Hace unas semanas la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que busca prohibir y regular el uso de dispositivos digitales, como celulares y tablets, en establecimientos educacionales. La propuesta, que ahora se remitió al Senado para su segundo trámite legislativo, modifica la Ley 20.370 General de Educación, con el fin de limitar el uso de estos dispositivos en las etapas parvularia, básica y media.

El proyecto fue aprobado en general el pasado 30 de julio, cuando se presentaron varias indicaciones que buscaban retomar la idea original de prohibir el uso de celulares en la enseñanza parvularia y básica. Estas modificaciones fueron finalmente respaldadas el lunes 12 de agosto por la sala. Los parlamentarios subrayaron la importancia de restringir el uso de celulares para evitar distracciones en el proceso de aprendizaje. También se consideró la necesidad de adaptar los procesos educativos a los nuevos medios tecnológicos, reconociendo que la tecnología juega un papel crucial en la sociedad actual. El consenso alcanzado en el proyecto fue destacado como un avance significativo.

Un estudio de la Universidad de los Andes señaló que al menos 7 de cada 10 adolescentes chilenos usan su celular regularmente en la sala de clases, y 6 de cada 10 admiten que ello afecta su rendimiento escolar. Algunos expertos dicen que los dispositivos móviles durante el proceso de aprendizaje de los menores generan distracción y falta de concentración. Mientras más temprano se inicia el uso de dispositivos móviles o de pantallas en niños, mayor es su dependencia, lo que dificulta aún más la labor de enseñanza de parte de los profesores. A su vez, hay quienes defienden que haya regulación de su manejo, pero no prohibición, ya que sirve como un elemento complementario en las aulas y solicitan que solamente se restrinja su utilización en algunos momentos.

Pero tal vez donde se enfrentan las mayores complicaciones es en el comportamiento de los niños, que se han hecho dependientes de los móviles y de las tecnologías en general, lo que ha reducido sus tiempos de estudio, se ha afectado la atención, la concentración y se dificulta el aprendizaje. Esto lo saben los profesores, para quienes se ha transformado en una odisea tratar de que los niños y jóvenes en clases se desconecten del móvil y de las redes sociales.

Araíz de los graves temporales ocurridos hace algunas semanas en la zona cetro sur del país, y que dejaron sin energía eléctrica a muchas familias, reflotó un debate en torno a si empresas estatales hubiesen sido más eficientes en ese escenario. Esta disyuntiva no es para nada reciente y cada cierto tiempo, con situaciones como esta, vuelve a la luz de la opinión pública. Muchos políticos, de forma irresponsable a mi juicio, aprovechan estas instancias para instaurar en el imaginario colectivo a la empresa estatal como la solución a todos los problemas. En función de esto, es preciso analizar la verdadera conveniencia de tener empresas estatales en labores que usualmente están en manos de privados, con un argumento técnico.

Veamos datos objetivos publicados por las propias empresas. Codelco, estatal, es una de las mineras más grandes del mundo, el año 2022 tuvo un margen bruto de casi un 28%. Por otro lado, Minera Escondida, una empresa privada, tuvo un margen bruto de casi un 50% para el mismo período. Es necesario entender que ambas empresas venden su producción a precios similares, puesto que el cobre es un commoditie, por tanto, el mayor margen de Escondida se debe sólo a su eficiencia o, visto desde otra manera, el 28% de margen de Codelco se explicaría por su ineficiencia. Caso similar es el TVN, que frente a la competencia privada, muestra pésimos resultados.

Existe múltiple evidencia internacional que indica que el Estado es un mal administrador, por diversos motivos. Por un lado, la rigidez laboral hace que usualmente las empresas estatales sean estructuras pesadas y costosas. Por otro lado, la naturaleza presupuestaria y centralizada del Estado les resta dinamismo a las decisiones frente a una empresa privada similar.

No se trata de defender la pésima gestión de las distribuidoras a cargo de las zonas afectadas, Enel y CGE, fundamentalmente, sino que poner en evidencia que empresas estatales, en su lugar, no tendrían un desempeño mejor, sino que todo indica que sus resultados serían peores. De hecho, el gran dinamismo empresarial vivido por el país en la década de los 90 se debe, en gran medida, a gestión de empresas que previamente fueron estatales.

Con el objetivo de reforzar la tesis, veamos el caso de las empresas chinas, una economía donde el Estado participa en todas las empresas. Sin embargo, esta participación es nominal y en la práctica, las empresas operan bajo la lógica de una empresa privada. De hecho, el éxito mundial de las empresas chinas se debe precisamente a su buena gestión y al hecho de que el Estado no participe directamente en la gestión de ellas.

El llamado es a no darle "cantos de sirena" a la opinión pública, cuando la evidencia indica lo contrario. En ese sentido, la clase política debe ser más responsable con la ciudadanía y propender a que la institucionalidad establecida funcione y sancione las falencias de las empresas involucradas.

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