La fallida venta de la casa de Salvador Allende generó un problema político al oficialismo, ya que no sólo evidenció serias negligencias en materia de gestión y de rigurosidad a la hora de materializar actos administrativos que tributen en forma efectiva al principio de legalidad, sino también porque provocó una tensión entre el Partido Socialista y el Frente Amplio en tiempos en los que los acuerdos y las confianzas suelen hacerse necesarios a la hora de negociar las plantillas electorales.

Sin embargo, hay una consecuencia que agrava considerablemente el análisis de este caso, y no es otro que el evidenciar el escaso nivel ético de algunos parlamentarios y figuras de la clase política nacional.

Si bien esto es un "pecado" que es transversal a nuestra clase política, por lo que no se reduce al oficialismo, la destitución -por 8 votos contra 2- que aplicó el Tribunal Constitucional (TC) a Isabel Allende, permitió identificar algunos casos particulares, tales como los que refieren a los diputados socialistas Daniel Melo y Daniel Manouchehri, quienes de una forma vergonzosa cuestionaron el fallo del TC en virtud de que algunas juezas deberían haber votado en función de su cercanía ideológica con el Gobierno, considerando, en consecuencia, como válida la postergación del análisis jurídico y objetivo del caso.

Estas declaraciones no sólo son deplorables, sino también demuestran una lamentable sobreideologización que agudiza la pobreza intelectual de sus visiones, dejando en evidencia no sólo el desprecio que estos diputados tienen del principio de igualdad ante la ley que gozan todas las personas, sino una insalvable distancia con el correcto entendimiento de los conceptos de institucionalidad democrática, república, legalidad y bien común, entre otros.

A su vez, también hay personeros del oficialismo que ameritan sendos cuestionamientos éticos, ya que al analizar la destitución de Isabel Allende adoptaron la postura de minimizar e invisibilizar las lógicas críticas a la objetiva responsabilidad que la ex senadora tiene en el caso, intentando eximirla a partir de relevar su trayectoria política.

Improcedente

Al respecto, es importante recordar que el Tribunal Constitucional, y a la hora de resolver, tuvo a la vista los antecedentes del caso y no la historia de vida, ni trayectoria política de la ex senadora, por lo que este argumento se presenta como improcedente y como un burdo intento por "resguardar" la imagen que desean presentar del apellido Allende. Además, y sólo como un antecedente, es válido recordar que la trayectoria política de Isabel Allende tampoco puede calificarse, y desde un punto de vista teórico-académico, como un ejemplo de probidad absoluta, ya que ella ha sido partícipe de prácticas que han ameritado importantes cuestionamientos en el pasado, tal como se demostró con la irresponsabilidad de haber avalado la certificación de falsos exonerados políticos.

También llama la atención la falta de autocrítica de la ex senadora, especialmente cuando, por un lado, señaló que no es abogada, intentando con esto justificar su ignorancia ante las inhabilidades que le aplicaban, y, por el otro, al calificar al fallo del Tribunal Constitucional como uno que "vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático". En ese contexto, la ex senadora instrumentalmente "olvida" no sólo que no se puede alegar ignorancia de la ley, ya que ésta, una vez publicada en el Diario Oficial, se presume conocida, sino también que ella tenía la obligación ética de conocer las normas básicas con la que debía desarrollar su actividad parlamentaria, especialmente tras haber estado más de 31 años en el Congreso.

Gabriel Boric

Por último, está el Presidente Gabriel Boric, quien quiso dejar como un legado de su gobierno la compra de la casa de los presidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, obviando que, en el primer caso, no se podía realizar en virtud de la inhabilidad consagrada en el artículo 60.2 de la Constitución y que terminó por ser el fundamento de la destitución de Isabel Allende. En ese sentido, es correcto plantear que el primer responsable de este escándalo fue el mismo Presidente; no obstante, su responsabilidad no se limita al fallido mandato de compra, ya que sabiendo lo que este "deseo" provocó, no tomó todas las medidas que corresponderían haber adoptado.

Lo anterior, en virtud de haber dejado que la mayoría de aquellos que validaron su negligencia y error siguieran en sus cargos a pesar de la evidente e inaceptable ineptitud que estos mostraron al no frenar la ilegalidad del acto con el que se intentó comprar la casa de Allende, lo que terminó por decantar en la destitución de la senadora socialista.