La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, asistió ayer a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la denuncia de abuso sexual y violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde señaló que entre denunciantes por otras causas "ha habido una duda muy grande y un miedo de que sus carpetas se hagan públicas".

"¿A quién le conviene ese miedo de las víctimas a que las denuncias se hagan públicas? Precisamente, yo creo que a los agresores, a los victimarios que son quienes confían en ese estigma y en ese miedo como mecanismos silenciadores de la denuncia", agregó tras cuestionar la difusión de datos de la subalterna que denunció a Monsalve.

Sin embargo, destacó Orellana en la comisión, "detectamos tanto en nuestras atenciones del 1455, cuyas consultas han subido, subieron en las primeras semanas luego de que se conociera esta denuncia, lo cual de acuerdo a la evidencia no es raro. Cuando ocurren hechos de violencia sexual de alta connotación pública, lo que ocurre es que muchas más personas que han sufrido violencia sexual (...) se dan cuenta y viven el proceso de autodevelación, de que aquello que ellos sufrieron es efectivamente un delito y, por lo tanto, es natural que aumente el flujo de consultas".

Sobre por qué no se aplicó la Ley Karin, de maltrato laboral, en este caso, donde el denunciado era el superior jerárgico de la mujer, la ministra dijo que "estos protocolos se activan cuando hay una denuncia interna, lo cual en este caso no ocurrió. Y eso imposibilita que se echen a andar las recomendaciones, digamos, el 1, 2, 3 que debe ocurrir".

"La víctima optó por denunciar directamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Legítimamente es su derecho, pero al no haber una denuncia interna, no se activan los protocolos de Ley, que son precisamente para espacios laborales", explicó Orellana, además de reafirmar que "la salida (de Monsalve) fue tardía (a 48 horas de la denuncia, luego de que el exsubsecretario expusiera en el ex Congreso) y debió ejecutarse antes".

Un recorte de $7.064 millones sufrió el Ministerio Público para este año, y ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que "me parece bastante inexplicable. Creo que la única explicación que tiene es que es necesario reducir presupuesto y no fuimos incluidos dentro de las instituciones cuyo presupuesto no se iba a tocar. (...) La explicación que se nos ha entregado es que es necesario reducir el presupuesto fiscal como consecuencia de un acuerdo con el Congreso", tras la discusión que se extendió por todo noviembre pasado, con énfasis en el aumento de 45,8% para el Ministerio de las Culturas.

El fiscal nacional agregó en radio Cooperativa que "es muy difícil de entender ¿por qué a nosotros? No se les reduce (el presupuesto) a Carabineros, la PDI, Gendarmería... Ellos no sufren esta rebaja, pero se nos reduce a nosotros, que es quienes le da la instrucciones para investigar" a esas instituciones.

"¿Qué efecto puede tener en el balance general de las cuentas o ahorros fiscales reducir un 0,3%? Eso no tiene mucho sentido, cuesta entenderlo. Es como si alguien ganara un sueldo de $500.000 y le bajaran $200. No se entiende", sostuvo el jefe del Ministerio Público.

En la práctica, detalló Valencia, el recorte se traduce en "un 2% en el ítem de funcionarios a honorarios, eso es muy significativo". A esto se añade el gasto anual de $2.000 millones que, si "se concretara, prácticamente nos quedaríamos sin recursos para hacer esos gastos que no son fijos, como peritajes, suscripción de software, sin pagos de suplencias de fiscales".

El persecutor añadió más tarde que la reducción "impacta directamente las capacidades que tenemos para investigar el crimen organizado y delitos graves, (...) como, por ejemplo, la investigación que se lleva adelante contra el cartel Jalisco Nueva Generación".

Marcel responde

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que "el ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por Ley. No es una tema que haya sido de elección, o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad".

"En la Ley (de Presupuesto, donde se aprobó un gasto público de casi $544.000 millones) se estableció en una glosa en el tesoro público, que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la Ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios", dijo el expresidente del Banco Central.

En la rebaja "se exceptuó a un conjunto de instituciones, entre ellas, dentro del ámbito de la seguridad, estaban Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería", señaló Marcel, junto con destacar que "la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año. Y, por lo tanto, se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en alguna institución, en este caso el Ministerio Público".

El presidente del PC, Lautaro Carmona, solicitó al Ejecutivo que "si tenemos una rémora, si tenemos algún nivel de retraso, de atraso, de paso más lento, si tenemos una distorsión, si tenemos un tema que urge abordar y corregir, que no sea porque faltan recursos. (...) Cuando tú no tienes recursos, correcciones que son necesarias pueden significar que no avancen precisamente por un tema de recursos".