Un sistema que no da respuestas
Un joven con problemas de salud mental ha puesto en riesgo a las personas en Puerto Montt, pero la autoridad brilla por su silencio.
Pese a que el propio Presidente de la República ha dicho reiteradamente que la salud mental es una urgencia en el país y que para su gobierno constituye una prioridad, y pese a las palabras de las autoridades sectoriales que aunque de distinto tono, comparten tal diagnóstico y la necesidad de proporcionar respuesta médica a los pacientes, la realidad que se palpa en el día a día es muy diferente a aquella voluntad. Ya se comprobó esta brecha hace pocos meses, cuando se supo de la verdadera parálisis que había en el Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam), en Puerto Montt, por la falta de especialistas en sicología y siquiatría, obstaculizando el seguimiento a pacientes de larga data y arriesgando, por tanto, su bienestar y el de sus familias.
Lo mismo está pasando ahora con una familia puertomontina que tiene un hijo con evidentes problemas de salud mental y que ya ha sido detenido por lo menos en seis ocasiones luego de cometer ataques en el Terminal de Buses de la capital regional. En cada uno de esos episodios ha terminado dañando la infraestructura y amenazando a usuarios que obviamente no saben de su realidad. Se le detiene y se le pone a disposición del tribunal, pero este, al constatar su condición médica, desecha privarlo de libertad y ordena los peritajes médicos que permitirían, se supone, un chequeo completo y derivación a los especialistas.
Pero en una especie de "deja vu", cada uno de esos dictámenes judiciales ha quedado en nada, pues el Servicio Médico Legal (SML), que es quien debería proceder con la revisión, contesta que no hay disponibilidad en lo inmediato para que lo atienda un profesional de la salud mental. Y el círculo se vuelve a repetir. El detenido queda libre, la familia vuelve a sufrir con la incertidumbre, el terminal vuelve a ser atacado y sus usuarios vuelven a sentirse amenazados.
Tal como lo dijo la madre del joven, "parece -en alusión al sistema judicial y a la red sanitaria- que están esperando que mate a una persona para que alguien se preocupe de verdad... Están esperando que pase lo peor". Todo esta situación es una vergüenza para el Poder Judicial, el Servicio Médico Legal y el Ministerio de Salud. Es inconcebible que a pesar de la urgencia y del compromiso de las autoridades, nadie sea capaz de atender la realidad de una familia y la seguridad de los usuarios del terminal. Es un síntoma más de la displicencia y de la irrelevancia de autoridades locales que gozan de la comodidad del cargo.