Luego de un acalorado debate, que debió ser suspendido durante varios minutos, ayer jueves el Congreso español aprobó la polémica ley de amnistía que beneficiará a políticos y líderes sociales involucrados en el proceso independentista de Cataluña, también conocido como "procés".

La iniciativa legal, que previamente había sido vetada en el Senado, fue aprobada por 177 votos de los partidos de la coalición de Gobierno -ligada a la izquierda-, y 172 en contra de parlamentarios del bloque opositor compuesto por el Partido Popular (PP) y la fuerza de ultraderecha Vox.

El proyecto aprobado eximirá de responsabilidad judicial a una serie de personeros políticos catalanes que participaron en el procés entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, y que incluyó la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la consulta popular de 2014, considerados inconstitucionales por la justicia.

Entre otros delitos que podrían ser amnistiados figuran desobediencia, desórdenes públicos y usurpación de funciones públicas, siempre que se hayan cometido en el marco del proceso de autodeterminación catalán. No se incluyeron delitos que, según la legislación europea, podrían ser calificados como terrorismo.

Reacciones

La iniciativa legal forma parte de un acuerdo político entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y fuerzas independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts, y que permitió mantener a Pedro Sánchez como jefe de gobierno.

Según el Ejecutivo, principal promotor de la ley, la norma colaborará en la normalización política y social de Cataluña, no obstante, no se trata de una amnistía automática o general: serán los jueces, en cada proceso, los que determinarán su aplicación.

Pese a que la oposición ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, el presidente Pedro Sánchez valoró la aprobación, asegurando que con ella "hoy han ganado los valores socialistas de avance social y convivencia" y se ha "superado la mayor crisis territorial de la historia de España en Cataluña en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular"

"Gracias a la apuesta por la convivencia, hoy España está más unida que en 2017 con el gobierno del PP (…) Lo que hace más fuerte a nuestro país y más unido son las políticas de convivencia y de respuesta social que estamos poniendo en marcha", aseguró.

Desde la oposición, en tanto, el líder conservador Alberto Núñez Feijóo, lamentó que "no es un buen día para la democracia", advirtiendo que "será cuestión de los tribunales la derrota de la ley", dado que cualquier juez podría presentar un reclamo de constitucionalidad sobre la normativa.

En tanto, el líder de Junts y uno de los políticos que lideró el procés en su rol de jefe regional del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, señaló que "el camino a recorrer no es precisamente un camino de rosas, empezando por la aplicación de la misma ley. Pero hoy nos hemos quitado las espinas de los pies que nos impedían avanzar".

Junto con calificar de "histórica" la amnistía, el expersonero aseguró que regresará desde Bélgica -donde reside desde 2017- a España, pese al riesgo aún latente de ser detenido en el marco de una investigación de la justicia en su contra por delitos relativos al terrorismo.

El gobernador del Banco Central de Israel, Amir Yaron, sostuvo que la guerra en la Franja de Gaza, que prontamente cumplirá ocho meses desde su inicio, le costará a Israel más de 63.000 millones de euros.

La estimación del directivo, que incluye los importes que deberán seguir desembolsándose hasta inicios de 2025, se basa, principalmente, en conceptos de gastos en defensa, en el mantenimiento de los evacuados y por la pérdida de ingresos fiscales a raíz de la ausencia de trabajadores que han sido enlistados en el Ejército.

Según Yarón, los gastos en seguridad son "significativos" y representan "una alta carga presupuestaria" para el futuro de Israel. "La guerra no debería traer consigo un cheque en blanco para gastos permanentes de defensa, y hay que encontrar los equilibrios adecuados", sostuvo.

Sus dichos suceden a los del asesor de seguridad nacional israelí Tzachi Hanegbi, quien proyectó que la ofensiva israelí se prolongará al menos durante otros siete meses hasta lograr "la destrucción total" delas capacidades de Hamás".

A la fecha, al menos 36.224 personas han muerto y 81.777 han resultado heridas en el devastado territorio palestino, la mayoría (cerca de un 75 %) mujeres y niños, mientras los bombardeos israelíes siguen; de hecho, este jueves otras 53 personas murieron a causa de una nueva ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

Solución justa

Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que "el aumento del círculo de países que han reconocido el Estado de Palestina muestra el fortalecimiento de la posición de la mayoría mundial a favor de una solución rápida y justa al problema palestino". El jefe de la diplomacia rusa pidió trabajar en "planes de paz" y en la "estabilización a largo plazo" de Medio Oriente..

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de reforma constitucional que busca facilitar la transferencia de la propiedad de zonas costeras a municipios, gobiernos estatales e incluso a privados, con fines inmobiliarios o de desarrollo urbano.

La iniciativa es impulsada por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, y busca modificar la actual ley de ese país que, por ahora, impide la instalación masiva de resorts, casinos u hoteles con playas privadas, a la usanza de zonas turísticas como Cancún en México, y señala a las playas como bienes nacionales de uso público.

Según los detractores del proyecto, entre ellos activistas vinculados a la conservación marina, la iniciativa podría poner en riesgo el acceso público y libre a las playas de la amplia costa brasileña, y favorecer una excesiva explotación por parte de intereses inmobiliarios.

El propio Flavio Bolsonaro aclaró en sus redes sociales que es "falso" que se pretenda privatizar las playas, sino más bien regular la situación de zonas que ya han sido intervenidas o donde ya existen desarrollos urbanos.

La iniciativa deberá ahora ser revisada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, donde la oposición tiene mayoría y se anticipa su aprobación. Luego de ello, debería pasar al pleno del Senado para su votación, donde -diversos analistas políticas- auguran que la normativa, si bien podría ser aprobada, también podría enfrentar la impugnación ante tribunales federales, debido a los efectos nocivos que podrían acreditarse con un eventual desarrollo urbano excesivo en zonas costeras protegidas por las leyes de ese país.