Los cuatro casos penales que pendían sobre el candidato republicano Donald Trump en las elecciones de EE.UU. enfrentan muy probablemente su archivo definitivo tras convertirse en ganador de los comicios presidenciales del pasado martes, pues el Departamento de Justicia no podrá encausarlo una vez tome posesión.

De cara a la investidura presidencial, el 20 de enero de 2025, los funcionarios de Justicia habían dado señales que apuntan al cierre de los dos casos federales impulsados por el fiscal especial Jack Smith, aunque el propio Smith este viernes despejó dudas al pedir una pausa en el juicio penal por el asalto al Capitolio contra Trump, para evaluar la situación.

Su petición a la magistrada Tanya Chutkan señalaba que necesita que se anulen los plazos restantes para determinar "el camino apropiado" en consonancia con las políticas del Departamento de Justicia, que impiden investigar a los presidentes mientras estén en ejercicio. Y la magistrada aceptó pocas horas después conceder la pausa al juicio.

Trump está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio.

Según el diario The New York Times, Smith ya había iniciado discusiones con integrantes del Departamento de Justicia sobre cómo avanzar tras las elecciones en los dos casos federales contra Trump: el del asalto al Capitolio y la acusación en Florida por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder.

El republicano dijo durante la campaña electoral que en su primer día como presidente despediría al fiscal Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra.

Este 21 de noviembre estaba previsto que los abogados de Trump presentaran a la jueza su documentación sobre por qué no debería ser juzgado en Washington después de que el Tribunal Supremo fallara que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad judicial.

El fiscal especial no ha solicitado de momento una pausa en el proceso en Florida.

Trump enfrenta cuatro juicios penales paralelos: esos dos federales y otros dos en cortes locales de Nueva York y de Georgia.

El caso de Nueva York

El caso más acuciante en el que está implicado Trump es el de Nueva York, que está pendiente de sentencia después de que el pasado mayo un jurado lo condenara por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir durante la campaña electoral de 2016 un escándalo sexual pasado.

El juez que preside ese caso, Juan Merchan, ya retrasó la sentencia para evaluar el fallo de inmunidad del Supremo, y tiene fijada una audiencia este martes 12 de noviembre para responder a una moción de la defensa, que además alegaba interferencia electoral, para anular la condena.

Si Merchan decide proceder, la fecha de sentencia es el 26 de noviembre y Trump se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de cárcel, pero los expertos creen que la defensa intentará seguir dilatando el proceso; así, la posibilidad de que pise una cárcel es mínima, sobre todo si los retrasos llegan a la fecha de su nombramiento como jefe del Estado.

Según la cadena CNN, que cita una fuente conocedora de la estrategia de la defensa, los abogados de Trump van a presentar en los próximos días una moción ante Merchan que arguye que un presidente electo tiene los mismos derechos constitucionales que uno en ejercicio, y por lo tanto debe quedar protegido de las acciones de los fiscales.

El cuarto caso penal, en Georgia, por presunta interferencia en las elecciones de 2020, no tiene cara de avanzar antes de la investidura, tras ser obstaculizado por un idilio entre los fiscales que llevó a la dimisión de uno de ellos y a una denuncia de la defensa para que se retire la fiscal de distrito Fani Williams.

Trump y sus abogados siempre han considerado que todos estos casos forman parte de una 'caza de brujas' por parte de una fiscalía que obedece a sus simpatías demócratas.

Trump no solo ganó en las urnas: se apresta a ganar en tribunales.

Este martes, Estados Unidos vivió una de las elecciones presidenciales más significativas de su historia reciente. Donald Trump resultó victorioso con un margen considerable, logrando el respaldo de estados clave y asegurando una mayoría en el colegio electoral.

No solo fue el primer republicano en ganar el voto popular en casi dos décadas -desde George W. Bush en 2004-, sino que además lo hizo con una rapidez que sorprendió a muchos, especialmente considerando que las encuestas preveían una competencia reñida. En la mañana del miércoles, los principales medios reconocieron su victoria, y Kamala Harris reaccionó de manera acorde, concediendo la elección con respeto y sin incidentes. Un marcado contraste con la transición turbulenta que marcó la elección anterior.

Vale la pena hacer memoria y recordar cómo fue el último cierre de votaciones en noviembre de 2020. Tras perder ante Joe Biden, Trump y sus aliados cuestionaron la legitimidad del proceso electoral, desencadenando un intento de reversión de los resultados que culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este grupo de "negacionistas electorales" volvió a movilizarse en las semanas previas a la elección de esta semana, advirtiendo sobre la posibilidad de un nuevo fraude electoral en caso de que Trump no resultara electo. Sin embargo, tras conocerse los resultados a favor del candidato republicano, estas voces han permanecido en silencio.

En Chile estamos acostumbrados a una dinámica electoral distinta, donde los resultados preliminares se conocen rápidamente tras el cierre de las urnas. Si bien nuestro país es pequeño en términos de población, la eficiencia y transparencia de nuestro sistema electoral es notable, incluso en elecciones concurrentes y de gran magnitud.

Esta agilidad en el conteo de votos refleja la fortaleza de nuestra institucionalidad electoral, que permite reabrir mesas y realizar un nuevo escrutinio en casos de discrepancias, como ocurrió recientemente en la elección para la alcaldía de Peñalolén, donde una diferencia mínima de 123 votos motivó una revisión del conteo.

La legitimidad de una democracia depende, en gran medida, del proceso electoral. No se trata solo de entregar los resultados rápidamente, sino de asegurar que estos sean la voluntad de la ciudadanía. Una democracia liberal, en su concepción más elemental, exige elecciones libres y justas. Sin esa confianza, las bases mismas de la democracia se ven amenazadas.

Estados Unidos, a pesar de su trayectoria democrática sólida, ha visto cómo un proceso electoral cuestionado puede debilitar la legitimidad del sistema en su conjunto. Las acciones de Trump en 2020 crearon un precedente peligroso, dejando una puerta abierta para que futuros candidatos o líderes nieguen los resultados cuando no les son favorables. ¿Qué pasará en la próxima elección si Trump, o cualquier otro candidato, decide nuevamente no aceptar los resultados?

En una elección no solo está en juego quién gobernará, sino la confianza en el sistema democrático en su totalidad. Para Chile, la lección es clara: debemos proteger y valorar la transparencia de nuestro proceso electoral y ser conscientes de los riesgos que conlleva cualquier intento de desacreditarlo.