Por segunda jornada consecutiva, La Moneda intentó seguir aminorando los impactos que dejó la cuenta presidencial del sábado, particularmente tras el flanco que abrió -tanto con la oposición como con fuerzas más cercanas como la DC- el anuncio de que el segundo semestre el Ejecutivo enviaría un proyecto de aborto legal al Parlamento.

El domingo varios ministros se desplegaron para "bajar" la tensión y seguir instalando los mensajes ancla del discurso del mandatario en materia económica, laboral y de seguridad. En tanto, ayer fue el propio presidente Gabriel Boric quien se plegó a la ola de reacciones que dejaron sus palabras y precisó el trasfondo de la propuesta.

"Ha habido interpelaciones de si esto es un tema electoral o no es un tema electoral, y a mí me gustaría decirles que en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del Gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección", sostuvo el mandatario, quien insistió en que la propuesta nace por "un tema de convicciones".

"Me parece que sería sumamente delicado que haya sectores de la política, que yo espero que sean los menos, que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, a otros temas que no están de acuerdo. Esa señal me parece que sería tremendamente negativa y castigada por la ciudadanía", añadió el jefe de estado.

Diferencias

Por otra parte, la ministra Camila Vallejo en radio Pauta aseguró que "la prioridad central está en pensiones, seguridad y economía", no obstante, añadió que el Ejecutivo tiene "el deber y responsabilidad de seguir avanzando en los temas que están pendientes", entre ellos la cuestión de la interrupción del embarazo.

Sobre la reacción de personeros de Chile Vamos, la vocera volvió a tratar de minimizar la molestia. "No creo que la oposición llegue a paralizar el Congreso solo por una diferencia con el Gobierno. No veo al conjunto de la oposición llegando a ese límite para poner en riesgo las urgencias y prioridades de la agenda", sostuvo.

De todos modos, además del aborto, otro de los anuncios "valóricos" de la cuenta que abrió debate fue la incorporación de urgencia a una iniciativa para legalizar la eutanasia en Chile, idea ya rechazada por la Iglesia a través de Conferencia Episcopal.

Al respecto, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo estar disponible para discutir, pero recalcó que el "punto central de la discusión" estará puesto en que el sistema de salud esté a la altura para decidir si aplicar o no la muerte asistida. "No nos cerramos a los debates", anticipó, aunque insistiendo en que el anuncio más bien es un "distractor" frente a otros temas más relevantes para las familias.

El Banco Central informó ayer lunes un crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 3,5% en comparación con igual mes del año anterior, acumulando un aumento de la economía de 2,1% en los últimos doce meses y una disminución de 0,3% respecto del mes previo.

Según estableció el ente emisor, a través de un comunicado, "todas las actividades contribuyeron al crecimiento anual del Imacec, destacando el desempeño de los servicios", señalando que la disminución del periodo anterior se explica por la minería y el comercio.

Al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pese a que reconoció el impacto que tuvo el hecho de que este año abril tuvo tres días hábiles más que el mismo mes en 2023, aseguró que "ha sido nuevamente una cifra positiva".

"Vemos en todos los sectores cifras positivas en las variaciones en 12 meses y es un dato que nos confirma que la economía se encuentra en un camino de expansión para este año (…) Es consistente con nuestra proyección de 2,7% para el año", señaló el jefe de la billetera fiscal, quien reconoció que paros en el sector minero impidieron aún mejores cifras.

El titular de Economía, Nicolás Grau, añadió que "esto solo confirma que tenemos que acelerar el tranco; no tenemos que quedarnos satisfechos con estos números, sino que hay que poner todo el pie en el acelerador".

Expertos pidieron cautela, aunque reconocieron que ciertos sectores se están dinamizando. "Hoy el consumo está contribuyendo positivamente al crecimiento del Imacec, y también la recuperación de los servicios", destacó en Cooperativa el director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez.

Durante la tarde de ayer lunes, efectivos de Control de Orden Público (COP) y de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, con apoyo de personal de la Policía de Investigaciones, debieron desplegarse y concurrir hasta la Cárcel de Mujeres de San Miguel.

El operativo ocurrió luego de que se registrara una alerta al interior del penal por un posible motín, aunque según la policía trató de una manifestación en la que participó un grupo de más de 200 internas en uno de los módulos del recinto carcelario, en reclamo por la muerte de una de las internas a raíz de un paro cardiorrespiratorio que la afectó al interior del recinto, por el cual fue trasladada el Hospital Barros Luco, donde se constató su muerte.

Según el reporte de Gendarmería, tras activar el dispositivo de seguridad, que incluyó el corte de calles aledañas, se retomó el orden dentro del penal, sin que se registraran lesionados ni el uso de elementos antidisuasivos.

Indicación

En otro frente, aunque también relacionado con el ámbito carcelario, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en el marco de la revisión del proyecto de ley que busca aumentar las penas a delitos que afecten la vida de las personas, aprobó una indicación que permitiría dar libertad condicional a personas mayores de 75 años privadas de libertad que sufran problemas de salud mental o enfermedades terminales.

Según informó Biobío, la indicación fue empujada por parlamentarios de oposición -mayoría en la instancia- y desde ya asoma como fuente de un intenso debate en la Cámara, considerando que si avanza como norma, abriría la posibilidad de beneficiar a personas que cumplen condenas por causas de derechos humanos.

El diputado Jaime Araya (PPD) aseguró que la indicación "permite que condenados por graves delitos de violación a los derechos humanos, pudieran salir en libertad, lo que no se condice con la idea matriz del proyecto". Su par, Henry Leal (UDI), pidió no temerle al debate sobre la materia: "Me parece de todo sentido común. La cárcel no puede ser una venganza, no puede ser un ensañamiento, la cárcel es para cumplir una pena".