El presidente Gabriel Boric anunció ayer el envío de una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones de su fiscal general, Tarek William Saab, que el miércoles apuntó a los servicios de inteligencia de nuestro país como supuestos responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda, en febrero pasado en Santiago.

"Instruí al canciller presentar una nota de protesta (...) Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes, donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable", indicó el mandatario.

Boric dijo que "los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay voluntad adecuada para resolver un caso que es tremendamente complejo" y aseguró que "vamos a insistir en todas las instancias sin ingenuidad para que esto cambie y vamos a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance" para dar con los responsables del crimen.

"Cuando se insulta, se denigra o se pone en cuestión a las instituciones de nuestro país, lo que tenemos que hacer es actuar con mucha claridad y firmeza", indicó el gobernante, que rechazó sin embargo romper relaciones diplomáticas con Caracas como exige la oposición.

Ayer, al cierre de esta edición, la canciller subrogante, Gloria de la Fuente, se reunió con el embajador venezolano en Chile para entregar la nota de protesta y aseguró que nuestro país podría recurrir al Convenio de Palermo si los sospechosos del homicidio de Ojeda son detenidos en Venezuela.

Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en la capital y sus restos fueron hallados diez días después en una toma de la periferia, sepultados debajo de un bloque de cemento y adentro de una maleta.

La Fiscalía vinculó en abril el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia, y pidió apoyo a las autoridades venezolanas para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, solo hay un joven venezolano detenido, pero hay otros dos sospechosos con órdenes de detención, que las autoridades creen que están en Venezuela.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró el miércoles que el crimen de Ojeda fue una operación para "enturbiar" las relaciones entre ambos países, en la que participaron cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros "con intereses espurios", al tiempo que rechazó que los dos sospechosos vayan a ser extraditados a Chile en caso de ser detenidos.

También remarcó que el gobierno chileno "no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos, que dicen ellos, estarían en Venezuela".

El caso lleva meses generando fricciones entre ambos países y acusaciones de falta de cooperación por parte de Chile hacia Venezuela.

Boric ya llamó a consultas el pasado 11 de abril al embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, que retomó sus funciones diplomáticas unos día después.

Otros organismos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también respondió al fiscal general Saab y afirmó que "vamos además a recurrir a organismos multilaterales, y en esos foros vamos a llevar el punto de vista de Chile".

Sobre una medida diplomática más drástica, como romper relaciones con Caracas, la jefa del gabinete explicó que "romper relaciones suele prestar muy poca utilidad a los objetivos del país. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro único vehículo sean las notas de protesta".

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reafirmó ayer sus críticas sobre el caso: "La conclusión nuestra es muy clara: esa investigación está débilmente desarrollada, sin elementos de convicción para ninguna de las hipótesis que han lanzado (...) Efectivamente esas investigaciones carecen de profesionalismo, carecen de elementos de convicción real y que entonces se impone una nueva teoría de investigación". "Ahora hay una nueva línea de investigación (...) de que funcionarios, agentes de seguridad extranjeros hayan incursionado en Chile y con apoyo de agentes de inteligencia chilena y grupos delictivos hayan ejecutado el asesinato para enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, que casualmente en esos días estaban en su punto más positivo de desarrollo".

El gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó ayer a la Fiscalía y al Poder Judicial a analizar las "falencias" que permitieron que cinco miembros del Tren de Aragua quedaran en libertad luego de que el Tribunal de Garantía de Los Vilos revocara su prisión preventiva y se decretara su arresto domiciliario, más de una caución de cinco millones de pesos por cada uno.

El miércoles en la noche, la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó mantener la prisión preventiva para los imputados, pero ya estaban en libertad y solamente uno se entregó a la PDI en Los Vilos.

A todos se les imputan delitos de asociación ilícita, secuestro y robo con intimidación.

Cuando fueron enviados a prisión preventiva en 2023, se les formalizó por lo menos por tres casos de secuestro.

"La policía ya tiene más o menos identificado dónde estarían" los prófugos, aseguró la ministra Tohá y además comentó que "los organismos que participaron de esa audiencia (Fiscalía y Poder Judicial) corresponde que hagan la evaluación de cómo cada una de estas instituciones actuó".

La titular de Interior añadió que "como Gobierno expresamos nuestra preocupación por decisiones de este tipo cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este y de personas que, en casos similares, han tenido comportamientos de fuga".

"Nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto, se tome una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que tendrán los organismos que evaluar", dijo Tohá.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ordenó una investigación administrativa en la Fiscalía de Los Vilos por lo sucedido en la audiencia de revisión de cautelares donde se dejó en libertad a los delincuentes.