Vicente Pereira

La creación de un barrio rojo en Puerto Montt constituye una propuesta que fue presentada por la concejala Mirta Vega (Partido Republicano), en el marco de la elaboración de una ordenanza que busca regular la actividad comercial en el centro de la capital regional.

Vega, quien ha expuesto sobre su planteamiento en distintas instancias de ese cuerpo colegiado, como en puntos varios y en la Comisión de Alcoholes, explica que su idea tiene por objetivo abordar los problemas de delincuencia que ocurren en la capital regional.

En ese sentido, sostiene que cuando se le busca dar seguridad a las personas para que puedan caminar tranquilo, ello lo realicen sin problemas y no que al hacerlo signifique que puedan estar en situación de riesgo.

Según Vega, hay antecedentes de bares que transgreden las normativas, lo que se traduce en el tránsito de "gente ebria o drogada, lo que hace que sea inseguro caminar por el centro de Puerto Montt".

La concejala republicana agrega que el problema guarda relación con que transgreden la legalidad en relación a las patentes que tienen.

En este sentido, acusa que existen establecimientos que cuentan con patente para comercializar alcohol, pero para su consumo o venta. Sin embargo, "la usan como cabaret. Es decir, transgreden lo legal ".

Sobre el lugar donde podría estar emplazado el barrio rojo, especificó que ello es materia de análisis de parte del municipio.

Fiscalización

Sobre la posibilidad de contar con un barrio rojo en Puerto Montt, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de esta ciudad, Patricio Ampuero, sostiene que más que un barrio rojo se requiere de mejorar el proceso de fiscalización para que no sucedan situaciones como las que expone la concejala Vega.

Ampuero comenta que la idea es similar a una analizada en el período del gobierno comunal anterior, de Gervoy Paredes, cuando se estudió no otorgar más autorizaciones de restaurante en el eje de Egaña, entre Copiapó y avenida Maratón.

La propuesta, según recordó Ampuero, nació por la misma razón que expone la edil republicana, en el sentido de que hubo locales que sacaron patentes de restaurante con venta de alcoholes, pero terminaban siendo "un after o un happy hour. Menos lo que decía su patente, por lo que se quería prohibir las autorizaciones en dicho eje", medida con la que no estaba de acuerdo.

Ello, porque para el presidente de la Cámara de Comercio, existe un problema de fiscalización, en el sentido que son los departamentos encargados de esta tarea los que tienen que precisar que una determinada patente cumpla el objetivo para el cual está siendo solicitada, para luego aplicar las sanciones correspondientes, como multas y evenmtuales clausuras.

El problema, advierte Ampuero, es que en el municipio "están cortos de funcionarios, por lo que no son capaces de responder a la cantidad de denuncias que se presenta o de inspeccionar los locales que despierten sospechas".

Además, aboga por un trabajo con la Delegación Presidencial para que Carabineros acompañe a quienes fiscalicen y así evitar que no se produzcan hechos violencia al ejecutar esta tarea.