Carlos Ilabaca

El 13 de septiembre de 2023 es un día que difícilmente olvidarán los funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, pues apenas iniciaban su jornada de aquel miércoles se vieron sorprendidos con la presencia de alrededor de 80 efectivos del OS7 de Carabineros procedentes de Santiago, quienes en cumplimiento de una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía allanaron un total de 15 reparticiones en busca de documentación y todo tipo de soportes electrónicos que sirvieran como medios de prueba para corroborar denuncias sobre eventuales delitos.

El inédito operativo, que se inscribió en la historia de Puerto Montt como el primer allanamiento masivo al consistorio, fue coordinado de cerca por el fiscal Marco Muñoz Becker, quien dirigió en persona las diligencias al interior de la alcaldía.

Transcurrido un año de aquellas medidas intrusivas en la casa edilicia, nuevos antecedentes se conocen sobre los pormenores del operativo, que entregan más luces acerca de una investigación que sigue considerándose reservada por el Ministerio Público, y que hoy tiene a dos ex funcionarios de confianza del alcalde Gervoy Paredes con medidas cautelares (Carlos Soto y Albán Mancilla) y a otros 4 ex funcionarios del Daem y a un asesor del jefe comunal formalizados.

Se gestó el 11-S

Según información conocida por El Llanquihue, la orden judicial de entrada y registro fue concedida por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt el 11 de septiembre y debía llevarse a cabo dentro los 5 días posteriores por parte del Departamento Antidrogas OS7, Jefatura de Investigación de Lavado de Activos de Carabineros de Chile.

Aquel día los funcionarios policiales llegaron con instrucciones claras de ingreso a las dependencias de la Dirección de Educación Municipal (Daem) y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ubicadas en el edificio de Avenida Presidente Ibáñez N°600. En aquellas oficinas debieron tomar contacto con las respectivas jefaturas, ejercidas por María Luisa Rivera y Carla Comicheo, respectivamente. No obstante, la orden incluía medidas específicas hacia otros jefes o directores de unidad, totalizando a una decena de personas. Entre ellos figuraban el jefe de Operaciones, Freddy Barría, y el jefe del Departamento de Finanzas del Daem, Rolfy Ruiz.

Según un informe municipal detallado dado a conocer la semana siguiente a los concejales, en respuesta a un oficio solicitando mayores antecedentes, durante las cinco horas que duró el operativo se incautaron un total de 5 notebooks, 12 computadores de escritorio, 8 teléfonos celulares (dos de uso del alcalde), además de dos discos duros, dos CPU y una tablet.

El mismo documento detalla que, en cuanto a la información requisada, destacan un sumario administrativo del 4 de julio, informes de boletas de honorarios, cuatro decretos con modificaciones presupuestarias del mes de agosto y archivadores con información de tres licitaciones públicas, entre ellas dos relacionadas con mejoramientos de iluminación en sectores poblacionales.

En el Daem se incautó una carpeta con informes del jefe de Finanzas entre los años 2022 y 2023, una carpeta con antecedentes del proceso de interpelación por el déficit del Daem, además de contratos a honorarios y decretos de profesionales a honorarios vinculados a diversos programas realizados entre 2019 y 2023. En Dideco, en tanto, se requirieron las rendiciones de cuentas de la Corporación GEA Vida.

Domicilios allanados

Hasta ahora se conocía que entre los domicilios particulares que formaron parte del allanamiento, figuró la residencia particular del ex jefe de Concesiones, Carlos Soto. Hoy es posible confirmar que a ellos se habrían sumado otros dos domicilios de funcionarios del municipio. Uno de ellos corresponde a la directora de Dideco, Carla Comicheo (quien el viernes pasado presentó su renuncia, la que se encuentra en trámite), y de una de sus asesoras, la asistente social Gloria Ojeda González.

Al analizar en retrospectiva el efecto de estas diligencias, el abogado Braulio Sanhueza comentó que "el allanamiento masivo a las instalaciones del municipio permitió avances sustantivos en la persecución penal de los actos de corrupción liderados por el ex alcalde Paredes, formalizaciones y altos funcionarios presos".

A juicio del jurista que asesoró a los concejales en la acusación por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional (TER) Los Lagos, y que terminó con la destitución del ex jefe comunal, "observamos que el cerco se estrecha sobre el líder de esta banda dedicada al saqueo de dineros del municipio para ser usados para fines personales", manifestó.

Que se pague con cárcel

El concejal Yerco Rodríguez reconoció que hoy se cumple un año "de uno de los episodios más tristes, lamentables y oscuros que ha tenido la política de Puerto Montt" y que significó un antes y un después en relación a cómo se ha manejado la Municipalidad de Puerto Montt. "Yo he sido súper crítico en relación a cómo el ex alcalde administró la Municipalidad de Puerto Montt, lo cual demuestra una pésima estrategia, un pésimo manejo en relación al Daem y qué decir del municipio en general", apuntó. El edil espera que la justicia llegue a las últimas consecuencias y enfatizó que el daño que le causaron a Puerto Montt "se debe pagar de forma administrativa y con cárcel".

Luis Vargas Machado expresó que los hechos que hoy se imputan a funcionarios municipales son sumamente graves, como lavado de activos, fraude al fisco, malversación de recursos públicos y otros. "No queremos ver involucrada a nuestra comunidad de nuevo en estos temas, sino que de una vez por todas se busquen los responsables y paguen con penas de cárcel, pues por muchos años se jugó con la educación de nuestros alumnos".

Juan Carlos Cuitiño opinó que "es positivo que las instituciones estén cerrando con avances en las diligencias, porque la comunidad quiere ver a las instituciones actuar". En ese sentido, valoró la formalización del ex director del Daem, Albán Mancilla, y agregó que "ahora queda desarticular completamente a la banda y eso está solo en las manos del Ministerio Público", dijo.

La concejala Marcia Muñoz tildó como todo un hito lo ocurrido hace un año en el municipio. "Estas acciones, han sido necesarias por dos razones importantes. La primera tiene relación con el esclarecimiento de años de mala gestión, donde los más grandes perjudicados ha sido la propia comunidad. Por otro lado, esto contribuye a recuperar las confianzas en los organismos e instituciones", sostuvo. Para Fernando Binder, la sensación es positiva entendiendo que las autoridades superiores están trabajando y de manera rápida. "Hace un año a nosotros nos tildaron que prácticamente esto era un show, que era político y a medida que va pasando el tiempo, ha sido todo lo contrario".

La alcaldesa subrogante de Puerto Montt, Jacquelin Paz, envió ayer un oficio a la Contraloría Regional de Los Lagos para que se determine si cabe iniciar una investigación relacionada con una denuncia ingresada al municipio, referida a la entrega de 800 ayudas sociales entre 2019 y 2021, presuntamente de manera irregular y sin registro.

La denuncia fue interpuesta por un particular, Homero Henríquez Miranda, quien expuso que dichas ayudas fueron canalizadas a través de la Delegación Municipal Ruta Tepual. El denunciante solicitó que se inicie una investigación sumaria a Jacquelin Paz como directora de Dideco entonces. La alcaldesa (s) recordó que dichas ayudas en época de pandemia fueron otorgadas por el gobierno.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, vecinos instalaron 39 letreros en el viaducto de Puerto Montt. El objetivo es concientizar a la población sobre la problemática de la salud mental que afecta a muchas personas, a través de frases de apoyo y entregar información como es la línea de prevención que posee el Ministerio de Salud. "Esta intervención consiste en poner carteles de la línea 4141 que es la línea de prevención del suicidio y dejar mensajes más personalizados para la gente que está en situación de crisis o se siente mal sepa que no los hemos olvidado", explicó el sicólogo Jaime Fontbona.