Puñales, fiscales, jueces y personas
Esta semana, Puerto Montt ha dado muestras plenas de la incapacidad del sistema judicial para velar por la seguridad.
Cuesta encontrar las palabras precisas para describir lo que ha ocurrido esta semana con el caso de un adolescente de 16 años que el martes pasado, en el patio de comidas del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, apuñaló a un joven que salió en defensa de su polola, la cual previamente había sufrido una agresión sexual de parte del atacante. Aquel incidente fue grabado en un celular y la escena se viralizó rápidamente en las redes sociales. Llamó la atención la rapidez con que el adolescente desplegó el arma blanca (prueba clara de que no es un advenedizo en estas lides), la frialdad con la que hirió a su víctima y la astucia para huir de inmediato al comprobar que estaba en un lugar atestado de público.
Con tales imágenes, Carabineros lo detuvo. Pero la cascada del delirio legal vino después. Ninguno de estos antecedentes sirvió al día siguiente para que la Fiscalía solicitara alguna medida de internación provisoria; y el juez que presidió la audiencia tampoco consideró oportuno considerar tal medida. ¿Resultado?, el agresor quedó inmediatamente libre.
Ese mismo día miércoles, este adolescente fue capturado nuevamente por la policía, en esta ocasión por amenazas con arma blanca en la vía pública. Es fácil adivinar lo que vino después: quedó otra vez en libertad por decisión de la Fiscalía y del tribunal.
Al día siguiente, el jueves, el mismo menor fue detenido nuevamente (¡tres capturas en menos de una semana!), ahora por el porte de arma blanca en el centro de la ciudad. ¿Resultado?, nuevamente libre. En esta oportunidad, la Fiscalía tuvo la "brillante" decisión de solicitar una internación provisoria, pero el tribunal se limitó a decretar la medida cautelar de arraigo nacional (como si el menor tuviese contemplado viajar al extranjero en lo inmediato).
Es impresionante lo que ha sucedido, pero una muestra franca de tres situaciones: primero, el estado de degradación cívica de una parte de la juventud, abandonada a su suerte y validando el uso de la violencia (aquí hay responsabilidades políticas evidentes en el pasado reciente); segundo, la incapacidad del Estado para la rehabilitación de menores vulnerados en su infancia y juventud; y tercero, la indolencia temeraria de un sistema judicial que es capaz de dejar en libertad, en tres ocasiones y en la misma semana, a quien no trepidó en apuñalar a una persona en un lugar lleno de personas. Será imposible alegar sorpresa después.