La estela del Caso Convenios
El Gore ha decidido llevar a la justicia las dudas que hay en torno a otro programa asignado en la administración anterior.
Amás de tres años desde que el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos decidiera firmar una serie de convenios con fundaciones para, según lo que ha quedado establecido desde entonces, "ejecutar" todo o casi todo el presupuesto anual asignado desde el nivel central, la estela de los desaciertos de tal medida sigue siendo visible. Así se desprende de la demanda -conocida la semana pasada- que presentó el Gore en contra de la fundación Centro Universitario para la Innovación, la cual recibió $1.500 millones de la generosa distribución de dineros de la época de Patricio Vallespín como gobernador, para realizar un programa en beneficio de pescadoras artesanales de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. El nombre era "Recuperación Económica para el Empoderamiento de las Mujeres de la Pesca", pero a la fecha, según la acusación de las supuestas favorecidas, no ha habido recuperación ni empoderamiento.
Este caso está a años luz de lo ocurrido con Kimün, el símbolo del Caso Convenios en Los Lagos y que le significó al Gore perder $1.200 millones que estaban destinados a la regularización de títulos de dominio en la región. Tal caso fue el más mediático por la literal desaparición de los recursos y la prisión preventiva dictada en su momento para los implicados, entre ellos, un ex presidenciable que hace poco fue favorecido con el arresto domiciliario.
Aun así, lo del Centro Universitario para la Innovación viene a demostrar la desprolijidad con la que se manejaron los recursos públicos regionales en esos años, no sólo en Los Lagos, ciertamente, sino que en gran parte del territorio nacional. Dado que en esos momentos el sector privado no se encontraba en condiciones de ejecutar iniciativas de construcción (basta recordar el alza de la inflación y la falta de insumos para el sector), el Gore le abrió las puertas a programas de fundaciones y corporaciones para gastar el dinero. Pudo ser una buena idea si es que los controles hubiesen funcionado, o si posteriormente, por ejemplo, se hubiese escuchado a las pescadoras artesanales, que a mediados de 2023 ya habían advertido de inconsistencias en el programa.
Mientras en la esfera judicial ha de seguirse con el proceso para determinar las responsabilidades penales del Caso Convenios, es de esperar que en la esfera política se haya tomado nota y se refuerce la obligación de cautelar el buen uso de los fondos públicos.