Marcelo Galindo

El juez de garantía de Puerto Montt, Juan Carlos Orellana, decidió no aprobar, por ahora, la suspensión condicional del procedimiento contra la empresa Blumar. La compañía enfrenta cargos por delitos medioambientales tras el hundimiento de 16 balsas jaulas con 875.144 salmones atlánticos, ocurrido el 27 de junio de 2020 en el Estuario Reloncaví, específicamente en su centro de cultivo en isla Caicura.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Mario de la Fuente imputó a Blumar "una conducta negligente" que llevó al colapso de las estructuras. Explicó que el hundimiento de 16 de las 18 jaulas significó la pérdida de unas 2.900 toneladas de peces muertos. Este evento, según la Fiscalía, afectó gravemente los recursos hidrobiológicos, liberando contaminantes como ácido sulfhídrico durante la descomposición, lo que disminuyó el oxígeno, incrementó el carbono orgánico y generó malos olores que persistieron por más de un año y medio.

A raíz de estos hechos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en enero de 2021, detallando que 771.000 peces murieron en el incidente, mientras que 103.000 lograron ser retirados y otros 28.000 fueron recuperados posteriormente.

Salida Alternativa

En la audiencia, el fiscal De la Fuente propuso una salida alternativa: la suspensión condicional del procedimiento por 18 meses, dado que el delito imputado conlleva una pena de simple delito. El acuerdo propuesto incluía tres puntos principales de compensación por parte de Blumar:

1. Apoyo a Pescadores Artesanales: una inversión de $130 millones destinada a financiar un informe de seguimiento del área de manejo, estudios en ocho áreas específicas y mejoras de infraestructura, como pasillos modulares, para las caletas.

2. Inversión Social: apoyo a la escuela rural Mañihueico (Hualaihué), para diseño de infraestructura pedagógica, reacondicionamiento de huerto e invernadero, sistema de compostaje y punto limpio. El fiscal explicó que "los fondos no pueden ser inferiores a la suma de $85 millones".

3. Estudio Ambiental: una inversión no inferior a $120 millones para desarrollar un programa de estudio en la zona del hundimiento, incluyendo un conteo de la biodiversidad local. El fiscal añadió que "la empresa debe informar ante el ente persecutor los avances de estos proyectos".

Revés para la fiscalía

Sin embargo, el magistrado Orellana cuestionó la propuesta, señalando la falta de antecedentes suficientes para tomar una decisión. ¿Qué pasó en estos cuatro años? ¿Hubo denuncia a los tribunales ambientales? ¿Por qué los sectores artesanales afectados no están en calidad de víctima?, preguntó el magistrado.

"No voy aprobar la suspensión condicional del procedimiento, por ahora, porque no tengo todos los antecedentes para resolver, son facultades que tengo, y la Fiscalía deberá acercarse a las caletas con el fin de saber si se vieron afectadas", sostuvo la autoridad judicial, instruyendo a la Fiscalía Regional que, a través de su Unidad de Víctimas y Testigos, realice un catastro de las caletas de pescadores cercanas al lugar del incidente para determinar el impacto.

Como resultado, la audiencia fue reprogramada para el 23 de junio a las 10:00 horas. El vocero del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Francisco Almonacid, explicó: "Lo que se hizo fue que se reprogramó la audiencia y se le pidió primero al Ministerio Público, que a través de la unidad especializada con la que cuenta, que es la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, tome contacto con las asociaciones de pescadores, con las personas que viven en el lugar y todo aquel que efectivamente se haya visto afectado por el hecho ilícito que motiva la causa".

Pablo Ortiz, abogado defensor de Blumar, aseguró que la empresa sí tuvo contacto con las caletas después del incidente. Argumentó que esto se dio porque "la ley chilena exige la recaptura, hubo escape y muerte, la legislación exige un 10% de captura y allí nos contactamos con las caletas. La compañía logró el 27% de recuperación".

Pescadores desaparecidos

Blumar es la misma empresa pesquera que en su área de pesca está siendo investigada por la posible colisión del barco pesquero "Cobra" (Blumar) con la embarcación Bruma, que naufragó y que terminó hundiéndose con 7 tripulantes, pescadores cuyos cuerpos no han podido ser ubicados, frente a las costas de la Región del Biobio. El caso ha generado diversas aristas, incluida la muerte del vigía del barco Cobra y una querella que presentó el Gobierno, para que se aclare lo que pudo haber ocurrido. A ello se suma la suspensión de la búsqueda de los tripulantes, decretada esta semana.

$335 millones busca invertir en diferentes incitativas sociales y de estudios científicos la pesquera como parte de un acuerdo.

La empresa Blumar señaló que, a raíz de la contingencia ocurrida hace cinco años durante la pandemia, realizó un monitoreo ambiental "sin precedentes". En colaboración con más de 30 profesionales externos, se tomaron y analizaron sobre 200 mil muestras como parte de un riguroso programa de mediciones. Según Blumar, esto permitió a los expertos independientes concluir que el hundimiento no provocó variaciones ambientales significativas. Por otro lado, Rodrigo Tejos, abogado del Consejo de Defensa del Estado, indicó que se solicitó monitorear la zona afectada -tanto la columna de agua como el fondo marino- y realizar un seguimiento con informes trimestrales a cargo de un tercero independiente.

Cuatro docentes y el delegado municipal de Pargua resultaron lesionados luego que el minibús en que viajaban colisionara por alcance con un camión. El grupo se dirigía a Pargua, en Calbuco. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.053 de la Ruta 5, en la pista en dirección norte a sur.

Según información preliminar, el minibús, de la empresa 'Buses Vargas', no habría disminuido la velocidad al ingresar a la zona del peaje troncal de Calbuco. Los cinco lesionados sufrieron diversas contusiones y fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Puerto Montt para evaluar su estado de salud.

En Puerto Montt, la Clínica Móvil realizó 20 mamografías gratuitas a vecinas residentes de Villa Antihual y diversos sectores aledaños, como parte de una iniciativa de prevención sanitaria. Este operativo de salud, efectuado en el frontis de la Parroquia Sor Teresita de los Andes, contó con la respuesta comunitaria, posible gracias a la fundamental coordinación con la activa junta de vecinos. La matrona Natalia Núñez, coordinadora, celebró la alta participación. Esta acción se enmarca en el Plan Cáncer municipal, estrategia que busca acercar exámenes preventivos a la comunidad para la detección temprana vital.