada en el canal Tenglo.

El jefe del Gore también apuntó a una posible modificación de la Ley Lafkenche. "Si se está dando esta posible extorsión -que la justicia tendrá que develar si es así o no-, hay espacios en la ley que lo están permitiendo y eso habría que mejorar. Es inaceptable que se dé eso (...). No debiera haber este tipo de prácticas que son muy negativas", expuso.

Esta denuncia fue confirmada durante la reunión que tuvo lugar el sábado pasado en Metri, para recibir observaciones de la comunidad respecto al establecimiento del ECMPO Ngulam Ñuke Lafken, que considera una superficie de 67 mil 484,42 hectáreas, lo que incluye todo el borde costero de la comuna de Puerto Montt.

Alfonso Almonacid, presidente del Sindicato de Pescadores Capilla Tenglo, dijo que hubo rechazo a esa solicitud "más aún cuando se supo que el dirigente que encabeza esta petición está demandado, por lo que se pidió que se detenga este proceso. La empresa lo denunció, porque todos sabemos que eso no debería ser, no se va a hacer rico con los espacios costeros de todos nosotros".

Ello fue ratificado por Víctor Baima, presidente del Sindicato de Pescadores Puntilla Tenglo. "No estamos de acuerdo con la solicitud, más todavía cuando hay denuncias de por medio. Existe una denuncia por extorsión a un empresario del canal Tenglo, lo que llegó al Gobierno Regional".

Añadió que ello abrió la posibilidad de especular que existan más casos de ese tipo.

Al intentar conseguir la versión del dirigente aludido, no contestó las llamadas a su teléfono, ni respondió mensajes enviados por WhatsApp.

Detener esa práctica

Esta denuncia llegó a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, que preside Fidel Espinoza.

El legislador aseveró que se ha conocido de más casos en otros puntos de la región, por lo que enfatizó que se siente "orgulloso de haber presentado el proyecto para modificar la Ley Lafkenche, que nace con un muy buen origen, que lamentablemente ha sido distorsionado por personas que vieron en esto un mecanismo de enriquecimiento, a través de extorsiones para desafectar áreas".

Espinoza observó que si no se detiene esa práctica, "puede tornarse insostenible", para lo que en esa comisión analizan modificaciones que permitan sancionar a quienes cometan este tipo de actos, así como la eliminación del espacio entregado. "No puede ser que los abusos pasen por sobre la racionalidad. Esto va a significar que mañana tengamos enfrentamientos a mano armada entre los pescadores y pueblos originarios. Es inaceptable".

Sobre la denuncia derivada a la Fiscalía, el senador por la Región de Los Lagos comentó que "es importante que se investigue a fondo. Esto no lo podemos aceptar", por lo que como Comisión también han puesto todos los antecedentes con que cuentan a disposición de las autoridades, como la Subpesca. "Esta situación es mucho más grave de lo que se estima. Si el gobierno no mantiene una posición firme, esto se nos va a escapar de las manos. Esto va a ser una 'guerra del loco 2'. Es inaceptable que unos pocos pretendan pasar por comunidades enteras, solicitando miles de hectáreas", apuntó Espinoza.

"No debiera haber este tipo de prácticas que son muy negativas"

Patricio Vallespín,, gobernador regional .