Cada época veraniega suelen conocerse casos de problemas de bañistas y turistas por acceder a las playas de mar, ríos y lagos del país. Sin ir muy lejos en el tiempo, hace unos años se viralizó una denuncia realizada en contra de una particular que impedía el acceso a la playa de Metri, por la Carretera Austral, al sur de la ciudad de Puerto Montt.

Para evitar estas irregularidades, desde el Ministerio de Bienes Nacionales se realizan campañas de difusión para explicar los derechos de las personas para poder llegar a las playas, además de acciones de fiscalización siempre necesarias con equipos preparados para ello. Tanto a los visitantes como a propietarios de terrenos colindantes se les llama a respetar la normativa, la cual indica que dado que las playas son de uso público, siempre debe garantizarse el paso gratuito y expedito a estas.

La legislación referida a este tema es precisa y clara. Según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos, lo que significa que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación, aunque también debe ser cuidadas, como cualquier entorno natural. Por lo tanto, no existen las playas privadas en ninguna región del país, pero las conductas inapropiadas son sancionadas.

Para ello hay que considerar que según el artículo 594 del Código Civil, se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. Esta definición no sólo se aplica a las playas ubicadas junto al mar, sino también a las riberas de lagos y ríos, que son considerados bienes nacionales de uso público y, por tanto, pertenecientes a todos los habitantes de la nación.

Junto con consagrar el derecho al acceso, la ley es precisa en definir que si una persona quiere ir a una playa con fines turísticos o de pesca, y no existen vías o caminos públicos para poder llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Tal derecho está amparado en el artículo 13 de la Decreto Ley N° 1.939, de 1977. La fijación de las vías de acceso corresponde a las autoridades, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores del terreno. Si no asisten o no se llega a acuerdo, la autoridad debe determinarla prudencialmente.

La ley es clara respecto de lo que le corresponde tanto a los particulares como a los bañistas. La convivencia será posible en la medida que haya respeto.

Este 6 de enero asumirá una nueva autoridad regional en Los Lagos. Será el segundo gobernador regional electo por la ciudadanía en nuestra historia, consolidando la importancia de contar con autoridades regionales electas democráticamente (pese a que fuimos el último país de Latinoamérica en tomar esta definición). Aun así, el proceso de descentralización se encuentra en pañales, ya que el excesivo centralismo de nuestro país representa una amenaza permanente a las medidas que buscan disminuir el poder del gobierno nacional para entregar mayores facultades y recursos a las regiones.

Un claro ejemplo de esto fue el recorte presupuestario que sufrieron los gobiernos regionales a raíz de los problemas que tuvo el gobierno nacional en la proyección financiera del año 2024. En el caso de Los Lagos, la decisión del Ministerio de Hacienda significó una reducción de $10.000 millones menos en el presupuesto de la región. Esta medida, excesivamente centralista, llama la atención en un contexto en que más del 80% del gasto público lo concentra el gobierno nacional, y menos del 20% está alojado en las regiones.

De todas formas, el contar con autoridades regionales electas por la ciudadanía significa un contrapeso al centralismo. Los gobernadores regionales ya no responden a las instrucciones del Presidente, lo que entrega mayores posibilidades para responder a los problemas reales de la ciudadanía en cada región.

En la Región de Los Lagos, específicamente, hemos sido testigos del impacto de este cambio. Junto a la administración saliente del Gobierno Regional, como fundación Huella Local articulamos un espacio de colaboración público-privado en el que participaron (y siguen colaborando activamente) 12 empresas privadas y 6 municipios. A través de esta gobernanza, se ha apoyado el plan de rezago del Gore y se han desarrollado cerca de 20 proyectos de infraestructura básica para entregar acceso al agua potable y la electricidad a comunidades aisladas de la región.

Gracias al aporte y colaboración de actores públicos y privados se concretarán proyectos por más de $12.000 millones en islas menores de Chiloé y Calbuco. Estos territorios aislados, con pocos habitantes, difícilmente hubieran sido una prioridad para una autoridad regional designada por el Presidente. Por el contrario, con una autoridad electa por la ciudadanía, la administración del Gore entregó un fuerte impulso a esta iniciativa público-privada para ir en apoyo de los territorios más rezagados de la región.

El cambio en la forma de designación de la máxima autoridad regional representa evidentes ventajas para seguir avanzando en el camino de desconcentrar el poder desde Santiago hacia las regiones. Y bajo esta lógica, la administración que asume representa una nueva oportunidad en este sentido.

Por ello, le deseamos a Alejandro Santana y equipo el mejor de los éxitos en su gestión. Esperamos que sociedad civil, empresas privadas y sector público en su conjunto sean facilitadores del proceso de descentralización, que sin duda se seguirá impulsando en esta segunda administración electa democráticamente.

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Millonarias pérdidas por incendio en Maullín

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Caso Penta: revelan esquema de fraude

Un complejo esquema de fraude tributario permitió a empresas, como Penta, obtener millonarias devoluciones del fisco. Estos fondos fueron utilizados para financiar campañas políticas de la UDI, según denuncias. Políticos UDI de la región como Iván Moreira y Felipe de Mussy están involucrados. El caso revela una red de corrupción entre empresarios, políticos y funcionarios del SII.