Redacción

Un nuevo acto de violencia remece a la Región Metropolitana. A eso del mediodía ayer, luego de múltiples llamados a Carabineros, se conoció que una aparente fiesta realizada en una parcela de Lampa terminó con, al menos, cinco fallecidos, siete heridos y seis detenidos.

Según información policial preliminar, todas las personas fallecidas (cuatro hombres y una mujer), serían de nacionalidad extranjera, al igual que los detenidos y la gran mayoría de los asistentes a la celebración. Según informó el teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Santiago Norte, diversos vecinos denunciaron una "situación anómala" en una de las parcelas del sector que funcionaba como centro de eventos.

"En dicha parcela se había desarrollado una fiesta, preliminarmente, por parte de personas extranjeras en su mayoría. Al encontrarse en esta fiesta, y por razones que van a ser investigadas, posteriormente por los servicios especializados, habría ocurrido un altercado el que como resultado, la cantidad de personas que han sido lesionados o han perdido", señaló Villanueva.

El teniente coronel informó también que dos de los seis detenidos se encuentran lesionados con impactos balísticos y que uno de ellos intentó escapar del lugar y que el resto opuso resistencia a la detención.

Además, aseguró que "el arma de fuego es posteriormente recuperada con un individuo que se había dado a la fuga que se mantenía en un sector perimetral de la parcela, escondido en la maleza este mantenía una fractura".

Ante esto, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, señaló que queda en evidencia "la necesidad de una nueva unidad policial en nuestra comuna", junto con informar que el centro de eventos no contaba con la autorización correspondiente para funcionar como tal. El prefecto inspector Víctor Ruiz, Jefe Nacional de Delito Contra las Personas (Jenadep) de la PDI, señaló que barajan una serie de hipótesis, pero que se mantienen en reserva por el éxito de la investigación.

La masacre tiene lugar apenas dos días después de que cuatro adolescentes fueran asesinados el domingo en Qulicura, donde ayer las autoridades realizaron varios allanamientos en busca de los autores del crimen.

En ese contexto, y según datos preliminares, Carabineros logró identificar a uno de los sospechosos del ataque, aunque no se entregaron mayores detalles sobre su identidad ni tampoco si está o no detenido.

Las bancadas de RN y la UDI reaccionaron con fuerza ante los últimos hechos de violencia que han tenido lugar en la Región Metropolitana, con cuatro asesinatos el domingo en Quilicura y otros cinco ayer en Lampa.

Desde RN anunciaron que solicitarán la realización de una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el alza en la tasa de homicidios en el país.

El documento dirigido a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), busca que dicha cita tenga lugar el 23 de julio y que cuente con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, así como de los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara para "discutir las acciones que ha llevado Gobierno para hacer frente a la alarmante cifra de homicidios cometidos en nuestro país en los últimos dos años".

Más enérgicos fueron desde la UDI. A través de un comunicado, su bancada de diputados "exigió" al Presidente Gabriel Boric "remover de su puesto, en forma inmediata, al equipo a cargo de la seguridad pública", encabezados justamente por Tohá, Monsalve y Vergara, "por su evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia" de seguridad.

Quince personas han muerto a balazos en el breve lapso de apenas dos o tres días. Si la muerte es un asunto habitual (una costumbre que suele tener la gente dice Borges), y si una muerte a balazos puede ser incluso un asunto policial, la muerte a balazos de quince seres humanos en un breve lapso, no es ni natural ni policial.

Es un asunto político.

El estado -es imprescindible recordarlo una y otra vez- es un aparato que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la fuerza física, evitando así que ella se enseñoree en las relaciones sociales. Es la paradoja del estado: concentrar la fuerza para disminuir su presencia en nuestras vidas. Y llevar adelante esa tarea -nada menos que poner al estado a la altura de su esencia- le corresponde a la autoridad política, a quienes bregaron incansablemente por hacerse de él. Y si por torpeza, prejuicio ideológico, incapacidad, somnolencia o lo que fuera, el estado pierde el monopolio de la fuerza o es incapaz de poner orden, entonces la responsabilidad recae en la autoridad política, en el jefe del estado y en el aparato gubernamental.

En otras palabras, en el presidente Gabriel Boric y sus ministros y ministras. Esa responsabilidad es política y equivale a lo que los abogados llaman responsabilidad por los resultados: en materia de seguridad pública la autoridad no puede excusarse arguyendo que hizo sus mejores esfuerzos para proteger a la ciudadanía, para evitar que el hombre fuera un lobo para el hombre como desgraciadamente está hoy ocurriendo. Si la violencia se enseñorea de las calles ello es simplemente un fracaso de quienes conducen al estado.

Desde octubre del año 2019 se expandió en Chile la idea, que fue ampliamente compartida por intelectuales, académicos y figuras públicas, de que la tarea del estado era ante todo la de alcanzar la igualdad o la justicia distributiva concebida como un ideal moral y económico. Ese objetivo -sin duda valioso a condición de que no encandile hasta impedir ver los otros- pareció enceguecer de entusiasmo a la opinión pública y al aparato gubernamental en Chile hasta el extremo de ensombrecer la función básica del estado. Es verdad que los problemas de seguridad se venían arrastrando desde mucho antes; pero es solo a contar de ese momento que se produjo una especie de inhibición en la tarea de controlar la violencia, una suerte de freno de la conducta estatal que consiste, mediante su aparato, en poner orden mediante el ejercicio de la fuerza legítima que la ciudadanía ha puesto en sus manos. Se configuró así la paradoja que hoy estamos padeciendo: el estado en vez de reprimir a quienes emplean la violencia se reprime a sí mismo y no logra empinarse a la altura de su deber. Y, por supuesto, no basta con explicaciones del tipo de las que formuló, algo al pasar, el subsecretario del interior: son ajustes de cuentas entre bandas, dijo, como si ello fuera admisible en un estado democrático comprometido con sus deberes, como si se pudiera diagnosticar la existencia de bandas armadas y los enfrentamientos entre ellas para excusarse de cumplir los propios deberes que son, como queda dicho, obligaciones de resultado, no de medio, no deberes de conducta, sino la garantía ante los ciudadanos de que hay cosas que simplemente no ocurrirán como que haya quince personas muertas a balazos en apenas dos o tres días. Esa garantía, por llamarla así, se ha incumplido, se está incumpliendo de manera flagrante (mientras algún personero gubernamental ocupa su tiempo en discernir interpretaciones cantinflescas para disminuir el patrón electoral). Las autoridades políticas no deben fungir de intelectuales que dudan frente al sentido de los acontecimientos, ni deudores de obligaciones de conducta, ni personas que se excusan una y otra vez describiendo circunstancias o culpando a quienes le antecedieron. Al menos cuando se trata de evitar que las personas mueran a balazos el presidente y los ministros tienen obligaciones de resultado. Y hasta ahora las incumplen de manera flagrante.