Tras casi un año y medio de arduo trabajo y diálogo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento avanza hacia el cumplimiento de su mandato: recomendar al Presidente medidas que puedan dar un nuevo comienzo a la relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche. Este esfuerzo no ha sido sencillo. El diálogo en sí es un desafío, entre visiones complejas y diversas que convergen en esta misión. Sostener este proceso hasta hoy, aunque persistan dificultades, indica que se camina en la dirección correcta.

Este trabajo es un deber de Estado. Durante este tiempo, se han superado coyunturas políticas y resistido presiones de la contingencia para mirar más allá de las urgencias inmediatas. Personas de distintos puntos del espectro político, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, han confluido para construir puentes que el país necesita. Chile requiere liderazgos capaces de forjar acuerdos en temas que por mucho tiempo han sido fuente de frustración y dolor para quienes viven entre las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Aun reconociendo las legítimas suspicacias de muchos sectores, el Estado sigue siendo responsable de abrir el camino hacia una convivencia que incluya a todos sus habitantes, sin dejar a nadie atrás.

La importancia de este proceso radica en su carácter inclusivo. En los últimos estos meses, la Comisión ha llevado adelante un exhaustivo proceso de diálogo, con casi setenta encuentros en terreno a los que asistieron más de dos mil personas. Hombres y mujeres que, sorteando desconfianzas, han compartido sus visiones, experiencias y propuestas para encontrar soluciones duraderas: agricultores, trabajadores forestales, víctimas de violencia y miembros de la sociedad civil, todos contribuyendo con un compromiso que merece reconocimiento.

Es una problemática histórica, compleja. Hay recelos comprensibles: promesas incumplidas, y la sensación de que con cada cambio de gobierno los acuerdos y compromisos previos pueden quedar en el olvido. Es una herida abierta que forma parte de este diagnóstico. Por eso, el objetivo es que las recomendaciones de esta Comisión sean viables y sostenibles, cimentadas en acuerdos amplios y duraderos, que puedan trascender los ciclos políticos. Avanzar es imprescindible; permanecer inmóviles sería retroceder.

El resultado de este trabajo deberá ofrecer certezas para todos los habitantes de las regiones afectadas. No se trata únicamente de atender demandas territoriales, aunque es un componente esencial. Es también un compromiso de avanzar en la reparación al pueblo Mapuche y en brindar apoyo a víctimas de toda forma de violencia, sin distinciones. Crear condiciones para reducir la incertidumbre y dar a estas comunidades la oportunidad de un futuro con desarrollo y paz es una responsabilidad que debe asumirse colectivamente. Este proceso no resolverá todos los problemas de la noche a la mañana, pero hay convicción en su potencial de sentar las bases de una convivencia más estable y equitativa.

Estos pasos no representan el final de un proceso, sino el inicio de un camino hacia una realidad que pueda ofrecer más estabilidad y esperanza. El desafío ha sido y sigue siendo considerable, pero se confía en que este esfuerzo abrirá las puertas hacia una realidad mejor. Es una oportunidad que no puede dejarse pasar, y todos los involucrados deben comprometerse a mantener esta voluntad de avance y de acuerdo; la alternativa sería perpetuar tensiones e injusticias.

El liderazgo necesario para este momento no puede recaer únicamente en las y los ocho comisionados, quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a esta misión. Estos comisionados y comisionadas han viajado por las cuatro regiones, han escuchado, dialogado y recogido todas las miradas, han trabajado con un espíritu de compromiso que pocas veces se encuentra en la vida pública. Pero esa responsabilidad debe ser también asumida por todos los sectores políticos y sociales, por cada uno de los actores locales.

En estas horas decisivas, se invita a todos y todas a respaldar esta contribución, a apoyar a quienes han trabajado incansablemente para acercar al país a una solución para esta deuda histórica. El respaldo y la voluntad de colaboración de todos los sectores serán esenciales para que este proceso pueda tener un impacto positivo y duradero.

"Este trabajo es un deber de Estado. Durante este tiempo, se han superado coyunturas políticas y resistido presiones de la contingencia para mirar más allá de las urgencias inmediatas. Personas de distintos puntos del espectro político, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, han confluido para construir puentes que el país necesita".