Constanza Hitschfeld

Durante la última reunión del directorio de la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Llanquihue, la Municipalidad de Puerto Varas compartió una resolución de la Contraloría General de la República a los nueve alcaldes que la integran.

El documento, con fecha 9 de mayo, establece entre otras cosas que "no existe inconveniente legal para que una asociación de municipalidades opere un relleno sanitario".

Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas y presidente de la asociación de municipios, comentó que "la transferencia que propusimos de administración a la asociación de municipios se ajusta a derecho y da cumplimiento de todo lo establecido por la ley, lo cual fue además ratificado por un pronunciamiento de Contraloría, independiente de ello fue desestimado por el Concejo Municipal (de Puerto Varas)".

La resolución de la Contraloría surgió tras la solicitud de pronunciamiento de Marcelo Salazar, concejal de Puerto Varas, sobre la legalidad de la propuesta de término de contrato y administración transitoria del Relleno Sanitario Provincial La Laja formulada por el alcalde ante el Concejo Municipal y que fue rechazada en tres oportunidades.

Todo ello en el marco de la investigación que inició la Fiscalía, por una denuncia del municipio lacustre, a propósito del presunto vertimiento ilegal de residuos líquidos, emanados desde la basura, en una quebrada que se conecta con el río Negro y el Santuario de la Naturaleza Río Maullín.

"Mañosamente la Municipalidad de Puerto Varas, una vez más, manipula y tergiversa la información a su pinta y a su modo para seguir captando