Los humedales urbanos contribuyen a moderar los efectos de crecidas de ríos, dado que almacenan el agua y luego la liberan lentamente a los cauces. Además, la vegetación y las raíces de las plantas reducen la velocidad de las inundaciones, controlando los deslizamientos de tierra generados por eventos climáticos extremos.

La Ley 21.202 de protección de humedales urbanos, del año 2020, ha permitido que los municipios puedan solicitar medidas especiales para protegerlos, e incluso detener permisos de edificación y de subdivisiones de predios cuando se afecten los humedales. Según la ley, los humedales urbanos son "todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanente o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano".

Para su definición, se evalúa que sean sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, que constituyan hábitat para especies de flora o fauna clasificadas en categoría de amenaza para especies endémicas o migratorias y que exista factibilidad real de protección, como disponibilidad de terrenos fiscales y la voluntad de los propietarios. En el último tiempo ha tomado fuerza el debate sobre el uso del suelo y la conservación de esos recursos, que cumplen una vital función en la regulación de los regímenes hidrológicos, que resulta una tarea fundamental en una zona como la nuestra, propensa a las inundaciones en invierno.

Los expertos critican la falta de regulación y de mayor control por parte de organismos públicos, cuyas autoridades deberían responder por las inundaciones de sectores poblacionales donde autorizaron construir. En esta misma línea, la legislación ambiental vigente en el país es todavía insuficiente y permite que se cometa errores al autorizar el uso de algunas áreas que han sido humedales por miles de años, por lo que son positivas las medidas que se toma para declarar y proteger algunas de estas áreas en riesgo.

La gestión de residuos domiciliarios en Chile enfrenta desafíos urgentes relacionados con la falta de infraestructura adecuada, gobernanza ineficiente y escasos incentivos económicos para promover el reciclaje y la economía circular. La solución requiere una política pública sólida, que integre esfuerzos multisectoriales, fomente la participación ciudadana y garantice condiciones laborales dignas para los recolectores.

Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, en el país se generan alrededor de 8,1 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios al año y, de ese volumen, menos del 5% es reciclado. Esto demuestra que existe una falta de infraestructura suficiente para la separación en origen, la recolección diferenciada y el procesamiento de materiales reciclables.

Uno de los principales problemas es la dependencia de los vertederos y rellenos sanitarios, que reciben más del 90% de los desechos. Chile cuenta con 130 sitios de disposición final, pero muchos están alcanzando el fin de su vida útil, lo que genera crisis como la de Ancud, donde los residuos deben ser transportados cientos de kilómetros al norte, hasta Los Ángeles. Esto pone en evidencia la urgencia de contar con una planificación territorial efectiva.

Otro aspecto clave es la planificación territorial, fundamental para la localización estratégica de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia. La ausencia de planificación ha provocado que muchas comunas se resistan a la instalación de estas infraestructuras. Por eso, es vital la participación ciudadana y criterios ambientales que minimicen los impactos.

Además, es urgente tomar medidas, pues los proyectos de infraestructura en este ámbito pueden tardar años en materializarse. La falta de acción inmediata sólo agravará la crisis, generando problemas sanitarios y ambientales. El financiamiento es una barrera crítica. Actualmente, los municipios gastan más de $418 mil millones anuales en la recolección y disposición de residuos, pero más del 60% de la población no paga por el servicio. Sin recursos adicionales, resulta difícil transitar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Además, es fundamental fortalecer la infraestructura de reciclaje, lo que incluye la instalación de más plantas de tratamiento, centros de acopio y puntos limpios. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es un avance, pero su implementación aún requiere un apoyo estatal y municipal más robusto.

Más allá de la infraestructura, la educación ambiental juega un rol clave. Es necesario fomentar hábitos responsables en la ciudadanía, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje como pilares. Campañas educativas, incentivos económicos y sanciones por mala gestión son herramientas que podrían contribuir a generar un cambio cultural.

En suma, vemos que la gestión de residuos en nuestro país requiere una combinación de infraestructura adecuada, normas efectivas y una ciudadanía comprometida. Sólo así podremos avanzar hacia un modelo sostenible, que reduzca el impacto ambiental y mejore la calidad de vida.

80 años | 10 de febrero de 1945

Corredores de propiedades deben legalizarse

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio del Interior, los corredor de propiedades deben acudir a la Intendencia para legalizar su profesión, trámite para el cual tiene plazo hasta hoy. Una vez que los interesados presenten sus solicitudes en este organismo público, los documentos serán enviados al Ministerio de Economía para que defina si aprueba o rechaza el requerimiento.

50 años | 10 de febrero de 1975

Llanquihue gana competencia de chueca

Unos 30 competidores se reunieron en la Costanera de Puerto Montt para participar del primer torneo de chueca, el que se adjudicó la selección B de la provincia de Llanquihue, que derrotó al representativo de Osorno por 6 rayas (goles) contra 1. A este certamen acudieron, principalmente, representantes de Llanquihue y de Osorno con ascendencia mapuche de esta zona.

10 años | 10 de febrero de 2015

Salud detecta plaga de cucarachas en Angelmó

Un informe de la Unidad de Saneamiento de la Seremi de Salud detectó "deficiencias sanitarias" en el Mercado Angelmó y habla de problemas de eliminación de aguas servidas. En el acápite "Control de vectores", se hace notar que "todos los locales están plagados de cucarachas y no existe un plan de desinfectaciones. Además, "hay demostraciones y rastros de ratas en pasillos".