Facción del Tren de Aragua operaba en Talca, Temuco, Osorno y Puerto Montt
HABLA OFICIAL INVESTIGADOR. Las mujeres explotadas sexualmente llegaban a Chile engañadas. "No tenían la libertad sexual porque eran sometidas a los servicios 24/7 y eran llamadas "mujer multada". Debían pagar a la banda entre $4 y $10 millones.
En las ciudades de Talca, Temuco, Osorno y Puerto Montt operaba la banda criminal -facción del Tren de Aragua-, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, cuyos integrantes el viernes pasado recibieron altas penas, que, entre los 4 acusados, suman 99 años, considerando entre ellas una perpetua.
El subprefecto de la PDI, Sergio Castro, fue el oficial que encabezó la indagatoria del caso. Reveló que la investigación se inició luego que una persona (un hombre) denunciara de forma anónima que había mujeres que ejercían el comercio sexual en Puerto Montt y que reunían algunas características de víctimas de trata de personas. "El denunciante se dio cuenta que estaban siendo administradas por un sujeto de nacionalidad extranjera".
Luego, dice, "se investigaron múltiples delitos conformes al fenómeno dentro de los cuales la base principal fue la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero también el mismo delito, pero con fines de explotación sexual en menores de edad, lavado de activos y asociación ilícita, en el contexto de trata de personas y tráfico de migrantes".
Los imputados y ahora condenados fueron detenidos en marzo de 2022, tras una investigación preliminar de la PDI, que comenzó en agosto de 2021.
El juicio tuvo lugar entre el lunes 1 de abril de este año y el viernes 24 de mayo en la sala compuesta por los jueces Andrés Villagra, Cristian Rojas y Jorge Díaz, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP), de Puerto Montt. El juicio se desarrolló en 54 días.
La investigación fue liderada por el fiscal Marcelo Maldonado y los defensores son los privados Sergio Coronado y Andrés Firmani, acompañados de los abogados de la Defensoría Penal Pública, Pablo Sanhueza y Viviana Hinostroza.
Coyotes
La estructura criminal tenía varias funciones. El líder, un ciudadano venezolano, junto a su pareja también venezolana, captaban a mujeres en el extranjero, específicamente en Venezuela y Colombia "y posteriormente se hacía una coordinación del traslado con personas que cumplían el rol de 'asesores de viajes', puesto que se encargaban del flujo de los migrantes y de incorporar a las mujeres en esta dinámica. El viaje lo iniciaban en Colombia, para luego cruzar ilegalmente hacia Ecuador y después a Perú", cuenta el subprefecto Castro.
"Existían dos modalidades de ingreso. A través de 'coyotes', cruzando de forma clandestina por la frontera entre Arica y Perú, en el sector de Chacayuta o ingresaban a las víctimas por Desaguadero, ubicado en la frontera con Bolivia. También de manera clandestina para llegar a Iquique", dijo.
Para operar, se hacían coordinaciones y estas mujeres eran enviadas en bus o avión hasta la Región Metropolitana y desde allí se coordinaban sus viajes hacia el sur, "ya que esta agrupación delictual operaba en Talca, Temuco, Osorno y Puerto Montt".
Libertad sexual
Una vez en Puerto Montt, las víctimas eran calificadas como "mujer multada". Las mujeres terminaban engañadas, porque nada de lo que se les indicaba se cumplía. "Se le prometían celulares, tratamiento para belleza, peluquería, compra de ropa y que ganarían altas sumas de dinero", relata.
Sin embargo, "todo ello era cambiado en Chile y se sometían a la explotación sexual. Eran administradas por los sujetos y ellas no podían contestar los llamados de los clientes (a pesar que sus números de celular estaban en sus publicaciones) y tampoco tenían la libertad sexual, porque eran sometidas a los servicios 24/7 y además debían pagar las multas impuestas por la organización criminal (mujer multada) que en ocasiones oscilaba entre los 4 y los 10 millones de pesos. Pago que se debía concretar a través de los servicios sexuales".
"Se estableció en la investigación que hubo mujeres, que -en promedio- atendían entre 10 a 14 clientes diarios. Se fijaba un precio y todas esas ganancias eran entregadas a los imputados", reveló el oficial de la PDI.
Conforme
Marcelo Maldonado fue el fiscal que investigó el caso desde agosto de 2021. Tras el fallo del Tribunal Oral en lo Penal, dijo que estaba conforme, porque se dieron las penas en el orden que se habían solicitado.
El líder tiene una de presidio perpetuo "y es lo que a nosotros nos tiene conformes, pero además nos compromete mucho más con este tipo de fenómenos y también a combatir el crimen organizado".
Para el fiscal y vocero Marcelo Maldonado, son importantes las investigaciones cuyo fin "es llevarlas a juicio y obtener condenas que impongan el carácter simbólico de la reparación a las víctimas, en justicia".