Las autoridades de la Empresa Portuaria Puerto Montt (Empormontt) confirmaron que Ancud -provincia de Chiloé- es el lugar elegido para construir un terminal de cruceros puesto que las naves de 50 metros de alto no podrán pasar a Puerto Montt bajo el puente que se levanta sobre el canal de Chacao.

En la empresa estatal calculan que entre el 30% y el 40% de los barcos que se reciben en la capital regional ya no llegarán.

Sin embargo, hace una década el análisis era otro. Y si bien la altura no ha variado -50 metros de alto-, se proyectaba que la mayoría de las embarcaciones podrían pasar, salvo el "Queen Mary 2", hasta ese momento la nave -345 metros de eslora (largo) y 41 de ancho y 74 de alto- más grande que había llegado a Puerto Montt.

En el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en ese entonces era representando en Los Lagos por el seremi Carlos Contreras (hoy jefe de proyecto de la construcción del puente Chacao), estimaban que no habría problema para el paso de diversas embarcaciones.

No obstante, una década después de esos dichos, la situación cambió. ¿A qué se debió?

Fuentes relacionadas con esta materia han explicado que en los últimos años se ha construido naves más grandes, por lo que ya no sólo será el "Queen Mary 2" el que no podrá pasar, sino que otros cruceros de similares características que han llegado en el último tiempo.

cada vez están llegando cruceros más grandes.

Por unanimidad de sus integrantes, el Consejo Regional (Core) de Los Lagos, aprobó conformar su primera Comisión de Seguridad, que busca fortalecer la coordinación con las policías, el Ministerio Público y otros organismos vinculados a la materia.

El gobernador Alejandro Santana calificó la iniciativa como un precedente en la historia de la región y explicó que "nuestro objetivo es proponer una Política de Seguridad Regional, evaluando no solo el aspecto económico, sino también técnico, con participación activa de las policías, la sociedad civil, los municipios y otros actores clave", expuso el también presidente de ese cuerpo colegiado.

La Comisión de Seguridad tendrá una duración transitoria de 90 días y estará conformada por los consejeros Marión Fernández, Patricia Gallardo, Rodrigo Arismendi, Francisco Reyes, César Negrón y Luis Hernández, quienes establecerán las bases para su funcionamiento definitivo.

La propuesta contó con el apoyo de todas las bancadas, lo que, según el consejero Francisco Reyes, refuerza su legitimidad. "Es una buena señal para la comunidad y la institucionalidad pública. Vamos a trabajar con todas las perspectivas para anticiparnos y generar inversiones que garanticen la seguridad en nuestra región".

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CORE.

En los últimos años, hospitales y centros de salud se han convertido en escenarios recurrentes de violencia. Lo que debería ser un espacio seguro para el cuidado y la recuperación de la salud, enfrenta a diario amenazas que comprometen su funcionamiento y la integridad de quienes trabajan allí, así como de los pacientes.

La Urgencia del Hospital Padre Hurtado, en la zona sur de Santiago, estuvo paralizada unos días por graves hechos de violencia de los últimos meses. A fin de año, un tiroteo dejó a dos enfermeras heridas con perdigones. La consigna de los trabajadores, "menos balas, más seguridad", no puede seguir siendo ignorada.

Este no es un caso aislado. Días antes, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Los Quillayes sufrió dos ataques consecutivos, que dejaron daños materiales y detuvieron la atención a la comunidad. Desde agresiones verbales hasta ataques físicos, el personal de salud enfrenta un entorno laboral cada vez más hostil, que afecta su salud mental y física. Las consecuencias no se limitan al equipo sanitario; también los pacientes ven interrumpida su atención en momentos críticos.

¿Quién se hace cargo? ¿Cuánto más podemos tolerar que los hospitales se transformen en campos de batalla? Es urgente implementar un enfoque integral, que combine medidas de seguridad efectivas, protocolos estrictos y una revalorización del rol del personal sanitario. Esto incluye rigurosos controles de acceso, refuerzo de la presencia de seguridad y campañas educativas para sensibilizar sobre la importancia de respetar estos espacios vitales.

El Estado y las instituciones tienen el deber de garantizar un entorno laboral digno y seguro para los trabajadores de la salud. Las palabras de apoyo son insuficientes, mientras la inseguridad se suma al agotamiento mental y físico de quienes deben interactuar directamente con los agresores. Se necesita una acción concreta que respalde a los que, en medio de esta crisis, continúan trabajando con profesionalismo y vocación. La violencia no puede normalizarse.

El sistema de salud pública está en riesgo vital. La inacción no sólo pone en peligro la integridad de los profesionales, sino también la esencia misma de un sistema que, pese a sus falencias, sigue siendo un pilar fundamental para millones de chilenos. Es hora de que autoridades, instituciones y sociedad civil asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto para poner fin a esta alarmante situación.