A no bajar los
En materia de seguridad pública ya no nos duele tanto lo duro de los golpes como lo tupido con que nos pegan.
Apenas nos estábamos reponiendo de la seguidilla de fines de semanas con partes policiacos que más parecían partes de guerra con decenas de muertes en cada oportunidad, cuando el anterior fin de semana nos trajo los pormenores del asalto a la sucursal en Rancagua de la empresa de transporte de valores Brink's. Podría haber sido el guion de una fantástica película de acción, o de una nueva producción de Netflix porque tuvo de todo: alrededor de 30 (¡sí, 30!) asaltantes coordinados en diversas acciones, llamadas de distracción a la policía, automóviles incendiados para eliminar pistas. O sea, todo lo que se necesita para pasar una tarde entretenida viendo la tele.
Sólo que era la realidad. Y lo más grave, la realidad de nuestro país.
Una realidad que probablemente no podíamos siquiera imaginar hace no más de diez años. Y la historia fantástica no termina ahí: sigue con 20 asaltantes apresados a las pocas horas de cometido el asalto, acusaciones del Ministerio Público a la PDI por no haber entregado información que poseía acerca de la posible comisión del robo antes de que éste se cometiera; descargo de la PDI diciendo que se trataba de información sobre el robo ¡a otra empresa transportadora de valores!; el llamado a retiro del prefecto de Cachapoal de la PDI; incautación de equipos en las dependencias de la PDI en Rancagua por parte del OS9 de Carabineros.
Y como guinda de este sucio pastel, el dinero aún no aparece y la propia empresa es incapaz de decir a cuánto asciende.
Trama de película
Ya está dicho: parece la trama de una película. No falta nada, incluida la posibilidad -y sólo digo posibilidad- de corrupción policial y también corrupción o una formidable desprolijidad de la empresa -y sigo diciendo que es algo que podría, sólo podría, ser-. Es verdad que si fuera una película sería exagerada, pero probablemente seguiría siendo entretenida si no fuera porque está mostrando la penosa realidad de aquello en lo que se ha convertido nuestro país.
Una treintena de personas participando de un millonario asalto: ¿puede haber un mejor ejemplo de delito o crimen organizado? Probablemente no, aunque preferimos reservar el calificativo para bandas criminales todavía más grandes, para organizaciones internacionales que operan en diversos rubros criminales y manejan volúmenes de dinero mucho mayores que aquel que robaron los 30 de Rancagua.
Y es que en materia de seguridad pública, nos estamos acostumbrando a cosas enormes. Estamos normalizando la monstruosidad. Ya nos resulta habitual saber que aquí mismo, en nuestra casa, están ocurriendo cosas que sabíamos que ocurrían en otros países de nuestro continente, pero que pensábamos que aquí, entre nosotros, eran imposibles. Esto sólo puede ocurrir en México, decíamos. O en Colombia, o en El Salvador, pero aquí en Chile, jamás. Ellos son diferentes, decíamos, nosotros no somos así, repetíamos.
Pero ahora nos está ocurriendo a nosotros. La realidad nos está mostrando que no somos diferentes. Que somos iguales y que, si fuéramos totalmente honestos, deberíamos calificarnos a nosotros mismos como antes calificábamos a esos otros países y a quienes habitan en ellos.
"No podían entrar"
Y lo menos que hacíamos, cuando sabíamos que había territorios de Colombia en los que la policía no podía entrar o que en México un alto funcionario policial era alejado de su cargo o encausado criminalmente por negligencia o por corrupción, era hablar de "Estados fallidos". O, si nos sentíamos indulgentes, explicábamos esos comportamientos como propios del "temperamento" de las personas de otras latitudes, tan diferente del nuestro que, no por nada, éramos "los ingleses de América Latina".
Pero los asaltantes del Brink's son chilenos. Y el prefecto de la PDI llamado a retiro también es chileno. Y esos chilenos que están detenidos por el asalto en Rancagua reúnen entre ellos delitos tan diversos como asociación criminal, robo con intimidación, porte ilegal de armas, siete ilícitos de incendio, diecinueve delitos de receptación de vehículos y porte de elementos para cometer siniestros.
Sí, debemos aceptar que ya no somos "diferentes" y que el crimen organizado en gran escala llegó a nuestro país para quedarse.
Pero eso no significa que debamos resignarnos a que nos domine. No significa que debamos asumir esa situación como natural. Que debamos normalizar la convivencia con las monstruosidades que nos arroja a diario a la cara la actividad criminal. Quizás ya nunca volvamos a ser los "diferentes" en América Latina, pero sí podemos ser el país que le plantó cara al delito y lo combate con todas las armas que la institucionalidad democrática nos entrega.
Y también con las armas que esa institucionalidad democrática todavía nos puede entregar. Porque, reconozcámoslo, todavía nuestras instituciones son débiles para enfrentar la nueva realidad del crimen organizado, pero eso no tiene por qué perdurar. Existe una frondosa agenda de proyectos de ley que eternizan su tramitación en el Congreso (proyecto sobre inteligencia financiera; proyecto de ley sobre uso de la fuerza; ley de protección de infraestructura crítica; creación del Ministerio de Seguridad Pública; proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado; proyecto para crear la Fiscalía Supraterritorial y fortalecer la eficacia de la persecución penal, entre muchos otros). Pues es hora de que exijamos a nuestros representantes en el Congreso que agilicen su tramitación. Es verdad que las leyes por sí mismas no van a solucionar nada, pero entregan un marco institucional que puede ser el inicio de una mayor eficacia para combatir el crimen, para protegernos.
Más capacidades
Y también debemos exigir mejorar la capacidad de las instituciones existentes. Necesitamos más carabineros y mejor entrenados. Quizás integrar personal civil para las tareas administrativas que hoy deben realizar los mismos carabineros en comisarías y otras dependencias. También aumentar la dotación de la PDI y prepararlos mejor. Mejorar su equipamiento. Exigir más agilidad y más rigor en los juicios penales. Ampliar las cárceles y mostrar rapidez en la tramitación de expulsiones cuando se trate de delincuentes extranjeros. Todo eso cuesta dinero, ya lo sé, pero también podemos exigir a nuestros gobernantes y legisladores que sean capaces de encontrar las formas de financiamiento, quizás redestinando recursos que hoy en muchos casos sólo sirven para alimentar una burocracia hipertrofiada y para pagar proyectos inútiles (basta recordar los casos "convenios").
Y también debemos exigirnos a nosotros mismos más colaboración. Estar atentos y contribuir en la medida de nuestras capacidades personales; ser parte de una cruzada nacional en contra del delito y la violencia. Hacer lo que podamos, pero no rendirnos. A nunca bajar los brazos contra el crimen.