Seguridad para el personal de salud
Los ataques a funcionarios de los Cesfam que se han producido en el país generan también nocivos efectos en la atención a los pacientes.
C on demasiada frecuencia se siguen conociendo en todo el país de amenazas y agresiones a funcionarios que se desempeñan en los Centros de Salud Familiar (Cesfam). Con elocuentes videos que grafican estos incidentes, se ha hecho común que pacientes o incluso sus familiares, exigendo una atención inmediata, especialmente de noche y en lugares que se encuentran colapsados, arremetan en contra de trabajadores que poco pueden hacer en esas situaciones de riesgo.
Lamentablemente, no se trata de hechos aislados, lo que ha generado preocupación en los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria. Si antes la pandemia exigió al máximo a los funcionarios, ahora lo es el estado de indefensión en que se encuentran en los distintos Cesfam.
Estos incidentes son el reflejo de lo que pasa en el país. La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para el común de la población, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en el año 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esta cifra representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.
El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la Ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta normativa ha sido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años para garantizar la seguridad de quienes trabajan en la primera línea de la salud pública.
Cuando se agrede a un funcionario, se produce un daño no sólo a los trabajadores, sino que se provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, que incitan a la renuncia del personal, lo que ocasiona efectos para todo el sistema de atención. No existe absolutamente ninguna justificación para estos ataques en contra de quienes cumplen una labor esencial en la provisión de salud.