Hospital no da abasto para atender a menores con patologías de salud mental
PUERTO MONTT. Falta de camas y de personal especializado, además de agresiones hacia funcionarios y otros internos, derivó en que funcionarios presentaran un recurso de protección.
Graves hechos de violencia física y verbal por parte de pacientes judicializados y/o de salud mental infanto-juvenil, que deben ser internados en el Servicio Médico Quirúrgico Infantil del Hospital Puerto Montt, sumado a la falta de infraestructura (camas) y de personal especializado para su atención, motivaron la presentación de un recurso de protección por parte de dos enfermeras con apoyo de la APRUSS, quienes acusan a las autoridades hospitalarias de un "actuar omisivo" para abordar el problema y acoger sus denuncias.
A juicio de las denunciantes, la gota que rebalsó el vaso se produjo el 19 de marzo de este año, cuando un paciente infanto-juvenil, derivado vía orden judicial por temas conductuales, agredió no sólo al personal del recinto hospitalario, sino también a otros internos menores de edad. La situación gatilló que el hospital solicitara su egreso al Juzgado de Familia de Puerto Varas, por cuanto "constituía un peligro para nuestro personal, pacientes, guardias y cuidadores de la residencia".
El 16 de mayo, el abogado Gonzalo Lepe patrocinó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en favor de la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital de Puerto Montt (APRUSS), en representación de dos asociadas, las enfermeras María Gómez y Jimena Zambrano.
En dicha acción legal, se detalla una serie de situaciones y problemas de infraestructura para abordar la demanda de este tipo de pacientes, cuyo número ha sido ido en aumento tras la pandemia, según sostienen.
El equipo de profesionales del Servicio Médico Quirúrgico Infantil acusó la existencia de limitaciones para hacer frente a las hospitalizaciones de pacientes judicializados y/o de salud mental infanto-juvenil en sus dependencias y enfatizaron la necesidad de contar con infraestructura específica a una Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría Infanto Juvenil (UHCIP), además de un equipo multidisciplinario, capacitados en abordar "episodios repentinos de violencia física y verbal hacia el personal que trabaja en la unidad (agitación psicomotora, descompensación severa de su trastorno mental, condiciones críticas, suicidalidad o conductas auto o hetero agresivas)".
Sostienen los funcionarios que esta situación ha generado graves problemas de ocupación de las camas básicas y de mediana complejidad de la unidad. "Hacemos presente que se trataría de una consecuencia indeseada que perturba y afecta el funcionamiento del servicio; sin embargo, ello en ningún caso justifica el actuar omisivo del Hospital de Puerto Montt respecto de la protección de los derechos de los funcionarios, en particular, la afectación de la integridad física y psíquica de los mismos", afirman.
Violencia física
Los asociados a la APRUSS acusan asimismo la exposición constante a situaciones de violencia física y verbal, por lo que "en su gran mayoría han desarrollado episodios de ansiedad generalizada y profundos cuadros de estrés derivados de esta situación, episodios que se han incrementado en el tiempo".
Marisol Garría, presidenta de APRUSS del Hospital de Puerto Montt, comentó que "se llegó a interponer este recurso de protección después de haber hablado en reiteradas ocasiones con las autoridades respecto a la vulneración de derechos que sufrían bastantes actores que hacían uso del servicio de pediatría de Hospital", dijo. En ese sentido, complementó lo anterior al expresar que "la vulneración de derechos no sólo era para nuestros funcionarios y funcionarias, sino que también para los pacientes de medicina pediátrica común, que tenían que compartir espacios y funciones con pacientes de salud mental descompensados, y también había una vulneración de derechos hacia los mismos pacientes de salud mental que estando en pediatría tampoco recibían la atención especializada que requieren".
El abogado Gonzalo Lepe recalcó que la APRUSS actuó en este caso "en función del mandato que tiene que proteger la salud mental y la integridad física y psíquica de todos sus asociados, en especial de los profesionales de la salud, habida cuenta de las nulas medidas adoptadas por el Hospital, fundamentalmente por la dirección, y la falta de capacidad de respuesta respecto de una serie de problemas existentes en algunas unidades del Hospital, que derivan la internación de pacientes que son altamente peligrosos para el resto de los usuarios y también para los trabajadores". Al respecto, afirmó que el recurso de protección busca que el Hospital adopte medidas concretas para resguardar la integridad física y psíquica de los trabajadores.
Respuesta del Hospital
El recurso de protección aún no ha sido resuelto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que ya ha solicitado informes.
En su respuesta, el abogado César González, en representación del Hospital de Puerto Montt, reconoce las falencias en temas de infraestructura.
"El Hospital Puerto Montt fue diseñado con seis cupos de UHCIP (...), lo cual ha demostrado ser claramente insuficiente especialmente pospandemia. Se ha presentado en varias oportunidades al equipo directivo, en distintos años, la necesidad de más camas, ya que en promedio hay 10 pacientes de esa área entre el médico Quirúrgico Infantil y las camas de hospitalizados adultos (Psiquiatra Infanto-juvenil va entre 12 a 18 años) debido a que tienen indicación de hospitalización (incluyendo pacientes con indicación judicial de ingreso a hospitalizar) y no hay camas disponibles en Unidad de Psiquiatría infanto juvenil", detalló. A la vez, se reconoce que "uno de los efectos importantes que ha tenido la pandemia ha sido el aumento de la patología de salud mental, con incremento de los requerimientos de manejo en pacientes hospitalizados y ambulatorios tanto en el área Adulto como Pediátrico".
Reveló que se ha presentado la necesidad del aumento de los cupos de psiquiatría infanto-juvenil al Servicio de Salud del Reloncaví y está pendiente de ejecutar un proyecto para aumentar las camas. Y con respecto a la necesidad de contar con personal capacitado, el abogado en su contestación al recurso detalla que, teniendo en cuenta lo anterior, "se contrató un equipo de enlace con trabajadora social, terapeuta ocupacional y psicóloga para los pacientes que no estuvieran en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil y que están dentro de los otros pisos".