Las autoridades y Carabineros han desarrollado sendas campañas en el país para sensibilizar a los conductores acerca de la necesidad de respetar los límites de velocidad, considerando que en 2018 entró en vigencia la reforma a la legislación, que rebajó de 60 a 50 kilómetros por hora la máxima en zonas urbanas, y que hasta ahora parece que no ha sido internalizada por los automovilistas. Asimismo, no siempre se respeta la velocidad indicada en las señalizaciones instaladas en carreteras.

Según Carabineros, en los accidentes influyen factores como la alta velocidad, la imprudencia de conductores y de peatones que cruzan con luz roja o por lugares no habilitados, y la conducción descuidada, en lo que hablar por celular o escribir por WhatsApp tienen una alta incidencia. También lo es exceder los límites de velocidad.

En 2018 se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley de Tránsito, que redujo la velocidad máxima de circulación en las zonas urbanas de Chile de 60 a 50 km/h. Asimismo, en octubre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.495 que, además de tipificar las carreras clandestinas, introdujo la calificación de "velocidad temeraria", con el propósito de desincentivar esas conductas de los automovilistas. Esta acción quedó tipificada como delito, cuando se supera la velocidad máxima permitida.

Es evidente que la policía no tiene la disponibilidad necesaria de personal para tener presencia como fuese deseable en todas las calles y carreteras para controlar los límites de velocidad. Y por eso se realizan estas campañas con el fin de formar conciencia en los conductores de que deben prevenir accidentes. Hay que considerar que el 90% de los accidentes ocurren por imprudencias o fallas humanas y que muchos de ellos que ocurren con resultados de muertes podrían ser evitables. Y en el caso de los peatones, es necesario cruzar las calles en las esquinas y no en zonas prohibidas.

En general, el control del límite de velocidad ha sido bien recibido, pues hay que entender que el sistema vial no lo componen solamente los automovilistas y la locomoción colectiva, sino también los peatones y los ciclistas. Por mucho que se invierta en nuevas leyes, campañas preventivas, en señales viales o por más carabineros que resguarden calles y carreteras, si no hay una actitud de toma de conciencia de quienes asumen la tarea de guiar un vehículo, todos los esfuerzos que se hagan serán estériles.

Para nadie es un misterio que la institucionalidad hace rato ya que está en problemas. Las mediciones desde hace años así lo demuestran, situando a la política y a la justicia al fondo de la tabla de credibilidad y confianza ciudadana.

Esto, en todo caso, viene de mucho antes que conociéramos los tristes espectáculos que, con un alto grado de frivolidad, vemos semana tras semana y que siembran en la opinión pública la idea de deslegitimación de las autoridades e instituciones públicas, gracias a la instalación de una especie de sensación térmica de que en el país "está la escoba". En todo caso, más de algo de esto último hay.

A pesar de ello, y siendo evidente el peligro para la estabilidad del país y para la democracia, resulta paradójico que no se visualice hasta aquí una voluntad política seria con sentido de urgencia encaminada a superar de una vez los problemas que hace tiempo están a la vista en el actual diseño político e institucional.

No se trata de cambiarlo todo al estilo "hoja en blanco" propugnado demagógicamente por los revolucionarios woke del macizamente abortado primer proceso constituyente. No todo está mal.

Al revés, precisamente la solidez de nuestras instituciones es lo primero que debe reafirmarse, valorarse y fortalecerse para comenzar desde allí con un proceso de cambios circunscrito específicamente a aquellos nudos críticos que están generando las disfuncionalidades más importantes, como por ejemplo, las fórmulas de nombramientos y controles de determinadas altas autoridades.

Tampoco es cierto que las falencias a nivel de diseño del sistema sean las únicas responsables de la actual crisis. Es más, el primer lugar del podio se lo lleva con creces la mala gestión pública que, precisamente, es posible gracias a las deficiencias de un modelo institucional que posibilita que cargos relevantes queden impúdicamente en manos de personas incapaces, indolentes e incluso, en algunos casos, corruptas.

No hay mucho tiempo. En medio de la pasividad, la demagogia está a la vuelta de la esquina, al igual que los caudillismos megalómanos cortoplacistas.

La pregunta entonces es ¿por qué aún no se resuelven estos evidentes nudos críticos del diseño político e institucional?

La respuesta es simple. Todos los cambios que se requieren implican modificar los actuales equilibrios de poder, mayores controles al mismo y, sobre todo, afectan intereses y privilegios. Se trata entonces de una tarea sin incentivos para el poder político.

En otras palabras, la solución está en manos del problema.

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