Con la creación de un nuevo ministerio, el Estado de Chile ha resuelto enfrentar la crisis de seguridad y alza de delitos que se viene observando en Chile desde hace algunos años. Si antes la coordinación de las fuerzas policiales estaba alojada en el Ministerio del Interior, la evolución que ha experimentado la delincuencia en el país, con la emergencia de una nueva tipología de delitos y el uso de una violencia desusada para este país, además de la prioridad expresa para la ciudadanía en cuanto a recuperar sus niveles extraviados de seguridad, forzó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a crear una nueva institucionalidad.

Mientras el Ministerio del Interior se quedó a cargo de la coordinación política del gabinete y territorial y la gestión de los conflictos sociales, como sus principales funciones, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que debutó esta semana, tendrá como labor el orden público, la ciberserguridad, crimen organizado y terrorismo, entre los de mayor relevancia para la opinión pública. Se trata de un cambio de magnitud que responde al desafiante escenario que se generó en el país y que tiene, a decir de todos, carácter de urgencia para la población.

Como toda institucionalidad, sobre todo aquellas que empiezan desde cero, gran parte de su sello estará definido por quienes ocupan sus principales cargos. Mientras en la titularidad del ministerio asumió en propiedad Luis Cordero, ex subsecretario del Interior y ex jefe de la cartera de Justicia, en los puestos de seremis de cada una de las regiones, en una decisión que contraría la urgencia de esta tarea, el Gobierno optó por nombrar "interinos", pese a que el cambio no fue de la noche para la mañana.

Los interinatos no son una buena receta. En Los Lagos, región que al igual que el resto del país, también ha evidenciado la emergencia de la trata de personas, del sicariato y de la extorsión, se requiere un seremi titular que asuma con energía y convicción la labor de llevar seguridad a calles y poblaciones. Y tan importante como eso, que sea capaz de convertirse en un actor de peso en la discusión pública que se da en tantos espacios locales, no como tantos otros seremis de esta administración que han caído en la más absoluta irrelevancia, creyendo que mientras menos opinen o debatan, le están haciendo un favor al Gobierno o al país, o a su cómoda permanencia en el cargo.

"Seguir la ruta del dinero" es una frase recurrente cuando se trata de combatir el crimen organizado, y tiene toda lógica, ya que investigar las transacciones financieras permite obtener información y evidencia de un delito o de una red criminal. Por esto, resulta incomprensible el rechazo en el Senado de la flexibilización del levantamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica para la lucha contra el crimen organizado.

Esta iniciativa habría permitiría que la UAF solicitara el levantamiento del secreto bancario ante indicios de posible lavado de dinero, sin necesidad de una autorización judicial.

El rechazo por parte del sector político opositor al Gobierno al levantamiento del secreto bancario sólo siembra dudas e interrogantes, sobre todo cuando en Chile dos de cada tres ciudadanos perciben el crimen organizado como una amenaza real en su vida diaria. Además, un 90,6% identifica las calles como el principal lugar de riesgo, y tres de cada cuatro personas han cambiado hábitos por seguridad, según la encuesta "Chile Nos Habla". Con su poder de fuego y económico, las organizaciones criminales buscan el control territorial y en esa lucha por espacios, los más perjudicados son los ciudadanos.

Estas organizaciones se enriquecen a través de diversos delitos y luego necesitan legitimar esos recursos, es decir, hacerlos parecer como obtenidos legalmente. A esto se le llama lavado de dinero. Este proceso podría ser rastreado por las instituciones financieras de forma rápida, permitiendo así golpear el bolsillo de estas organizaciones y debilitar su poder.

La experiencia internacional muestra que los países que han flexibilizado el secreto bancario han obtenido resultados concretos en la lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y la infiltración del crimen en las instituciones del Estado. Suiza, históricamente conocida por su riguroso secreto bancario, adoptó en 2017 el intercambio automático de información financiera impulsado por la OCDE.

En tiempos en que el crimen organizado se expande con rapidez, restringir el acceso a la información financiera sólo beneficia a quienes buscan operar con impunidad, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. La protección del país y la integridad de sus instituciones dependen de decisiones que realmente prioricen el bien común.

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