Más que elocuente fue el mensaje que el domingo pasado recibió un profesor del Colegio Germania de Puerto Varas. "Avisen a los profesores antiguos, menos a una colega, que los voy a matar a todos y estoy esperando que me arresten. Son unos inútiles con su búsqueda tonta, quieren que me muestre, lo haré". Ese fue el más reciente de una serie de amenazas de muerte que ocho docentes del establecimiento vienen recepcionando desde el año 2022, sin que el propio colegio, las entidades estatales ligadas a la educación o el Ministerio Público hayan reaccionado oportunamente hasta antes de que fuera hecho público a la comunidad.

En una muestra de que los mecanismos para cautelar la vida de las personas y la seguridad de un establecimiento educacional brillaron por su ausencia por tres años, sólo esta semana, una vez que los profesores revelaron públicamente los antecedentes, el Estado comenzó a actuar. El año 2023, incluso una docente presentó una querella criminal por las amenazas, pero el accionar de la Fiscalía fue nulo y con su omisión, permitió que la intranquilidad de la comunidad educativa fuera creciendo hasta que esta semana los profesores decidieran paralizar sus actividades.

Lo sorprendente es que en otras esferas, la respuesta del Estado es muy diferente a lo que ocurrió acá. Cuando se reciben amenazas de bomba, sin importar el lugar ni los antecedentes previos, se evacua el lugar y se llama a Carabineros para que haga la revisión respectiva. Cuando alguna autoridad recepciona una amenaza de muerte, la Fiscalía y la policía literalmente corren para identificar a los responsables, capturarlos e iniciar el proceso penal correspondiente.

Pero en Puerto Varas, ocho profesores llevan tres años recepcionando amenazas de muerte, han enviado 14 oficios al Ministerio Público y se presentó una querella. Y pese a todas las evidencias acumuladas, no hubo respuesta del ente persecutor, según lo que denunciaron los afectados.

La igualdad ante la ley supone que todas las víctimas, sin importar su condición, merecen atención, sea una autoridad, sea un profesor. Cuesta digerir que por tres años, la Fiscalía haya permanecido indiferente al cúmulo de amenazas. Los docentes y la opinión pública merecen una explicación.

¿Sabias que la mayoría de las viviendas abandonadas u ocupadas ilegalmente están georreferenciadas como factor de riesgo social? Suena técnico, pero significa algo tan simple como alarmante: la presencia de estas viviendas en un barrio aumenta las probabilidades de que se cometan delitos en sus alrededores, transformándose en una amenaza a la seguridad de las personas.

Esta información es levantada por Carabineros y guía sus estrategias de patrullaje. Pero los vecinos que conviven con estas amenazas se preguntan: ¿por qué, si esta información existe, no se actúa a tiempo? ¿Por qué se espera a que ocurran tragedias para intervenir? ¿Por qué, si hay denuncias, miedo y evidencia, la respuesta institucional es tan lenta?

No escribo esto para buscar culpables. Lo que busco es abrir un espacio de reflexión. Porque la frustración de los vecinos es real y absolutamente legítima frente a un problema complejo que se vuelve recurrente: propietarios ausentes e irresponsables, personas en situación de calle, y en los casos más graves, viviendas utilizadas para la comisión de delitos. Todo esto genera un deterioro; incivilidades, microtráfico, violencia y perdida del buen vivir.

Cuando estuve a cargo del orden y la seguridad pública en la región, una de las preocupaciones eran precisamente estas casas: ocupadas ilegalmente, y a veces, convertidas en verdaderos centros de operaciones del narcotráfico. Ahí comprendimos algo clave: ninguna institución podía enfrentar el problema por sí sola. Por eso creamos una mesa jurídico-policial junto a alcaldes que estaban haciendo frente a estas problemáticas, policías y Fiscalía. El resultado fue concreto: desalojos, desarmes y recuperación de espacios.

En Puerto Varas, gracias al coraje del alcalde, se logró desarmar viviendas tomadas por bandas vinculadas al narcotráfico que dominaban sectores con miedo. En Osorno, se abordó un caso de subarriendos abusivos ligados a delitos, con resultados gracias al trabajo coordinado entre Fiscalía y la PDI. En Puerto Montt se recuperó y desarmó una vivienda que no dejaba vivir en paz a sus vecinos por las constantes peleas y consumo de alcohol, y hoy se proyecta en su lugar un mini condominio.

El desafío es claro: con coordinación, convicción y voluntad política se puede actuar. Cuando cada institución del Estado pone a disposición todas sus herramientas en un objetivo común, se pueden terminar con estos focos de inseguridad. Lo central es poder devolver la tranquilidad y el derecho de cada vecino a vivir en paz.

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En mayo vuelve el boxeo al municipal

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