Agencias/Redacción

Un operativo conjunto entre Carabineros y la PDI logró la detención de 199 personas y la incautación de 14 armas en la Región Metropolitana, lo que significó desplegar a 1.755 funcionarios de ambas instituciones.

La intervención de la policía uniformada se realizó en todas las comunas y tuvo como objetivo "intensificar los controles y fiscalizaciones preventivas".

En tanto, la PDI puso el foco en "detener a infractores de la Ley de Extranjería", en los sectores de Patronato, La Vega y Bellavista (específicamente en el barrio La Chimba).

Las 199 personas fueron detenidas por violaciones a la ley de armas, abuso sexual y descato. De este grupo, 52 son extranjeros.

También se confirmó la incautación de 14 armas, 25 vehículos y dos kilos de droga, cursándose un total de 1.167 infracciones a la ley de alcoholes.

Durante el operativo, que se extendió por cuatro horas, fueron fiscalizadas más de 7.400 personas, incluyendo controles de identidad y migratorios. De hecho, se recibieron 290 denuncias a extranjeros que se encuentran en situación irregular.

El general inspector de Carabineros, Jean Camus, contó que "como resultado de este trabajo 2.330 kilos de droga, 25 vehículos que fueron incautados y retirados de circulación, 14 armas (entre armas de fuego y armas blanca), además de 8 municiones".

Además, se informó que se produjeron dos persecusiones debido a que interceptaron dos delitos mientras se cometían in-fraganti, quienes terminaron capturados.

Fatal atropello

En tanto, ayer fueron formalizadas las dos mujeres detenidas por el robo a una farmacia en la comuna de La Cisterna.

Esto provocó una persecusión por parte de Carabineros y en donde un tercero atropelló a un inspector municipal que se encontraba en un operativo, causándole la muerte en el lugar.

El conductor del vehículo involucrado quedó en libertad, ya que de acuerdo a las pericias realizadas por la SIAT de Carabineros, él no tuvo responsabilidad en los hechos.

La fiscal Paulina Sepúlveda, de la Fiscalía Metropolitana Sur, informó que "el Ministerio Público va a formalizar inverstigación en contra de dos imputadas de sexo femenino como autoras de un delito de robo con intimidación ocurrido en una farmacia de La Cisterna".

Sepúlveda aseguró que el hecho lo habrían cometido "en conjunto con otros sujetos no identificados por el momento y que, luego de cometido el delito, habían huído a bordo de un vehículo motorizado".

Por esta razón, la fiscal solicitó la prisión preventiva de las imputadas por considerárseles como un peligro para la sociedad.

Consternados

Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, se refirió a este accidente en sus redes sociales y dijo que "condenamos enérgicamente el actuar delincuencial que provocó esta tragedia para toda la familia cisternina".

"Estamos profundamente consternados. En el combate contra la delincuencia nuestro inspector municipal, Mauricio Díaz, fue atropellado. La gravedad de sus lesiones, lamentablemente, terminaron con su vida", complementó el alcalde Olmos.

Hace 100 años se discutía en el Congreso Nacional un proyecto de ley por el cual se introducía la "dieta parlamentaria". Este había sido enviado por el Ejecutivo (gobernaba Arturo Alessandri) el 19 de febrero de 1924 para terminar con la gratuidad en el ejercicio de los cargos parlamentarios. Pero, como la introducción de una remuneración para senadores y diputados implicaba modificar la constitución vigente en la que se estipulaba que estos cargos eran gratuitos, y ello era un proceso engorroso que se demoraba algunos años, porque en él debían intervenir dos congresos sucesivos (una legislatura debía determinar los artículos a reformar y la siguiente concretar los cambios constitucionales) esto se hizo bajo la forma de una ley interpretativa. En efecto, no se introduciría propiamente un sueldo, sino unos "gastos de representación". Así se torcía la letra de la Constitución. Como bien se sabe, la discusión de ese proyecto en el Senado los primeros días de septiembre de 1924 provocaría el "ruido de sables", la rebelión de la oficialidad joven del Ejército que terminaría por poner fin al régimen parlamentario y dar inicio a un nuevo ciclo constitucional.

Bajo la vigencia de la Constitución Política de 1925 se mantuvo la tendencia parlamentaria a saltarse tanto la letra como el espíritu de la misma, sobre todo a partir de los revolucionarios sesenta. El Mercurio, a propósito de la tramitación de un proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente Eduardo Frei en 1967, hacía ver que por simple acuerdo de los comités del Senado se había resuelto "que la corporación no conozca de un proyecto del Ejecutivo, aunque se le haya señalado urgencia, sino que cuando se cumplan los plazos en que esos organismos dispusieron que se podía legislar", de forma que parecían tener mayor fuerza las decisiones políticas de los partidos que las normas constitucionales. También se habría hecho caso omiso de la exclusividad del Presidente de la República en materia de gasto público. Pero quizá si el ejemplo más ilustrativo de esta tendencia se había dado al promulgarse en 1962 la ley 15.020 de reforma agraria en la que se reducía a sólo un 10% el monto de la indemnización que debía pagarse al contado al afectado por una expropiación, contra el texto expreso del 10 n° 10 del texto constitucional. "El Congreso ha tramitado un proyecto de reforma agraria contrario a la Constitución, sostenía el editorialista de El Mercurio el 14 de febrero de 1967, condicionándolo a que se modifique una de las garantías fundamentales de ésta. Se han aprobado disposiciones retroactivas que violan el derecho de propiedad. Hubo quienes pretendieron dar facultades fiscalizadoras políticas al Senado, a propósito de su intervención en los ascensos militares; y la Cámara de Diputados, que debe fiscalizar los actos del Gobierno, se ocupó en varias oportunidades de investigar actividades privadas".

Todas estas eran señales evidentes de que el régimen de gobierno de 1925 se acercaba a su fin, lo que se haría realidad con una nueva intervención militar en septiembre de 1973.

Como suele ocurrir, las lecciones históricas no se han aprendido y en el último tiempo menudean los intentos parlamentarios por saltarse la letra y el espíritu de la Constitución de 1980, por los mismos cuyo proyecto constitucional fue derrotado por una amplísima mayoría de la ciudadanía en un plebiscito no tan lejano. El último ejemplo entre muchos otros es el intento de dejar en nada la introducción del voto obligatorio - por razones electorales circunstanciales -, a través de la vía de eliminar por vía legislativa la sanción con la que se castiga el no votar. Vamos por mal camino. Si las autoridades de gobierno y los parlamentarios no respetan el estado de derecho, ¿cómo se puede esperar que lo respeten la mayoría de los ciudadanos?

Universidad de los Andes.

En prisión preventiva quedaron los únicos tres detenidos tras la balacera ocurrida en la comuna de Lampa, que dejó a cinco personas fallecidas.

Así lo determinó ayer el Tribunal de Garantía de Colina, que además fijó en 120 días el tiempo para realizar la investigación. Estas indagatorias tendrán el carácter de secretas.

Hasta el momento no existen autores confesos de los crímenes que se dieron en el contexto de una fiesta clandestina.

Sin embargo, el tribunal estimó que la prisión preventiva se justifica en razón "de que su libertad era un peligro para la sociedad" y que dejarlos libres podría atentar contra el éxito de la investigación.

Así lo explicó el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Ernesto González, quien recordó que el miércoles pasado se había realizado el control de detención, siendo uno de ellos formalizado por obstrucción a la justicia, tras haber borrado todos los contactos y mensajes de su teléfono.

Respecto del denominado "after-party", que dejó cinco fallecidos y otras 7 personas heridas, el Gobierno también se querelló contra quienes resulten responsables.