Caso Convenios en la recta final: Ministerio Público alista acusación
LOS LAGOS. La investigación que próximamente cumplirá 1 año y 10 meses está siendo acotada por los persecutores. En mayo vence la última ampliación de plazo y hoy no hay imputados en prisión preventiva. Abogados y querellantes expusieron sus expectativas frente a un eventual juicio oral.
Durante un año y 10 meses ha sido una de las investigaciones más bulladas que ha realizado el Ministerio Público en la Región de Los Lagos, con tres allanamientos en dependencias del Gobierno Regional (Gore), seis detenidos formalizados por delitos de fraude, lavado de activos y cohecho, y un perjuicio fiscal que hasta el momento se ha estimado en $1.200 millones producto del desvío de fondos públicos originalmente destinados al saneamiento de títulos de familias más vulnerables del territorio.
Se trata del denominado "Caso Convenios" o "Caso fundaciones", el que formalmente inició su investigación el 29 de junio de 2023 por parte del equipo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo del fiscal Marco Muñoz Becker, y que hoy está a la espera de concretar las últimas diligencias del caso mientras paralelamente se trabaja en la redacción de la acusación que marcará el cierre de la etapa investigativa.
Desde la semana pasada no hay personas en prisión preventiva por esta causa. No obstante, se mantienen con total prohibición de tomar contacto con otros coimputados tanto Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün; Diego Ancalao, ex presidente de Fundelín y ex coordinador del programa de saneamiento de títulos de Kimün; Viviana Godoy, ex administradora regional del Gore Los Lagos; Gloria González, ex jefa de la División de Fomento e Industria (Difoi); Rodrigo Fuentes, funcionario analista de la Difoi; y la lobista Viviana Guzmán.
De ellos, sólo Ancalao y Fuentes se mantienen sujetos a medidas cautelares de detención domiciliaria parcial y total, respectivamente.
Convenios "ilegales"
Cabe recordar que esta investigación se inició para indagar eventuales irregularidades o delitos en las millonarias transferencias de recursos que realizó el Gore Los Lagos a fundaciones y corporaciones que fueron cuestionadas inclusive por la Contraloría Regional, entre ellas Kimün, la Fundación Participa, Corporación El Canelo, entre otras.
A lo menos 9 entidades privadas ejecutoras de programas estuvieron bajo el ojo del equipo de la Fiscalía, mientras que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional situó a la Región de Los Lagos en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de recursos investigados, superando los $15 mil millones de pesos.
Paralelamente, Contraloría observó 29 convenios de traspaso de recursos desde el Gore de Los Lagos a entidades privadas, para finalmente no tomar razón de aquellos, en un "freno de mano" que aplicó el hoy ex contralor Jorge Bermúdez.
Preparan acusación
¿Pero en qué etapa está actualmente la investigación del Caso Convenios en la Región? El 8 de enero de este año, el fiscal Marco Muñoz reformalizó los cargos a los seis imputados en la causa y solicitó la ampliación del plazo de la indagatoria por 120 días, es decir hasta mayo.
En la última audiencia, Jaime Huincahue fue reformalizado por delitos de estafa, soborno y lavado de activos. A Viviana Guzmán, quien habría actuado como operadora del programa que se adjudicó Kimün, se le comunicaron cargos por estafa y soborno. Gloria González enfrenta un cargo por fraude al fisco, al igual que la ex administradora del Gobierno Regional, Viviana Godoy.
Diego Ancalao mantiene el delito de lavado de activos y Rodrigo Fuentes, funcionario analista del Gore, fue reformalizado por cohecho y fraude al fisco.
Todos estos delitos están relacionados con el desvío de los $1.200 millones que fueron traspasados por el Gore a la Corporación Kimün y que con posterioridad se cree que habrían sido usados por Jaime Huincahue para pagar deudas del CFT e IP Los Lagos, que entonces administraba como sostenedor la corporación, y luego transferir su propiedad a la fundación Fundelín.
Consultada esta semana la Fiscalía sobre el avance de esta causa, se informó que "el fiscal Muñoz y su equipo están desarrollando algunas últimas diligencias y se está a la espera de diversos informes policiales. Aun no hay fecha exacta de término de la investigación, pero ya se está trabajando en la acusación respectiva".
De igual modo, sobre las últimas modificaciones de las cautelares de prisión preventiva para los imputados por otras de menor intensidad, comentaron que ello "en nada altera los hechos imputados y tampoco su calificación jurídica a la vista del juicio oral".
Querellantes y core
El primer querellante en esta causa, el senador Fidel Espinoza (PS), comentó que "el Caso Convenios en Los Lagos ha sido una vergüenza que nos significó costos millonarios para nuestras comunidades carentes de recursos para proyectos que mejoren su calidad de vida. Sólo entre Kimün y Participa fueron más de 2.500 millones de pesos perdidos y sin resultados de ningún tipo para la gente. Espero la justicia actúe drásticamente y sean condenados incluso aquellos que por delatar a los demás no han estado ni un solo día en prisión preventiva".
El diputado Fernando Bórquez, querellante por la UDI, añadió que este caso debe ser completamente esclarecido. "En nuestra región es fundamental llegar hasta el fondo de lo ocurrido. Este escándalo dejó una profunda herida en la confianza ciudadana y ocurrió bajo la administración del ex gobernador regional Patricio Vallespín, quien concluyó su mandato y hoy reside fuera del país. Estamos a solo dos meses del cierre de esta investigación, y espero que se concluya con firmeza de la misma forma que se inició y que termine con responsables y sanciones ejemplares", dijo.
Finalmente, el consejero regional Alexis Casanova (RN) espera que la Fiscalía pueda llegar a buen puerto con esta investigación "y que como Gobierno Regional podamos recuperar algo más de dinero traspasado a estas fundaciones, y también poder establecer responsabilidades, al margen de las que ya se han establecido con algunos ex funcionarios de la administración pasada. Pero lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, que los procedimientos administrativos de resguardo y cautela del buen uso de los recursos públicos sean una premisa en la ejecución presupuestaria, y que la Fiscalía pueda determinar finalmente qué realmente ocurrió acá", dijo.