El gobierno de Nicolás Maduro dejó en libertad a una joven de 16 años que se había convertido en un símbolo de las adolescentes arrestadas en las protestas y operativos policiales generadas por la controvertida victoria del líder chavista en las elecciones del 28 de julio que, según cifras oficiales, dejó cerca de 2.400 detenidos.

En este sentido, varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela celebraron ayer la excarcelación de la menor de edad.

"Recibimos con alegría la excarcelación de Mariana González, una adolescente que nunca debió estar detenida", dijo en X la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que exigió la liberación de los menores de edad que "siguen injustamente privados de libertad, sufriendo tras las rejas, alejados de sus familias y de la posibilidad de continuar con sus vidas".

Para el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, el regreso de González a "su hogar y con su familia" es "un alivio entre tanto dolor".

Asimismo, en un mensaje en X, pidió el fin del "encierro arbitrario" de las personas apresadas en "el contexto postelectoral, quienes hoy sufren las condiciones deplorables de detención".

El miércoles, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó, a través de Instagram, de la liberación de "una joven" -sin precisar la edad-, luego de que el tribunal revisara la "medida privativa de libertad" a solicitud de la institución.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la liberada tiene 16 años de edad y fue detenida "arbitrariamente" en una localidad del estado Carabobo (norte) el pasado 29 de julio, un día después de los comicios.

Esta ONG también pidió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro liberar "sin restricciones a los adolescentes y a todas las personas privadas de libertad arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones".

A juicio del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, González fue excarcelada "gracias a la exigencia firme de su madre, amigos, organizaciones y todos los venezolanos que condenaron la crueldad contra la adolescente", quien -agregó en X- "es inocente" y "nunca debió estar injustamente detenida".

Horas antes de concretarse la liberación, la líder opositora María Corina Machado había puesto el caso de Mariana como ejemplo. "Una joven de 16 años detenida al día siguiente de la elección y quien le escribió a su mamá que 'prefiero matarme antes que seguir sufriendo...", escribió en X Machado.

Asimismo, ayer unos 190 "presos políticos" en Venezuela, detenidos tras las elecciones de julio, fueron trasladados desde el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, hasta la cárcel de Tocorón, en Aragua -a más de 100 kilómetros de distancia-, y sin avisar a sus familiares, según reportaron dos ONG.

Una de ellas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó en X esta acción que "no pone fin a la injusticia contra estas familias pobres", al tiempo que exigió "libertad inmediata" para estas personas "acusadas arbitrariamente de terrorismo".

"Farsa"

Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó el miércoles "farsa" a la denuncia de asedio policial por parte de varios de los seis opositores asilados -desde marzo- en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde los refugiados reportaron el corte del servicio eléctrico y el impedimento del ingreso de camiones cisterna para abastecerse de agua potable.

La Corte Suprema de Argentina resolvió ayer rechazar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández en una causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento con Irán, y por la que ahora deberá ir a juicio oral y público.

La decisión fue confirmada a Efe por fuentes del máximo tribunal, que destacaron sin embargo que resta aún la firma definitiva de la sentencia para que esta sea oficial.

Fernández, quien también fue vicepresidenta durante el Gobierno de Alberto Fernández, había sido sobreseída en esta causa en octubre de 2021, pero un tribunal de alzada revocó aquella decisión en septiembre de 2023, tras lo cual la exmandataria presentó el recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo ayer.

Memorando

Argentina firmó el memorando con Irán para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investiga si, en realidad, se trató de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.

La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien había sido designado para investigar el atentado y que murió en circunstancias sospechosas en enero de 2015, un día antes de presentar pruebas que, según él, demostrarían un encubrimiento por parte del Gobierno de Cristina.

La muerte de Nisman, inicialmente declarada como suicidio, fue luego investigada como un posible homicidio, pero aún no se han identificado responsables claros.

vaya a juicio por memorando con Irán

Más de 160 Estados miembro que votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU para discutir los efectos de los 'robots asesinos' pidieron ayer negociar un tratado que prohíba el uso legal de estas armas, que están proliferando por los avances en tecnología e inteligencia artificial (IA).

El 2 de diciembre, 166 países votaron a favor de una resolución que aboga por la creación de un nuevo foro de la ONU para debatir los graves desafíos que suponen estas armas autónomas letales y las distintas formas de abordarlos.

En total, 15 países se abstuvieron y otros tres (Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia) votaron en contra.

La organización Human Rights Watch (HRW) indicó ayer en un comunicado que muchos de los Estados que se abstuvieron o rechazaron la resolución "han realizado importantes inversiones en aplicaciones militares" en IA y en tecnologías afines "para desarrollar armas autónomas aéreas, terrestres y marítimas".

La resolución de la ONU reconoce las "consecuencias negativas y el impacto de los sistemas de armas autónomas en la seguridad global y la estabilidad regional e internacional", como el riesgo de una carrera armamentística emergente o el agravamiento de los conflictos y las crisis humanitarias ya existentes.

Además, es una apuesta por la celebración de una ronda de consultas en Nueva York durante el próximo año para examinar un informe del Secretario General sobre los peligros de este tipo de armas y "para que la comunidad internacional comprenda mejor las cuestiones planteadas".

El informe de António Guterres, publicado en agosto, insiste en que "las máquinas que tienen el poder de quitar vidas humanas son políticamente inaceptables y moralmente repugnantes y deberían estar prohibidas por el derecho internacional".

Las consultas estarán abiertas tanto a los países dentro del sistema de la ONU como a Estados observadores, organizaciones internacionales y regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, oenegés y la comunidad científica.

La subdirectora de crisis, conflictos y armas de HRW, Mary Wareham, señaló ayer que, tras la votación de esta resolución, el nuevo reto es "negociar un nuevo tratado que proporcione el marco necesario para evitar un futuro de asesinatos automatizados".

Según HRW, la resolución aprobada el 2 de diciembre no obliga a negociar un tratado de prohibición porque un pequeño número de países, en particular EEUU se opusieron "enérgicamente a hacerlo".