Las estadísticas respecto de los incendios forestales en Chile indican que el 99% se produce por la acción irresponsable, negligente o intencional de las personas, generando un impacto ambiental, social y económico a toda la comunidad y una grave afectación al ecosistema, aparte de ser un delito perseguido y penado por la ley. Si alguien pudiese argüir que aquello es tema de zonas rurales y no urbanas, hay suficiente y triste evidencia en los últimos años de siniestros que han provocado muertes y la destrucción de villas enteras.

Los informes meteorológicos han advertido que se preveía un verano con altas temperaturas y fuertes vientos en el país, a lo que se suma la vegetación muy seca, que se transforma en material combustible, aumentando los riesgos de que se inicien incendios. En el caso de Puerto Montt, por ejemplo, este verano se aprecia abundante chacay en laderas y al costado de carreteras y caminos. Aquello de por sí es un peligro grave y para ello se están construyendo zanjas que terminen actuando como cortafuegos en caso de producirse incendios.

El espacio urbano y el bosque ya no se miran de lejos, sino que en muchos casos se encuentran frente a frente o colindan, por lo que el riesgo de incendios preocupa a las empresas del rubro y también a los habitantes, si se considera que las condiciones climáticas son favorables para la propagación del fuego. En ese sentido, hay que entender las campañas orientadas a que los automovilistas y peatones comprendan los riesgos que tienen para los bosques, acciones tan descuidadas como botar una colilla encendida de cigarrillo entre las malezas.

Cuando se declara el fuego, puede convertirse en incontrolable y provocar muchos daños a las personas y al patrimonio nacional. Recién durante el verano pasado, un siniestro de proporciones en el sector de San Antonio, cerca del Aeropuerto El Tepual, generó alerta en el personal de emergencias y estuvo cerca de complicar dificultades en la operación aérea.

En zonas con bosques y extensas hectáreas de pastizales, como es en casi toda la Región de Los Lagos, la prevención debiese estar en la mente de cada uno de los turistas y conductores. Sólo la responsabilidad permitirá que el verano transcurra sin emergencias de siniestros forestales.

Una de las grandes promesas que en el año 1995 se hizo en el Mensaje con el cual el Presidente de la época envió el proyecto de nuevo Código Procesal Penal al Congreso, fue que la reforma se traduciría "en una ganancia social para quienes son víctimas de la conducta delictual".

Conforme a su diagnóstico, en nuestro país existía una gran inseguridad subjetiva; es decir, un fuerte temor a la criminalidad, siendo una de sus principales fuentes la indefensión que provocaba el deficiente diseño del proceso penal, que ponía de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, toda vez que la actividad de los organismos encargados de ella era ineficiente.

De ahí entonces que en la medida que la reforma procesal penal instituía un órgano específico encargado de la persecución penal pública -el Ministerio Público-, se estaba contribuyendo a disminuir los factores que acentuaban la inseguridad subjetiva en Chile.

A décadas de la puesta en marcha del nuevo sistema, parece razonable preguntarse si el diagnóstico cambió y si se cumplió o no la promesa de mayor satisfacción de los intereses de la víctima en el proceso penal. La respuesta es evidente. No.

Las razones de ello son múltiples y muchas pudieron haberse corregido hace ya bastante tiempo, especialmente aquellas vinculadas a gestión y cambios normativos.

Poco o nada ayuda, en todo caso, que a nivel nacional más del 75% de los casos sean desestimados y que en menos de un 10% se alcance una condena, conforme al informe estadístico de 1 enero a 30 de septiembre 2024 del Ministerio Público.

Uno de los aspectos decisivos de la problemática se relaciona más bien con las posibilidades concretas y reales que tienen las víctimas de ser escuchadas y consideradas en las investigaciones, sobre todo, antes de la toma de decisiones de término de sus casos, y las exiguas herramientas administrativas y procesales para controlarlas.

En este sentido, si bien es cierto que el artículo 78 del Código Procesal Penal en su letra d) establece la obligación de los fiscales de escuchar a las víctimas antes de solicitar o resolver la terminación del caso, y que el artículo 109 letras d) y e) reconocen el derecho de las víctimas a ser escuchadas "cuando lo solicitaren" antes del término, el problema es que poco de esto se cumple en los hechos, generándose así una brecha que ineludiblemente socava la confianza, legitimidad y efectividad de todo el sistema.

Muchas veces la víctima sólo quiere ser escuchada y considerada. Quizá cuando eso suceda, cuando se las valore y se las tome en serio, comenzarán a cumplirse las promesas.

80 años | 5 de enero de 1945

Ciudadanos de la clase 1925 deben presentarse

Se insta a los ciudadanos de la clase 1925 a presentarse al examen de selección militar antes del 15 de abril. Muchos aún no cumplen con la citación, se comentó desde el cantón de reclutamiento. Se aplicará sanciones a quienes no se presenten en el Regimiento Sangra. Se están realizando exámenes en Puerto Montt y se inician las inscripciones para la clase 1926.

50 años | 5 de enero de 1975

Las Damas de Rojo parten su voluntariado

Las Damas de Rojo de Puerto Montt iniciaron sus labores el 2 de enero en la Pediatría del Hospital Regional. Son 43 voluntarias que brindan apoyo físico y moral a los pacientes, sirviendo de enlace entre ellos y sus familias. Su horario este 1975 será de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. La institución se fundó el 13 de junio de 1974.

10 años | 5 de enero de 2015

Embarazo deja de ser preexistencia en isapres

Más de 13 mil mujeres (15-44 años) de la provincia de Llanquihue se beneficiarán con la eliminación del embarazo como preexistencia al contratar isapre. Según la Superintendencia de Salud, el embarazo ya no se declara en la solicitud, no se excluye de cobertura ni se termina el contrato por no declararlo. Antes, las isapres lo trataban como patología, pudiendo rechazar la afiliación.