El líder político del grupo islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh, reafirmó las posiciones de la organización por un alto el fuego completo en Gaza después de que el Ejército israelí matara a diez de sus parientes en un bombardeo esta madrugada: "Si el enemigo criminal cree que atacando a mi familia y allegados cambiará nuestra posición y resistencia, están delirando", aseguró ayer.

"Los mártires de mi familia son los mártires de nuestro pueblo, y los mártires de nuestro pueblo son también mi familia", añadió Haniyeh, entre cuyos parientes fallecidos se encontraba su hermana mayor.

Según el líder de Hamás, la organización se ha mostrado flexible y ha aceptado "todos los proyectos propuestos" para el alto el fuego, siempre y cuando implicaran "el fin de la agresión y la retirada completa de la Franja" de las tropas israelíes.

Los islamistas y el Ejecutivo israelí continúan inmersos en las negociaciones sobre la propuesta estadounidense de un acuerdo de tregua mientras cruzan acusaciones sobre quién impide alcanzar el pacto.

Ambas partes chocan desde hace meses en la misma línea roja, el fin de la guerra, que Hamás reclama como base para las negociaciones frente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que insiste en cumplir sus objetivos de guerra: recuperar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el ataque terrorista de Hamás y destruir las capacidades de la organización islamista.

"Seguimos adheriéndonos al hecho de que cualquier acuerdo que no garantice un alto el fuego y el final de la agresión es inaceptable, y esta posición no cambiará en ningún escenario", sentenció Haniyeh.

El líder de Hamás reivindicó, además, que cualquier propuesta sobre el "día después" de la guerra tendrá que ser "puramente palestina", negando a Israel la capacidad para participar en dicho proceso.

Desde el inicio de la guerra, que comenzó tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel, en el que murieron unas 1.200 persona y otras 251 fueron secuestradas, 37.658 palestinos han perdido la vida en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y otros 86.237 han resultado heridos a causa de la ofensiva israelí, según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por la organización islamista.

Por otro lado, en el devastado territorio palestino siguen 116 de los 251 rehenes capturados el 7 de octubre, al menos 40 de ellos muertos según Israel (y más de 70, según Hamás), mientras que hay otros cuatro cautivos desde hace años, dos de ellos muertos.

El Gobierno de Venezuela acusó ayer a la oposición de un supuesto plan para derribar un puente en el sur del país, con el objetivo de "causar zozobra" en la población de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

"Hemos detectado y develado un grave plan para derribar (...) el primer puente sobre el río Orinoco, el puente Angostura", dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien reiteró también la denuncia de planes para atacar instalaciones del sistema eléctrico nacional que hizo el propio Nicolás Maduro en la víspera.

Según la funcionaria, miembros de la oposición elaboran estos "planes perversos" porque "no quieren elección, porque ya se saben derrotados" y, por tanto, "quieren sabotear" los comicios de julio.

"El extremismo, que busca causar sufrimiento al pueblo de Venezuela, que ha atacado el sistema eléctrico nacional, que ha promovido el terrible bloqueo económico contra nuestra patria, (...) ahora tiene estos planes perversos contra la infraestructura vital de la nación", expresó.

De acuerdo con Rodríguez, han sido cortadas entre un 10% y un 20% de las "guayas (alambre grueso y resistente) que sostienen el puente", por lo que el Ejecutivo decidió desviar la circulación de transporte de carga por el puente Orinoquia -el segundo sobre el río Orinoco-, y fijar, en 40 kilómetros por hora, el límite máximo de velocidad para vehículos particulares.

Por su parte, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, informó de planes de rehabilitación del puente, que incluyen la restitución de los alambres, mantenimiento general, iluminación y la instalación de un sistema de vigilancia a través de cámaras.

Sin pruebas

Ayer, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó un plan ordenado por el presidente Nicolás Maduro para proteger el sistema eléctrico de un supuesto sabotaje que, según denunció el jefe de Estado y candidato a la reelección, prepara la oposición mayoritaria contra este sector.

Según el mandatario, la oposición prepara una "guerra eléctrica" al verse -aseguró- "perdidos" en las presidenciales, y aseguró tener "seis, ocho, nueve, diez pruebas" -que no mostró- de estos hechos.

Maduro dijo además que "que nadie se confíe. Hoy, 25 de junio, lo digo, estamos ganando, (pero) hay que asegurar la victoria, tiene que haber paz antes, durante y después del 28".

El Gobierno también acusa a la oposición de querer dar un golpe de Estado y de buscar protestas (guarimbas) en el país.

El Tribunal Supremo (Corte Suprema) español (establece en una sentencia que un beso sin el consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual, al ser una "intromisión en la libertad sexual" de la víctima con el propósito de "obtener una satisfacción sexual a costa de otro".

Con esta sentencia, se confirma la condena de un año y nueve meses de cárcel impuesta a un policía que dio un beso en la mejilla e intentó después darlo en los labios a una detenida sin su consentimiento en la zona de calabozos.

Los magistrados dejan claro que no es preciso un "no" de la víctima ante los intentos de besar a una mujer, sino que para que no exista delito lo que hace falta es que consienta, que es la "clave".

En este caso, la Corte confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de abuso sexual, que ahora, con la ley de libertad sexual conocida popularmente como "ley del solo sí es sí", es un delito de agresión sexual.

En este caso concreto se añade la circunstancia agravante de prevalimiento y la atenuante de embriaguez.

Esta ley, aprobada en 2022, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual (todo se considera agresión) y el consentimiento expreso en las relaciones pasa a ser el fundamento para juzgar los delitos, de ahí que sea conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

No puede entenderse, inciden los magistrados, "que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto", por la circunstancia que sea.

Por el contrario, se trata de "un ataque personal a su intimidad y libertad sexual de consentir o no consentir quién pueda acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como es darle un beso".

En los casos de "besos robados", sin consentimiento, la Suprema señala que son un "ataque a la libertad de la mujer de decidir con quién quiere besarse o quién acepta y admite que le dé un beso".

Este último es el caso del policía condenado ayer.