El ex alcalde de Puerto Montt enfrenta actualmente cargos por enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y fraude al Fisco, delitos cometidos en grado reiterado y al que se le atribuye responsabilidad en calidad de autor. La fiscalía le imputa el haber autorizado entre 2016 y 2022 actos administrativos que permitieron gastos y la ejecución de contratos de prestación de servicios con la aprobación de Albán Mancilla, quien visó los referidos decretos de pago. Además se le atribuye un enriquecimiento injustificado por más de $214 millones.

Se desempeñó tanto como administrador municipal de Puerto Montt desde marzo del 2015 hasta marzo del 2021, y posteriormente como Director de Concesiones del municipio desde el 1 de enero del año 2023 hasta su cese del puesto. Actualmente enfrenta cargos por el delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 del Código Penal y se le atribuye participación como autor. Asimismo, se le imputa lavado activos tipificado en el artículo 27 de la ley 19.913 en calidad de autor del delito en grado de consumado.

Encargado zonal de la empresa Siglo Verde y Cosemar. Enfrenta un cargo por soborno. Según la Fiscalía consintió en dar un beneficio económico solicitado por el imputado Carlos Soto Ojeda, en razón del cargo público y posición que ostentaba al interior de la Municipalidad. El día 25 de agosto de 2023 cobró un cheque por caja de su cuenta personal en el Banco de Chile por un millón de pesos que luego entregó a Carlos Soto por mano en su oficina municipal. Estos dineros fueron usados por Gervoy Paredes para pagar al abogado Isidro Solís por su asesoría legal.

Desde 2013 desempeñó funciones como coordinadora de programas PIE y PME; y desde 2016 como coordinadora de programas de fondos SEP del DAEM de Puerto Montt. Enfrenta cargos por fraude al Fisco (en grado reiterado) en relación a programas de salud y seguimiento de asistencia; además de uso malicioso de instrumento público. Fue quien validó que las personas contratadas desempeñaron sus tareas y funciones de forma satisfactoria de acuerdo a lo estipulado en respectivos contratos a honorarios, a sabiendas no era efectivo.

Ejerció como asesor del alcalde Gervoy Paredes. Enfrenta cargos por fraude al Fisco (artículo 239 del Código Penal) en calidad de autor, en relación al programa de salud y al programa de seguimiento y control de asistencia, en ambos casos en carácter de reiterado y en grado de consumado. Según el fiscal, abusando de su posición de confianza intercedió ante el alcalde Gervoy Paredes solicitándole ayuda económica para usarla en el pago de gastos médicos de su madre y secretaria de confianza del alcalde, quien padecía una grave enfermedad.

Se desempeñó desde 2016 como jefe de la Unidad de Inspección y Control de Subvenciones del Daem. Luego, como su jefe de Administración y Finanzas. Enfrenta cargos por fraude al Fisco en relación a programas de salud y seguimiento de asistencia. Además se le imputa el delito de uso malicioso de instrumento público. Según el fiscal usó documentación mendaz en las rendiciones, en ocasiones falsificando la firma en los documentos que respaldaban los egresos, contratos a honorarios o informe de ejecución de trabajos o talleres.

Tecnólogo médico. Ejerció desde 2016 funciones diversas en el Daem de Puerto Montt como profesional ejecutor, monitor y supervisor de programas de salud, así como haber gestionado la contratación a honorarios de profesionales con fondos SEP. Hoy enfrenta cargos por delitos de fraude al Fisco, en grado de reiterado, por su gestión en estos programas de salud y la contratación de personas para supuestos servicios que no se llevaron a cabo, además de simular su correcta ejecución para beneficio económico personal de los funcionarios imputados.

Quien ejerció como Director (s) del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt entre 2016 y 2022, enfrenta cargos por fraude al Fisco al haber omitido sus deberes funcionarios de control de los recursos públicos y defraudar por la vía de permitir y avalar el reclutamiento de profesionales y aprobar los decretos de pago para que prestaran servicios al Daem -con cargo a los fondos SEP- "contrataciones innecesarias y simuladas que tenían por objeto aparentar el correcto uso de recursos públicos" en programas de salud y control de asistencia, dijo el fiscal.