La oposición al Gobierno de Gabriel Boric y específicamente la derecha política, nos debe una explicación a las chilenas y chilenos.

Primero fue la revelación del escandaloso ingreso mensual que una universidad le pagó por años a una connotada política derechista por actividades por las que a otras personas con más méritos académicos que ella, se le paga cuatro o cinco veces menos.

Diecisiete millones de pesos mensuales recibió Marcela Cubillos durante ese período. Es un ingreso muy alto, aunque seguramente existen sueldos más altos que ese en Chile. Ese no es el problema. El problema es que sus colegas saben que no los merecía. Y si la universidad estimaba que sí los merecía, esos otros académicos deberían haber recibido un sueldo equivalente.

En cualquiera de los dos casos se trata de una injusticia o de un abuso: una injusticia con los académicos subvalorados o un abuso por parte de Cubillos que recibe lo que no merece. Y lo cierto es que se trata de ambas cosas: la universidad cometió una injusticia con los académicos y Cubillos abusó de la universidad o de quienes financian a la universidad, que son los alumnos y el Estado que beca a alumnos.

Remuneración única

En lo que toca a la universidad, por lo menos, la situación quedó aclarada en palabras de su rector Hugo Lavados, en entrevista que concedió a La Tercera y que ésta publicó el pasado miércoles. En ella aceptó que se trataba de una remuneración "única en la universidad" y que por ello se había hecho necesario crear un comité destinado a analizar casos semejantes.

Pero lo que hizo más odiosa esta situación fue la defensa que la derecha, o por lo menos una parte de ella, hizo de la actuación de Marcela Cubillos. Encabezados por ella misma, alegaron, primero, méritos académicos excepcionales que ella no tiene; y se refugiaron después en la idea de "libertad": la que tendría Cubillos para ganar lo que quisiera o la de la universidad -una institución privada, dicen- para pagarle lo que ella quiera o exija, aunque no se lo merezca. Afortunadamente este argumento lo rebatió también el rector de la universidad, que en la entrevista mencionada aclaró que "dado que esta (la Universidad San Sebastián) es una institución regulada que cumple funciones públicas, que genera bienes públicos, creo que tiene que ser extremadamente responsable por lo que hace y dar cuenta. Y no cabe duda alguna que no es lo mismo que una fábrica de zapatos".

Con esas actitudes tanto quienes defienden a Cubillos, como ella misma, demostraron no darse cuenta de que a quienes realmente ofendieron con sus argumentos es a los millones de chilenos y chilenas que trabajan el doble o el triple que Cubillos y que reciben en pago salarios veinte o más veces inferiores al que ella recibió.

Por eso resulta tan ofensivo e insultante la defensa que ella o sus amigos hacen del sueldo que recibió.

Es un insulto a todas las personas de esfuerzo y nuestra enorme clase media que lucha cada día por su superación.

Es que cabe preguntarse entonces, ¿en qué país creen que viven?

Acusación constitucional

La segunda situación que convierte a la derecha en deudora de las chilenas y chilenos es la que esa derecha protagonizó el lunes pasado. Temprano esa mañana Republicanos, con el apoyo explícito de la UDI, declaró que presentaría una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior (Carolina Tohá). Hay que recordar aquí que cuando quienes hoy gobiernan eran oposición y estaban afectados por la fiebre del "octubrismo", se dedicaron a disparar acusaciones constitucionales contra todo lo que se moviera en el gobierno de Sebastián Piñera, incluido el propio Presidente. En ese instante, quienes ahora son oposición y entonces gobernaban, razonablemente criticaron esa práctica como irresponsable e incluso antidemocrática. Y el reclamo era razonable porque las acusaciones constitucionales, en nuestro sistema institucional, están contempladas para casos extremadamente graves de conductas dolosamente encaminadas a subvertir la Constitución.

La acusación en contra de la ministra Tohá supone que ella infringió la ley, la Constitución o ambas, pero la explicación con que la han acompañado habla sólo de la supuesta incapacidad de la ministra para controlar la actividad delictual en el país, que por cierto, es la principal preocupación de todos los chilenos y chilenas. O sea, la están acusando de incapacidad o en el peor de los casos de incompetencia, pero no de esos otros cargos que justificarían la acusación constitucional. Es decir, ahora que son oposición incurren en la misma irresponsabilidad que antes criticaban cuando eran gobierno.

Esa ya era una actitud irresponsable de la derecha, pero en el curso de ese día lunes se agravó aún más, pues la bancada de diputados de Renovación Nacional decidió no quedarse atrás de Republicanos y la UDI y elevar la apuesta en esta competencia por mostrarse disparatados en sus acciones: anunció nada menos que una acusación constitucional contra el Presidente.

La idea, que esos diputados se encargaron de informar clamorosamente a todo el país durante algunas horas usando cuanto medio de comunicación pública o social se puso a su alcance, nunca terminó de ser explicada y dejó la impresión a todos de que se trataba sólo de un intento por empatar con lo que hacían sus compañeros de ruta.

Afortunadamente el presidente de su partido, el senador Rodrigo Galilea, les enmendó la plana algunas horas más tarde declarando que no estaba de acuerdo con la absurda decisión de sus diputados. Luego de un período en que deben haber discutido mucho y muy duro, los diputados finalmente aceptaron el criterio de su presidente y anunciaron que la acusación no se presentaría.

"Juego algo absurdo"

Pero el mal ya estaba hecho: Renovación Nacional, o sus diputados, le habían demostrado al país que podían intentar cualquier cosa, por irresponsable que fuese, para llamar la atención y, sobre todo, para competir con quienes se suponen que son sus aliados. En definitiva, pareciera que es un juego algo absurdo, en tratar de demostrar quién es mas radicalmente opositor.

Las preguntas que cabe hacerse después de estas actuaciones de la derecha opositora son ¿cómo pretenden gobernar y proteger a sus gobernados de injusticias y abusos si creen que, en cuestiones de dinero, tienen derechos que no tenemos el resto de las chilenas y chilenos? ¿Cómo pretenden gobernar si ni siquiera son capaces de gobernarse ellos mismos y nos ofrecen papelones como los que exhibió Renovación Nacional hace una semana?

Esa es la deuda más grande que ellos han adquirido con el país, porque quienes hoy critican al Gobierno y anhelan un cambio en la conducción del país, es probable que hubiesen puesto sus esperanzas en ellos. Y con lo que han hecho durante las últimas semanas están defraudando esas esperanzas.

Y vuelvo a la pregunta original. ¿Qué le está pasando a la derecha?