La crisis penitenciaria que amenaza a nuestra democracia

La situación del sistema penitenciario es crítica. En las cárceles se refleja la actividad criminal que se vive en las calles, con su huella de homicidios y temor. La llegada del crimen organizado transnacional y la penetración del narcotráfico y su cultura han modificado el perfil criminológico de la población penal. Nuestras cárceles están evolucionando rápidamente hacia centros lucrativos de actividad delictiva, desde donde se dirigen ilícitos que impactan tanto el interior como el exterior de los penales.

El problema penitenciario se ha agudizado por su desborde físico. Hay 79 cárceles en Chile con capacidad para 41.931 personas privadas de libertad. Pero la población penal ha aumentado en 44% desde el 2019, llegando a 60.500 internos, desbordando el sistema. La tasa de sobreuso de las cárceles es de 38%, un promedio que oculta realidades regionales críticas. Tanto en Atacama como en el Maule hay más de dos personas encarceladas por cada cupo disponible.

Esta crisis de infraestructura se refleja en varias dimensiones. Un 43% de las cárceles no concesionadas se encuentra en condiciones físicas deficientes. Además, el hacinamiento y el nuevo perfil criminal influyen en la destrucción y daño recurrente de las instalaciones. Las malas condiciones de los recintos impiden las labores de reinserción, lo que socava las políticas de seguridad del país (más reinserción es más seguridad).

La realidad en América Latina nos enseña que estas condiciones conducen al control criminal de las cárceles, una empresa lucrativa y devastadora para las democracias.

Las bandas criminales capturan un mercado interno para la extorsión y el comercio ilegal. Según Gendarmería, en nuestras cárceles el gramo de droga puede costar siete u ocho veces más que su valor convencional. Los centros penitenciarios se pueden convertir en fuente de reclutamiento para pandillas y carteles y en refugio para la dirección a distancia de delitos en el exterior. Cuando bandas criminales controlan las cárceles, la corrupción se expande y los propios agentes de control pasan a formar parte de ellas. Preocupa que estas situaciones ya se observen en nuestros penales.

La crisis penitenciaria hace urgente la rápida ampliación de las capacidades del sistema. El centro penal La Laguna, en Talca, recién inaugurado y con capacidad para 2.300 reclusos demoró 16 años en materializarse. No podemos esperar tanto para contar con nuevos recintos.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha propuesto un plan para crear 12 mil nuevas plazas en el sistema al 2030, mediante la construcción de nuevos recintos -como en Calama y Copiapó- y la ampliación de varios existentes. Para ello, enviará un proyecto de ley que apunta a disminuir los tiempos de ejecución del plan. Ante la urgencia de la crisis carcelaria, este proyecto debe ser tramitado, mejorado y aprobado con apoyo político transversal y con celeridad. De lo contrario, como ocurre en Ecuador, Venezuela o Brasil, las cárceles chilenas pasarán a manos del crimen organizado, haciendo aún más difícil su erradicación.

Las madres desesperadas de casi una decena de jóvenes acusados de terrorismo en Venezuela claman por su libertad, tras casi dos meses de su detención por haberse manifestado contra los resultados anunciados oficialmente o contra el presidente Nicolás Maduro. Al grito de "ínuestros hijos no son terroristas, son inocentes!", las madres de ocho jóvenes recluidos en un centro de detención del oeste de Caracas se apostaron a las puertas de la fiscalía general para entregar una carta en la que pedían que sus hijos sean excarcelados y que sus casos no se olviden.

Tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador sin darse a conocer las actas de votación hasta ahora, se sucedieron varias protestas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González. A raíz de las manifestaciones, más de 1.700 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo.Neryda Ruiz, la madre de unos de los detenidos de 16 años, Ángel Moisés Ramírez, fue a verlo el viernes -un día después de la protesta junto a otras madres que lloraban desconsoladas- como suele hacer cada semana.

Ella, como las otras madres, asegura que su hijo fue apresado de forma arbitraria el 31 de julio. Recuerda que Ángel estaba cocinando una arepa -una especie de pan de maíz- en su humilde casa en El Valle, una barriada pobre del suroeste de Caracas, cuando funcionarios de las fuerzas de seguridad irrumpieron preguntando por el robo de una motocicleta. Luego de revisar el teléfono móvil de Ángel y de su tía de 43 años, Marelys Ruiz -que vive en la habitación de al lado-, se lo llevaron detenido.

"Como madre en cada visita uno se alegra de verlo, pero en el momento que dicen 'se acabó la visita', uno se pone triste de dejarlo allí nuevamente", comentó. "Cada vez que lo veo me lleno de ánimo para seguir".

Un vídeo compartido en las redes sociales tras la detención, mostraba a Ángel con un chaleco antibalas y una máscara, siendo bajado por los funcionarios a través de las estrechas escaleras que dan acceso a las precarias viviendas apiñadas en las laderas de las montañas.El vídeo tenía música tecno y aparecía un mensaje en pantalla: "Operación TunTun (la policía toca a su puerta). Sin lloradera".

Como muchos otros detenidos, Ángel fue apresado por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanece encarcelado desde entonces. Luego le fueron sumando cargos relacionados con las protestas.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las fuerzas de seguridad capturaron a más de 2.400 personas. De ellas permanecen detenidas 1.723, de las que 68 son adolescentes, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. A principios de septiembre, 86 adolescentes fueron liberados, indicó Foro Penal, recientemente.

La oleada de detenciones, fomentada por el propio Maduro, no tiene precedentes y a este ritmo superará con mucho los arrestos durante masivas protestas callejeras en años anteriores contra la oposición a Maduro.Entre los afectados hay periodistas, líderes políticos, personal de campaña y un abogado que defendía a manifestantes. Otros han visto anulados sus pasaportes venezolanos cuando intentaban salir del país.

En una rueda de prensa virtual, el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, reiteró el viernes que Estados Unidos no reconoce el alegato de Maduro de que ganó las elecciones sin mostrar evidencias. Pidió que se respeten los derechos humanos y que las autoridades venezolanas dejen de detener a opositores.

"Las fuerzas de seguridad de Maduro detuvieron arbitrariamente a miles de venezolanos", dijo el alto funcionario estadounidense tras los comicios. Al respecto hizo un "llamado por la liberación inmediata de los detenidos".

Neryda trabaja como cajera en un comercio en el este de Caracas, al otro extremo de la capital venezolana, y su vida no ha vuelto a ser la misma desde aquella mañana. Durante casi dos meses ha recorrido los tres centros de detención donde Ángel ha estado recluido.

Lo visita los martes y viernes y no aguanta el llanto cuando recuerda las conversaciones con su hijo. "Mamá, sé que el tiempo de Dios es perfecto, sé que me ayudará a salir de aquí", recuerda Neryda, destacando que su hijo le dice que está cansado de estar encerrado y teme perder el año escolar próximo.

Ángel está acusado de los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y resistirse gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. En su casa, desempeñaba un papel fundamental. Cuidaba de dos pequeños mientras su madre y su tía iban a trabajar. El hijo menor de Neryda cumple 2 años en noviembre y la menor de Marelys, tiene 4 años.

Soldados entran a la cárcel de Torón, en venezuela.