Carlos Ilabaca

Gastos insuficientemente acreditados y rendiciones fuera de plazo, son algunas de las observaciones que realizó la Contraloría Regional de Los Lagos en un nuevo informe de la auditoría que realizó a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional (Gore) a la Corporación Kimün, Fundación Participa y la Corporación El Canelo, por el llamado Caso Convenios.

Esta auditoría se inició el año recién pasado en virtud de cuatro denuncias, una correspondiente al diputado Mauro González (RN), dos presentaciones de un particular y una denuncia realizada bajo reserva de identidad. La fiscalización abarcó una revisión de las transferencias a entidades privadas realizadas entre enero de 2021 y junio de 2023.

El primer informe (oficio 671-A), que data de noviembre de 2023, ya había detectado situaciones como la falta de garantías o respaldos por los fondos transferidos o los mayores costos por beneficiario de los programas de saneamiento de título, observaciones que el Gore refutó en un documento enviado a principios de año.

Rendiciones bajo la lupa

En este segundo informe, Contraloría observó situaciones relativas a las rendiciones y los gastos. En el caso de la fundación Participa, cabe recordar que el Gore le transfirió $1.200 millones para ejecutar un programa de regularización de la propiedad para 1.400 beneficiarios en la región.

Según estimó Contraloría, la referida fundación no remitió al Gobierno Regional el comprobante de ingreso de la recepción de fondos entregados y además que los informes de actividades emitidos por la entidad ejecutora "incumplen con lo dispuesto en el convenio, ya que no contienen, por ejemplo, el detalle de los servicios o labores encomendadas". Por esta situación, el Gore Los Lagos deberá instruir un procedimiento disciplinario.

El informe detalla además que la Fundación Participa rindió $60.000.000, equivalente al 5% del total de los recursos transferidos, "lo que se consideró desproporcionado respecto de la suma total de las rendiciones aprobadas por el Gore, correspondientes a $198.905.096, equivalentes a un 30% del total rendido".

Nuevos cuestionamientos se sumaron también a la Corporación El Canelo, respecto de la cual Contraloría estableció que "hubo gastos insuficientemente acreditados", por lo que formulará un reparo por $44.512.750 e incorporará esta información al sumario administrativo que lleva a cabo en el Gore para determinar eventuales responsabilidades funcionarias, según informó. De igual modo, se determinó que la rendición por $36.812.750, hecha por la Corporación El Canelo, aprobada en mayo de 2023 por el Gobierno Regional, equivale al 5% del monto total de recursos transferidos ($736 millones 255 mil), y que corresponde al 100% de las sumas rendidas y aprobadas a esa fecha.

Con respecto a la Corporación Kimün, Contraloría no realizó examen de cuentas por existir una demanda presentada ante el Juzgado Civil de Temuco por los fondos transferidos, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por las irregularidades detectadas en el convenio.

Finalmente, Contraloría informó que enviará los antecedentes del nuevo informe al Ministerio Público y al CDE.

Reacciones

Una vez conocidos estos antecedentes publicados en el sitio web de Contraloría, El Llanquihue consultó por una versión del Gobierno Regional, la que se dijo que se entregará recién durante esta jornada.

Por su parte, el consejero regional Alexis Casanova (RN) calificó lo conocido "como una confirmación de lo que hemos venido planteando desde hace bastante tiempo, sobre todo con Canelo de Nos, respecto de lo cual nunca recibí respuestas a los planteamientos que realicé en diferentes plenarios por las observaciones que había hecho Contraloría. Y en el caso de Kimün, interpuse un recurso por dineros que nunca vamos a recuperar y claramente se evidencia lo que veníamos diciendo, rendiciones incompletas que no corresponden a lo rendido", dijo, por lo que valoró que los antecedentes ahora queden en manos del Consejo de Defensa del Estado.

El diputado Fernando Bórquez (UDI) sostuvo que "la instrucción de Contraloría a iniciar un sumario por los millonarios montos traspasados a fundaciones, y que no han sido rendidos de la forma debida, sólo viene a confirmar de manera tardía tras 7 meses de investigación de Fiscalía Regional lo que ya habíamos dicho con anterioridad y que se plasmo al hacernos parte de una querella como UDI".

En ese sentido, apuntó que los procesos deben avanzar lo más rápido posible y que el sumario instruido por Contraloría "debe determinar responsabilidades y esos antecedentes remitirlos al Ministerio Público, para que este proceso que iniciamos el año pasado con denuncias y querellas que fueron criticadas en su momento, finalicen con condenas ejemplificadoras", acotó.

81.325.500 pesos es el monto que Contraloría Regional de Los Lagos observó a las rendiciones realizadas por la Corporación El Canelo.

La escena se repite hace años. Acusaciones de "actos constitutivos de delitos" en municipios y los concejales giran sus teléfonos hacia sí mismos para hacer indignadas y sorprendidas performances en redes sociales. Misma situación ocurre con los consejeros regionales, pero ya nadie cuestiona que así sea.

De acuerdo a la ley, los consejeros regionales son los encargados de coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. Los concejales, en tanto, son también los responsables de fiscalizar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo, el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, como también la ejecución del presupuesto.

¿En qué momento creyeron que pueden sencillamente unirse al coro de los acusadores y no sumarse al banquillo de los acusados, considerando que fallaron en su rol fiscalizador mandatado por ley?

Chile cuenta con 16 gobernadores regionales y 345 alcaldes y los encargados de fiscalizar sus actos son 302 consejeros regionales y 2.252 concejales. Si hicieran bien su trabajo, es probable que la Contraloría General de la República, cuyo rol es el de examinar las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal, no estaría permanentemente en la palestra por la escasa cobertura de sus 17 oficinas regionales -dos de ellas en la Metropolitana-.

El volumen de dinero público que se mueve y, por lo tanto, la responsabilidad de las autoridades en su ejecución, es enorme. Para muestra un botón: de un presupuesto fiscal total de unos US$90 mil millones, sólo el ítem compras del sector público superó los US$16 mil millones. De estos, el sector salud sumó US$ 5.441 millones, mientras que el sector municipios mostró el mayor aumento en comparación con 2022, con una variación real de 20,5%. Los rubros que más se transaron fueron medicamentos y productos farmacéuticos, servicios de construcción y mantenimiento, y equipamiento y suministros médicos.

El año pasado, el Consejo de Defensa del Estado dio a conocer que el 51% de los 345 municipios eran investigados por corrupción y la Contraloría desarrolló nueve investigaciones especiales en nueve gobiernos regionales. En octubre, a la hora de votar, infórmese del estado de las cuentas de su municipio y Gobierno Regional y evalúe el trabajo de su gobernador, de su alcalde y de los respectivos cuerpos de fiscalizadores.

"¿En qué momento creyeron que pueden sencillamente unirse al coro de los acusadores y no sumarse al banquillo de los acusados, considerando que fallaron en su rol fiscalizador?"